¿Quo Vadis Perú 2023?

Ante los excelentes resultados del programa económico iniciado en los noventa, como lo mostraban sin duda alguna los indicadores socioeconómicos del periodo 1991-2010, y en conocimiento de las ideas y esquemas totalmente opuestos que difundían ciertos candidatos que aspiraban ser gobierno el quinquenio 2011-2016, consideré oportuno y necesario que con ocasión del IV Foro Internacional de Economía Quo Vadis Perú (A dónde va el Perú) (FIE-QVP), que anualmente organizaba y dirigía en mi condición de Director Ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima y que en esa oportunidad titulamos “Perú país del primer mundo: ¿Cómo, cuándo?”, presentar como parte de mi conferencia magistral de apertura “Perú en el primer mundo: cifras y políticas” tres escenarios de tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para precisar en cada caso, tomando como año base el 2009, cuántos años tomaría alcanzar dicha meta en términos del PIB per cápita y que nivel de pobreza conllevaría, excelentes indicadores éstos para mostrar el grado de desarrollo de un país. El primer escenario contemplaba una tasa de crecimiento del PIB de 8.4%, alta pero menor a la tasa promedio alcanzada en el periodo 2006-2008 (8.6%), con base en la cual se lograba en 12 años ubicar al país en el grupo del primer mundo, es decir el 2021, con un nivel de pobreza de 4%; para el segundo escenario con la tasa del 6% se alcanzaba el objetivo en 17 años, el 2026; y, finalmente, para el tercer escenario se utilizó la tasa de crecimiento promedio del periodo 1950-2008, 3.8%, que permitía llegar al umbral de una economía del primer mundo en 27 años, el 2036.

Lamentablemente a partir del 2011 que ingresó un nuevo gobierno con pésima gestión pública a nivel nacional, regional y local, que incrementó la regulación de las actividades de los agentes económicos, desestimuló la inversión privada e ignoró además las reformas estructurales pendientes, entre otros aspectos negativos, la economía continuó creciendo pero a ritmo decreciente, disminuyendo de manera significativa el 2014 al registrar apenas 2.4% y sin visos de recuperarse como efectivamente se dio. Ante esa realidad y con la intención de elaborar un programa económico para el periodo 2016-2021 en que ingresaría otro gobierno, para efectos del X FIE-QVP que se llevó en abril del 2016 se realizó un ejercicio similar de escenarios de crecimiento con resultados al 2021 para tres tasas más acordes con la coyuntura y perspectivas: 7, 5 y 3%, que presenté en mi ponencia de apertura del evento y que sirvió de base para elaborar el libro “Perú, Programa Económico 2016-2021, el desafío es crecer”, editado en enero del 2016 y puesto a consideración de los que aspiraban ser electos pues además se precisaba qué hacer para crecer a ritmo alto de manera sostenida, como efectivamente se había logrado la década anterior. Con la tasa del 7% en el periodo 2014-2021 el PIB per cápita al 2021 hubiese alcanzado los dos tercios del nivel base de un país del primer mundo y logrado un nivel de pobreza del 6%, mientras que con la tasa del 5 y 3% se quedaría bastante más rezagado y con niveles de pobreza de 15.4 y 24.8%, respectivamente. Desafortunadamente al no ejecutarse los ajustes indispensables y, peor aún, profundizar medidas contra la democracia y economía social de mercado, buscando además cambiar la Constitución, más los lamentables problemas políticos que todos conocemos y que determinó el “récord” de tener seis presidentes y tres congresos en un periodo de poco más de seis años, el ritmo de crecimiento ha sido anémico y no alcanzará en promedio para el periodo 2014-2023 ni siquiera el 3%, con un nivel de pobreza que debe bordear actualmente el 28% con tendencia al alza. El detalle de las conferencias mencionadas puede encontrarse en mi libro “Política económica y crecimiento”, editado el 2017 como publicación exclusiva del diario Gestión y producciones Cantabria del Grupo El Comercio.

