Sin Estado

El 6 de enero de 2021 unas 10,000 personas marcharon en Washington hacia el Capitolio, y unas 800 lograron irrumpir en el edificio. Hubo cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos. Desde ese entonces 950 personas han sido arrestadas y 192 han recibido penas de cárcel. A Richard Barnett, quien se fotografió sentado en el escritorio del despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes –Nancy Pelosi–, el jurado federal de Washington podría condenar –a este hombre de 62 años– a una pena máxima de 20 años de cárcel. 

Hasta el día de hoy, no existe ninguna persona acusada en Perú por el bloqueo de carreteras, ninguna inteligencia infiltrada que identifique a los cabecillas. Pero sí hay una enorme sospecha de que el ataque contra la patria viene siendo sostenido, económica y logísticamente, por intereses extranjeros en alianza con narcotraficantes y huestes terroristas. 

Estamos en guerra, y al momento que escribo (viernes 27/01 ) aún hay 88 puntos de la red vial interrumpidos en ocho regiones; hemos perdido casi todo el sur del Perú. Es desesperante ver la evidente falta de decisión del Gobierno para defender a los peruanos ante la insurrección. Nos enfrentamos en inferioridad numérica y logística a las huestes enemigas que impunemente han lesionado a más de 600 efectivos policiales. Valientes policías que han visto impávidos cómo el ejército no los defiende, y que sus superiores los mandan desarmados y sin ninguna inteligencia, sabiendo que en muchos casos van a ser superados numéricamente y expuestos a un ataque despiadado. Mientras una turba nos distrae en el centro de Lima van cayendo departamentos enteros en la anarquía y el caos. En Madre de Dios ni siquiera tienen agua para tomar, y en Ica la interrupción del tránsito paraliza todo el sur peruano, además de perderse toda la cosecha de uvas. 

Al Perú le han declarado tácitamente la guerra; internamente y externamente. Nuestra defensa es paupérrima. La primera batalla que perdemos es la batalla por la verdad, verdad que se transgrede con la más absoluta impunidad. Resulta que lo que vemos diariamente es a una policía desarmada, atacada despiadadamente a la que, sin embargo, la izquierda nacional y la progresía internacional acusan de tener una respuesta desproporcionada. Se reclaman muertes por heridas de balas cuando la policía solo se defiende ¡con un escudo de plástico y una vara!

Si hay muertes es por la violencia desatada y por los azuzadores de ella. La izquierda tiene las manos manchadas de sangre. Son cómplices también la mayoría de reporteros bobos de los principales canales de televisión, que siguen llamando “manifestantes” o “protestantes” a los que no son más que delincuentes y vándalos. Solo entrevistan a los insurrectos y propagan sus odios y mentiras.

Asimismo, los presidentes de Bolivia, México y Colombia afirman que a Castillo se le ha dado un golpe de Estado y que se encuentra secuestrado. Ante esas afirmaciones, la Cancillería ha mostrado una falta de reflejos abominable. ¿Qué hacía Harold Forsyth esta semana sentado en la OEA? ¿Sigue trabajando para el gobierno? Debemos romper relaciones con estos países que mienten y engañan sobre lo que realmente sucede en el Perú. Tengamos un poco de dignidad. Sus gobiernos se han declarado enemigos del Perú. Dina Boluarte se encuentra presa en su propia narrativa. No deslinda con la propuesta de una asamblea constituyente, simplemente no considera que es el momento oportuno.

La democracia puede arrastrar a una sociedad a tomar decisiones por mayoría que pueden ser suicidios en el mediano plazo. Aplaudidas por su populismo o ignorancia pueden reflejar un estado de ánimo pasajero, intereses de grupos de poder o de grupos informales. La elección de Pedro Castillo es un ejemplo de ello. La Constitución es el marco que fija los derechos de los ciudadanos, sin importar si el Gobierno de turno es de izquierda o de derecha; es el cumplimiento de la ley la que nos hace predecibles y crea confianza para el desarrollo. Esta constitución obliga al presidente a la defensa territorial y a mantener el orden público. Mandatos inequívocos cuya omisión ha puesto al Perú bajo la amenaza de la anarquía y la guerra civil.

¿Acaso el Estado no tiene el monopolio de la fuerza? ¿Tendrán las empresas que armar milicias de seguridad? ¿Tendremos los civiles que defender nuestra propiedad a balazos como lo ha hecho el gobernador de Madre de Dios?