Rescatar al Parlamento

La baja popularidad del Congreso no es una novedad a la luz de una constante histórica, una que nos indica que el 15% de aprobación es un promedio ponderado de las últimas décadas. El Parlamento abstrae la imagen de los partidos y de toda la representación política; por tanto, la baja aprobación recoge el rechazo a la política en general. En el caso particular, la imagen del actual Congreso cae por la inercia histórica, por la proyección del congresista como un gestor de intereses y porque la negativa de vacar al presidente pega en una creciente mayoría que rechaza al gobernante.

¿Qué hacer? En un régimen semipresidencial, signado por un calendario electoral rígido (cada cinco años se cambia al gobernante y al Parlamento), el agotamiento llama al colapso y las crisis se resuelven a través de la ruptura y no de la renovación. El presidente puede oxigenar a su gobierno cambiando de gabinetes y reiniciando su propia historia por giros de timón. El Parlamento no puede oxigenarse porque está impedido de recomponer su correlación de fuerzas a través de la renovación por tercios o mitades. En lo particular, la renovación es peligrosa en un clima de populismo presidencial o polarización extrema, en tanto se corre el riesgo de dar mayor poder a un gobernante radical. Una recomposición podría facilitar el camino de un Congreso que, abusando de su potestad constituyente derivada, modifique el régimen económico o trastoque el modelo de propiedad.

Tampoco es un mecanismo novedoso. Hasta la Constitución de 1920 las cámaras se renovaban, pero las voces agrias y críticas contra el Parlamento no se acallaban. González Prada fue uno de los más ácidos: “Hicieron un papel tan degradante y servil, que muchos (…) merecieron figurar en la servidumbre de Palacio (…) legisladores (que) suelen amanecer oposicionistas y anochecer ministeriales. Hasta en las minorías de apariencia más homogénea conviene señalar a los hombres-convicción, a los que sostienen una idea, para distinguirlos de los hombres-polea, de los que chirrían por no estar lubricados con el aceite de la caja fiscal”. 

La revocatoria congresal es la otra opción, solo que no se contempla en el ordenamiento peruano. Un congresista revocado da paso a su accesitario, no hay un cambio en la correlación de fuerzas, pero para constituirse sería necesario reformular el sistema electoral quintuplicando el número de distritos electorales sin aumentar el número de congresistas y abrazando el sistema uninominal, donde el que gana en un distrito se lleva todo (lo que llamamos “modelo mayoritario”). La heterogénea diversidad poblacional podría justificarlo. Hay distritos políticos con mayor población que dos o más regiones juntas. San Juan de Lurigancho tiene más población que Piura y Tumbes, qué decir del Santa. Probablemente sería una opción que permita al elector seguir y controlar a su representante y, de ser el caso, revocarlo.

¿Rediseñar el modo de elección es rescatar al Parlamento? Quizás sí, por el recambio de piezas y el reseteo de las expectativas; pero hay un tema mayor que recojo en mi tesis sobre la reforma del sistema de partidos: modelar la imagen de los partidos como núcleos de producción de ideas y doctrinas, con filtros para que no sean cuevas sino instituciones representadas por dirigencias decentes y moderadas. La reforma legal de los partidos no ha rendido frutos porque era inviable, porque no comulgó con los nuevos sistemas de elección y porque de lo que se trata es de llegar a un esquema de representación de tres o cuatro partidos institucionalizados, persistentes en el tiempo. Inscribirlos debe ser mucho más difícil que desaparecerlos. La valla electoral y la sanción trágica no ayudaron, sino a consolidar el viejo modelo de “partidos combi”, pasajeros, electorales.

Desde luego no toda la clave reside allí. Hay mucho más, pero no alcanzan las líneas.

P.S Una resolución judicial no se aplica a un proceso parlamentario en el añadido subjetivo y discutible de la amenaza de un derecho. Detener un proceso legislativo es impedir por un amparo que una autógrafa sea ley, se le concede al amparo un efecto general. Es, de por sí, una vulneración de la independencia de poderes. ¡Habrase visto a un congresista impugnando para otro la elaboración de una sentencia!