Los resultados diametralmente opuestos logrados en la década del 2000, calificado como el “milagro peruano”, y la del 2014-2023, que llamé la “década perdida” en mi último artículo en este Portal, permiten claramente ver qué ruta es la favorable para el país, pues como dijo el famoso economista Milton Friedman, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1976, las políticas se evalúan por los resultados, no por las intenciones. Como tal, en el escenario posible que el actual gobierno no culmine su periodo el 2026 si es que el Congreso aprueba alguna de las fórmulas presentadas para reformar la Constitución a fin de adelantar las elecciones generales para este año 2023 o para el 2024, es que cabe preguntarse Quo Vadis Perú 2023, a dónde va el Perú el 2023, no con la intención de estimar ritmos de crecimiento pues con la enorme incertidumbre y desconfianza existente se torna un ejercicio quizás innecesario en lo inmediato, pero sí para intentar plantear cómo enfrentar la coyuntura actual y especialmente qué lineamientos básicos debe contener un programa económico que permita desde el momento que se incorpore un nuevo gobierno y Congreso retomar el ritmo de crecimiento alto y sostenido que requiere el país para empezar a resolver problemas estructurales que quedaron pendientes y que se están agudizando, como el subempleo, la informalidad y consecuente pobreza. La respuesta al QVP debe cubrir en consecuencia dos periodos distintos y dirigida a actores diferentes; así, el que va desde ahora hasta la fecha que se acuerde para las próximas elecciones generales y transferencia del poder a las nuevas autoridades, que incluso puede ser el 2026 si no se concreta la reforma constitucional, donde los actores principales son el Ejecutivo y el Congreso pues les compete hacer lo necesario para recobrar la paz y tranquilidad y, en ese ambiente, realizar lo señalado; y, el correspondiente al quinquenio 2024(6)-2029(31), donde los actores son aquellos que aspiran ser gobierno y congresistas, a los que por tanto les corresponde elaborar y presentar al país los programas que planean impulsar e implementar.

El escenario presente es muy complejo y difícil de atender y resolver pues se está llegando a límites peligrosos en lo social y político que a su vez agudiza la situación económica, que cada vez se deteriora más y puede terminar si no en recesión en un estancamiento, con efectos altamente negativos en términos de empleo e ingresos y consecuentemente en mayor pobreza, lo cual puede exacerbar la situación y complicar más aún el panorama y su tendencia. En este contexto el Ejecutivo y el Congreso deben en lo que les compete concentrar su acción en temas prioritarios que permitan detener la profunda inestabilidad social y política, que en lo sustantivo descansa en restablecer el respeto irrestricto a las tres instituciones básicas de cualquier democracia y economía social de mercado, pues están siendo violentadas, como son la libertad de los agentes económicos para actuar e interactuar, el imperio de la ley y la propiedad privada, lo cual tienen que darlo a conocer reiterada y permanentemente a la población y adelantar que en esa dirección se hará uso estricto de las normas e instrumentos vigentes, que puede implicar como ya en cierta medida se ha iniciado la acción conjunta de la policía nacional y las fuerzas armadas. El sólo hecho de anunciarlo y cabalmente ejecutarlo con firmeza y convicción, con presencia e intervención simultánea y efectiva de la fiscalía y el poder judicial para aplicar las sanciones que correspondan, permitirá frenar la ola insurreccional y que la ciudadanía en general y los agentes económicos en particular normalicen sus actividades. Si a lo señalado, que es lo fundamental, se añade por parte del Ejecutivo reparar o corregir los despropósitos efectuados en la administración pública por el gobierno anterior y realizar un manejo eficiente de las finanzas públicas a más de una actitud proactiva en favor de la inversión pública y privada, más elecciones transparentes y sujetas estrictamente a las normas electorales, mientras por parte del Congreso realizar las reformas políticas y electorales a la Constitución o ajustar o modificar las leyes para al menos coadyuvar a tener candidatos idóneos para integrar los poderes del estado, se estaría logrando una transición eficaz y entorno adecuada para el inicio de un nuevo gobierno. No debe adicionarse a lo señalado ninguna otra exigencia tanto al Ejecutivo como al Congreso, como algunos organismos y personas del mundo político, empresarial y académico precisan, no es una lista de lavandería lo que se requiere atiendan estos poderes del estado en momentos tan complejos, críticos y en un periodo tan corto. 

