Qué hacer en economía en los próximos años

A la luz del limitado crecimiento del quinquenio pasado –en el cual se alcanzó, en términos de promedio anual, tasas del PIB global y per cápita de 3% y 1.8%, respectivamente, a diferencia de las logradas en la década del 2000 de 6.5% y 5%, respectivamente– para el inicio de la tercera década del siglo, la del 2020, se tenía un pronóstico inicial de lento crecimiento. Al menos en los dos primeros años, porque no se visualizaban ajustes ni reformas significativas, y por coincidir con un periodo de elecciones para inicio de un nuevo Gobierno, en julio del 2021. Los estimados de crecimiento del PIB se ubicaban en el entorno del 2.5%-3%.

Hoy la realidad es totalmente distinta, pues las implicaciones a nivel internacional del Covid-19 y la forma cómo a nivel nacional se está enfrentando han determinado una profunda caída del PIB. Y también el ingreso a una recesión, pues llevamos tres meses (marzo-mayo) de tasas negativas de dos dígitos, y la proyección es que a fin de año se ubicaría (en el mejor de los escenarios) en -13%, aunque puede llegar a -20%. Las implicaciones de esto son tremendamente negativas en términos socioeconómicos, pues la lucha contra la pobreza retrocedería una década, y este mal aquejaría a cerca del 30% de la población, la clase media bajaría unos 10 puntos (sería 35% de la población) y la informalidad laboral subiría de 72% a cerca del 80% de la PEA, por la pérdida de empleo y dado que serían formales solo el 10% de las mypes, que como se sabe representan al 99% del universo empresarial peruano. Y todo ello sin contar el gran número de empresas quebradas. 

En este abrumador contexto, y para atenuar la caída y evitar que sea mayúscula, en el año que resta al actual Gobierno le corresponde poner la prioridad, desde el punto de vista económico, en acelerar al máximo el ingreso de las empresas a la actividad productiva. Respetando un protocolo sanitario básico, pues el potencial contagio no estará particularmente en las empresas sino en las calles, tanto en los mercados como en el transporte público. En ellos, además de los hacinamientos y carencia de agua en las casas de los barrios marginales, deben poner énfasis operativo las autoridades correspondientes.

Al inicio, y al menos en lo que resta del año, las empresas buscarán retomar sus operaciones utilizando al máximo la capacidad instalada, que no será fácil por las restricciones sanitarias y burocráticas impuestas, para unas más y otras menos por sus características. Y también porque dependerá de la evolución de la demanda, afectada por la caída del empleo e ingresos, y la incertidumbre de cómo evolucionará la pandemia y  el contexto político de cara a las elecciones de abril del 2021. Esto significa que, en el corto plazo, las empresas deberán estar concentradas en asegurar liquidez para capital de trabajo y posponer inversiones, lo que determina limitadas oportunidades en términos de trabajo y, por ende, en reducir el desempleo ocasionado. En consecuencia no es con el retorno de las empresas al mercado que se tendrá oportunidades de inversión.

 

Corresponde, por tanto y como señalamos en un artículo anterior, concentrar los esfuerzos en retomar las obras de infraestructura paradas por razones del caso Lava Jato o por el Covid-19. Dar inicio a aquellas en cartera, ya sean APP u Obras por Impuestos, con lo cual se involucra al sector privado, a la par con facilitar y mejorar el ambiente de negocios para inversiones privadas de proyectos maduros, listos para ingresar, como aquellos del sector minero-energético. Reiteramos que mientras no se contenga al coronavirus y luego se evite más aún un potencial rebote, y a la luz de un año particularmente político por las próximas elecciones, es altamente recomendable dar énfasis a pocas acciones o temas con elevada posibilidad de concretarse y sin requerimientos de aprobación del Congreso. 

Será a las nuevas autoridades que tomarán funciones en el quinquenio 2021-2026 a las que les tocará revertir las consecuencias agudas de la  recesión y de las inadecuadas acciones, normas y leyes aplicadas. Y también las que deberán efectuar los ajustes de política económica e implementar las reformas estructurales pendientes para impulsar y, en especial, potenciar la economía. La situación será muy compleja y difícil, lo que demandará un programa económico integral que tenga como  objetivos prioritarios globales consolidar los cimientos y poner en marcha los motores del crecimiento. Sobre esa base se puede alcanzar de manera sostenida tasas altas de crecimiento del PIB per cápita, que faciliten, en especial, disminuir de manera acelerada la pobreza vía la creación de empleos adecuados y bien remunerados. Y también dar servicios públicos de calidad, asegurar a la población salud y educación, y reducir la informalidad laboral y empresarial. Todo lo cual permitirá incrementar el bienestar nacional.   

