Sectorización para atenuar alza de precios de los combustibles

Con mucho entusiasmo pero muy mal informado, Pedro Castillo ha anunciado las medidas que ha tomado el gobierno para atenuar el impacto del incremento del precio de los combustibles, que en su entender aplacarían los ánimos ciudadanos mortificados por el tema.

La decisión gubernamental ha sido refrendada mediante norma legal publicada en el diario oficial el lunes pasado (DS-002-2022-EM), y consiste en incluir en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), a la gasolina de 84 y 90 octanos, el gasohol de 84 octanos, el diésel 2 (D2), el gas licuado de petróleo a granel (GLPG), además de aumentar el subsidio para adquirir GLP envasado (GLPE) –es decir, en balones– a los beneficiarios del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Muy mal sectorizados los destinatarios del beneficio, no habrá el rédito político que esperan en el gobierno. En cuanto a gasolinas, las de 84 y 90 octanos, solo la utilizan cuatro regiones: Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Sobre el gasohol de 84 octanos, representa solamente el 6.7% del total de gasoholes consumidos a nivel nacional. Si se hubiese pensado en grandes mayorías tendría que haberse dirigido a las gasolinas de 90 y 95 octanos, que representan el 89% de la demanda. 

El D2 incluido en el FEPC, se usa en tres regiones del país: Loreto, San Martín y Ucayali. Complementan al ya considerado D2 de 50 partes por millón de azufre, mezclado con biodiésel al 5% de volumen (D2B5S50). Ayuda poco o nada a una medida que se viene aplicando desde marzo del año pasado sin éxito alguno; la prueba está en el paro de transportistas de carga y pasajeros interprovinciales. 

En cuanto al manejo del GLP, el Minem ha ido por dos vías, el GLPG, a través del “fondo” y el GLPE para los sectores socioeconómicos D y E, mediante el FISE. 

Sobre el GLPG, lo dice explícitamente el DS mencionado, la razón es que se usa intensivamente en el sector vehicular. Por cada 1.0 sol/litro que se subsidie, si no se quisiese afectar a la caja fiscal, solo podría utilizarse S/ 1.43 millones por mes, que es el excedente de IGV por la subida de precios de este producto. 

En cuanto a los usuarios de GLPE, se les ha incrementado el financiamiento a 25 soles con fondos FISE, que significarán S/ 4.3 millones mensuales sobre el patrimonio de este fondo (S/ 1,288 millones), porque la recaudación anual ya tiene otros destinos en su totalidad.

El Ministerio de Economía y Finanzas, que siempre está atento al manejo del FEPC, porque al final termina en aportes de la caja fiscal, ni se ha inmutado por la medida, pues el destino de los que se beneficiarán no significa mayor esfuerzo fiscal. Se pueden mitigar los costos con el excedente de recaudación que se obtiene por el alza, por “impuesto al rodaje” en gasoholes, y del IGV en gasoholes y D2B5S50. 

Siendo posible hacer lo mismo con mayor impacto positivo al consumidor disminuyendo el “impuesto selectivo al consumo” (ISC), han preferido no ir por esta vía, perciben que sería muy difícil luego incrementarlo cuando sea necesario, el ruido político podría impedirlo.

Finalmente, hay un punto donde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ha mostrado su malestar, y se refiere a utilizar nuevamente el concepto de paridad de exportación en el GLP, lo cual tiene el direccionamiento de señalar que el precio de este combustible puesto en Callao debería ser menor en S/ 4.20 por balón de 10 Kg. Tema para el debate y que comentaré en otra columna.