Si bien es indispensable en lo inmediato resolver la actual situación de la mejor manera posible y al mínimo costo social y económico, ello no debe ser óbice para mirar hacia adelante y determinar qué rumbo queremos tome el país con visión de mediano-largo plazo. En esa dirección lo primero que corresponde precisar es la posición respecto a la Constitución del 93; así, se está a favor de ella como la ley de leyes, el contrato social al que hay que regirnos, lo que no es óbice para efectuar enmiendas siguiendo las pautas que establece la misma Carta Magna o, por el contrario, se favorece la elaboración de otra Constitución fuera del marco constitucional recurriendo a una Asamblea Constituyente. Es fundamental exigirlo a las organizaciones políticas y a los candidatos para conocer cabalmente por quién optar. No sobra decir que respaldo totalmente la Constitución vigente, que coadyuvé a redactar en mi condición de asesor económico principal del presidente del Congreso Constituyente Democrático, pues ella incorpora plenamente el programa económico y reformas estructurales iniciadas el bienio 1991-1992 en que me tocó ser el asesor principal y jefe de asesores del Ministro de Economía y Finanzas, Carta Magna con base en la cual se ha logrado para el país cambios socioeconómicos profundos en la dirección correcta como lo muestran las cifras por todos conocidas, que llevaron a calificarla como el “milagro peruano”, sin dejar por cierto de reconocer que resta resolver problemas críticos, como comentaremos luego. 

En cuanto al tema de elaborar un programa de gobierno para el mediano-largo plazo, lo desarrollado en el libro antes mencionado, “Perú, Programa Económico 2016-2021” publicado el 2016, con ligeros ajustes tiene plena vigencia pues salvo la relevancia que empezó a darse al aspecto de la productividad que calificamos como prioritario, que determinó la elaboración de un plan nacional que fue publicado y luego ajustado pero con mínima ejecución, lo central del programa no tuvo mayor eco quizás por los acontecimientos políticos señalados o por discrepancia con lo expuesto en él. Posteriormente, el 2017, publiqué el libro “Política económica y crecimiento” que desarrolla con mucho detalle y cifras dicho programa económico, el que con mayor razón consideramos indispensable ejecutar frente al panorama y perspectivas que enfrentamos. Este descansa en dos ejes centrales, cada uno con dos temas claves, que en conjunto se tornan necesarios y suficientes para crecer y desarrollarnos a tasa alta y sostenida; el primer eje es consolidar los cimientos del crecimiento y el segundo potenciar el motor del crecimiento. 

Para consolidar los cimientos del crecimiento es necesario fortalecer las instituciones y preservar los fundamentos macroeconómicos. En el primer caso se trata de velar por el respeto irrestricto a la libertad de los agentes económicos para actuar e interactuar, al imperio de la ley, la estabilidad jurídica, la propiedad privada, los derechos de autor y la universalidad, transparencia y oportunidad de la información, lo cual conlleva en lo sustantivo realizar la reforma integral del estado en sus tres poderes -ejecutivo, judicial y legislativo- que puede implicar enmiendas a la Constitución pero que en lo fundamental descansa en eliminar, ajustar o modificar las múltiples normas legales, administrativas y operativas que regulan su accionar y el de terceros que están bajo su ámbito de injerencia, para que fluyan las actividades con eficiencia y eficacia sin contratiempo alguno ocasionado por los organismos públicos, aquellos que precisamente han “sobre regulado”, pero a la vez se apliquen las sanciones que correspondan cuando es incumplida la normatividad imperante y violentadas las instituciones. 

