Reforma de la Educación: ¿Cuál es el camino?

Se habla y escribe mucho sobre la importancia de la educación para el bienestar y desarrollo humano, pero suelen ser apelaciones emotivas, con gran impacto inicial y que con el paso del tiempo pierden efectividad. No es un fenómeno reciente, sino que es consustancial al ser humano. Si nos remitimos al esplendor griego, maestros y filósofos eran objeto de burlas, ironías y críticas que en el conocido caso de Sócrates, lo llevaron ó a la sentencia capital.

Educarse nunca ha sido fácil ni automática consecuencia de un entorno favorable. Hay quienes teniendo todo lo material a su favor fueron seducidos por el confort (que otros le daban) y el mínimo esfuerzo. Otros, en medio de grandes carencias materiales han sabido abrirse paso y, con una actitud inquebrantable, cambiaron su historia y la de su familia.

Una frase atribuida al gran sabio griego Aristóteles dice: «Las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces». No hay buenos resultados si no se despliega el esfuerzo requerido y necesario. Una responsabilidad individual que podría extenderse hasta la esfera familiar, pero no más allá, surge tan nítida como objetiva.

A nivel social el tema es otro. El individuo y la familia deben tener un entorno societal mínimamente propicio a la educación. La sociedad civil debe ofrecer la mayor diversidad de alternativas, mientras el Estado acompaña positivamente el proceso (sin interferencias ni burocratización) y actúa en “modo subsidiariedad” allí donde la sociedad civil –sea cual fuere la razón– no alcance a cubrir requerimientos y necesidades.

En los países que han tenido relativo éxito en el tema educativo han sabido actuar en conjunto los individuos, las familias, las comunidades, la sociedad civil y las diversas instancias del Estado. En nuestra América Hispana, en cambio, primaron el voluntarismo populista y el estatismo totalizante. En el Perú los efectos en el último medio siglo han sido devastadores. Requerimos una reforma tan radical como desafiante frente al estatismo mafioso que se resiste a todo cambio. Aquí reiteramos y desarrollamos ideas expuestas en anteriores artículos.

Nuestra propuesta incluye que el Estado continúe prestando servicios educativos bajo el principio de subsidiariedad, pero iniciando un profundo proceso de autonomización municipal. De este modo, la escuela primaria debe ser un ente local. A quienes aducen que no podemos dejar en manos de autoridades edilicias incapaces la educación primaria de nuestros hijos, les recordamos que ustedes eligieron a esos incapaces y que deben aprender a elegir mejor a sus autoridades. La comunidad local decidirá la forma societaria de cada escuela primaria: empresa paramunicipal, cooperativa, privada, parroquial, mixta, etc. Los ciudadanos son los verdaderos propietarios y a ellos corresponde tomar las grandes decisiones.

La escuela secundaria excede el ámbito local. Por ello, en este caso se postula un proceso de privatización que ponga a consideración de los concernidos la opción de convertirse en propietarios bajo accionariado difundido de los colegios en que trabajan (empleados y docentes) o donde estudien sus hijos (padres de familia). La alternativa sería que acuerden vender su participación a inversionistas que prefieran un modelo de negocios convencional. Así, el Estado devuelve esta actividad a su legítimo detentor, la sociedad civil. Debido a que estos establecimientos se convertirán necesariamente en una gestión no-estatal, los bonos de compensación (vouchers educativos) serían entregados a las familias con dificultades económicas, además de becas estatales, por estricto mérito, a estudiantes con los mejores rendimientos. Por su lado, estas nuevas instituciones educativas tendrán todos los atributos para gestionar apoyo externo en forma de becas privadas, donaciones y contribuciones de exalumnos.

Con los niveles técnico y superior se efectuará también un proceso análogo en cuya virtud la gestión de escuelas técnicas y universidades será entregada a fundaciones de la sociedad civil. Debemos tener en cuenta que los exámenes de admisión de las mejores universidades y escuelas técnicas estatales siempre han sido, en la práctica, rigurosos procedimientos para el otorgamiento de becas. Se continuará bajo esa lógica, cubriendo el Estado un gran porcentaje de los costos académicos de esos estudiantes que superan la barrera de tal exigencia. También como en el caso de las escuelas secundarias, las instituciones de nivel técnico y superior tendrán la posibilidad de convocar apoyo externo, además de efectuar convenios con otras entidades, integrar redes académicas, impulsar investigaciones científicas y tecnológicas, para sostener altos estándares de calidad. Se anulará esa trama burocrática, falaz e ineficaz, por la que se otorga títulos a nombre de la Nación. Esa ficción será eliminada de raíz, y cada institución deberá valerse por sí misma, defendiendo su prestigio con la calidad de su trabajo abierto y expuesto a la comunidad académica.

No tengamos temor a que ciudadanos, tanto individuos como organizados, tomen decisiones en libertad y desplieguen acciones humanas propias en referencia a sus preocupaciones más importantes. Que el Estado acompañe esas acciones y procesos respetando a sus ciudadanos tratándolos como tales, no como infantes desvalidos a quienes deben arropar. Ese es el camino.