El cuanto al tema relativo a los fundamentos macroeconómicos, que garantizan la estabilidad económica y dan la confianza y certidumbre necesaria para programar las distintas acciones y decisiones de los diferentes agentes económicos, en concreto se refiere a mantener la política monetaria, cambiaria, tributaria y fiscal, en particular las dos últimas para asegurar el retorno a niveles apropiados de deuda pública y déficit fiscal o, mejor aún, volver a generar superávit que conlleve a reconstruir un fondo de contingencia, hoy agotado o de nivel insuficiente. Se torna impostergable elaborar y ejecutar una reforma tributaria integral que además de allegar los recursos fiscales que necesita el Ejecutivo coadyuve a reducir la informalidad laboral y empresarial, en especial cuando se conoce que alrededor del 98% del universo empresarial está conformado por micro y pequeñas empresas, de las cuales el 90% es informal; por otro lado, en cuanto a la política fiscal, efectuar los ajustes que aseguren la presencia de las tres E: eficiencia, eficacia y equidad en el gasto público, más aún cuando se conoce que es un mecanismo potente para mejorar la distribución de oportunidades al ir al encuentro de los requerimientos de los más necesitados, en particular a través de hacer realidad los servicios básicos, infraestructura, educación y salud que necesitan. No sobra decir que es precisamente la carencia de todo esto lo que genera la insatisfacción e inconformidad de estas poblaciones, de la cual se aprovechan los enemigos de la democracia y economía social de mercado.

En lo pertinente al eje del motor del crecimiento son igualmente dos los aspectos centrales, la inversión privada nacional y extranjera y la productividad. En cuanto al primero, que explica en promedio el 80% de la inversión total, del empleo y de los ingresos fiscales, nos referimos tanto a la reinversión en empresas en marcha para mejorarlas o ampliar su capacidad instalada, como a nuevos proyectos sean estos en producción de bienes y servicios o en infraestructura, los que para retomar su dinámica de incremento anual necesitan se elimine la incertidumbre y desconfianza vigente, se mejore el ambiente de negocios y atenúe y eventualmente elimine los conflictos sociales, lo que en gran medida se puede alcanzar fortaleciendo en especial las instituciones antes precisadas, manteniendo la estabilidad macroeconómica y orientando la inversión pública a atender los requerimientos de las zonas menos favorecidas. La inversión privada puede desde el inicio ir creando oportunidades de empleo productivo en favor de los que se incorporan al mercado de trabajo y de aquellos que están en el ámbito de los subempleados, coadyuvando así a la reducción progresiva de la informalidad laboral y empresarial. 

Finalmente está el tema de la productividad, factor que a mediano-largo plazo determina el ritmo y la sostenibilidad del crecimiento económico, por lo que es determinante incrementarla permanentemente y lograr así subir la competitividad de los agentes económicos tanto en el ámbito nacional como internacional, pari passu con igualmente coadyuvar a reducir la informalidad laboral y empresarial. Implica ejecutar las tan reclamadas reformas estructurales de segunda generación, como la de la salud, educación, laboral y de pensiones, así como la de innovación, ciencia y tecnología, por mencionar las indispensables, cuyas serias deficiencias y atrasos fueron desnudados por el Covid-19 y profundizados por el pésimo manejo de los últimos gobiernos y congresos.

Al menos los dos ejes centrales y los cuatro aspectos sustantivos brevemente descritos deben formar parte de los programas económicos de los partidos o agrupaciones políticas que aspiran ser el próximo gobierno y conformar el nuevo Parlamento y por ende es necesario conocer directamente de los candidatos los detalles de los mismos. La vivencia reciente del país exige dar la máxima importancia a las próximas elecciones para elegir a los más calificados, transparentes, con trayectoria y reputación impecable, por tanto no seamos pasivos y demandemos conocer públicamente, en vivo y en directo, lo que piensan respecto de estos temas claves los que aspiran dirigir los destinos de nuestro país. Por cierto todos, de preferencia actuando en conjunto, debemos ser sujetos activos para aportar ideas y propuestas y coadyuvar así a tener un mejor nuevo gobierno y Congreso para retomar la senda de óptimo crecimiento y mayor y mejor bienestar nacional. Hay que revertir la tendencia negativa y pasar de la “década perdida” al nuevo “milagro peruano” integrándonos al primer mundo.