Brevemente, y para resaltar lo fundamental del programa económico señalado, en cuanto al objetivo de consolidar los cimientos del crecimiento, lo indispensable será realizar la reforma integral del Estado, que comprenda a los tres poderes: Ejecutivo, en sus tres niveles (nacional, regional y local), Legislativo (reforma política) y Judicial, que abarque al Ministerio Público e incluso a la Contraloría. La orientación de esa reforma debe propender al respeto absoluto del imperio de la ley, a la libertad de los agentes económicos; a actuar respetando, por cierto, precisamente las normas jurídicas, a la transparencia y universalidad de la información y a erradicar la corrupción e inseguridad. Esta reforma es fundamental tanto para garantizar la marcha estable del sistema económico que postula la Constitución, que es la economía social de mercado, como para hacer realidad plena nuestro régimen político de la democracia. 

Simultáneamente, y respecto de poner en marcha los motores del crecimiento, son dos los aspectos centrales que requieren prioridad y énfasis: dinamizar la inversión e incrementar la productividad. Ambos  se refuerzan entre sí y hacen viable incrementar de manera sostenida el PIB potencial, contando siempre con las instituciones sólidas precisadas en el párrafo anterior. Para potenciar la inversión pública es indispensable mejorar sustancialmente la gestión, para  garantizar eficiencia (hacer más con lo mismo) y eficacia (cumplir el objetivo) en su ejecución, pues los últimos años esta no supera en promedio el 65% de lo presupuestado. En el caso de la inversión privada, que explica el 80% de la inversión total, en particular se torna necesario mejorar ampliamente el ambiente de negocios, en línea con los indicadores que incorpora el estudio anual Doing Business del Banco Mundial. La reforma del Estado coadyuvará sustancialmente a lograr lo señalado para dar el impulso que corresponde a la inversión pública y privada. Se requerirá paralelamente garantizar la estabilidad macroeconómica, política y social, dentro de un ambiente de certidumbre y confianza para planear y ejecutar las inversiones.

Incrementar de manera sostenida la productividad y por esta vía la competitividad será lo más complejo y difícil pues involucra hacer realidad las reformas estructurales pendientes y corregir otras que han sido distorsionadas, tal el caso de la correspondiente a las pensiones. Menciono permanentemente que en el mediano-largo plazo es el aumento de productividad lo que permitirá incrementar progresivamente el PIB per cápita, pues lo confirma la historia económica en los países que apostaron por ello. En lo específico y fundamental nos referimos a la reforma pro capital humano, la educación y salud, ambas sin discusión alguna, puestas en evidencia en su atraso a raíz del Covid-19. Por esta razón no debería haber resistencia alguna a un cambio profundo en ellas, menos cuando estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, en la que el factor clave es el capital humano. Ligado a estas reformas está lo pertinente a la ciencia, la innovación y la tecnología, campo en donde igual estamos a la cola aun en la región latinoamericana. Basta conocer lo que se invierte en términos del PIB que no llega al 0.2% anual.

También son relevantes las reformas laboral y tributaria, ambas esenciales para coadyuvar a reducir la alta informalidad laboral y empresarial, que como indicamos pueden haber alcanzado, como consecuencia del Covid-19, al 80% de la PEA y 90% del universo de las mypes. Es aceptado que la legislación laboral peruana es una de las más rígidas y desfasadas a nivel mundial, y que desconoce la dinámica económica y la flexibilidad que necesitan las empresas para operar tanto en épocas de expansión como de contracción, a más de no tomar en cuenta el nivel y evolución de la productividad. Lo logrado en las normas laborales que incorporó la Ley de Promoción Agraria deben servir como prueba de lo señalado y como base para elaborar una ley general del trabajo. Lo mismo sucede con la legislación tributaria, que luego de la reforma integral efectuada a inicios de los noventa, que incorporó la creación de la Sunat, se ha distorsionado, introduciéndole ajustes parciales que han terminado por afectar a los agentes económicos. También se han incorporado incentivos empresariales perversos, pues los empresarios  prefieren mantenerse a nivel de mypes o pasar al mundo informal, no obstante todos los problemas que ello conlleva.

La reforma tributaria será además indispensable para recuperar la estabilidad y solvencia fiscal luego del Covid-19, dado el impacto, vía el alto déficit fiscal y aumento de la deuda pública en términos del PIB, que se ha registrado. Ambos indicadores son tomados muy en cuenta por las calificadoras de riesgo para evaluar al país y facilitar o complicar su potencial acceso al mercado de capitales internacional, y hacernos más o menos atractivos para la inversión extranjera.

El reto de corto plazo en materia económica, y la responsabilidad de elaborar y luego implementar un programa que nos asegure retomar la dinámica económica que requerimos para superar los múltiples problemas socioeconómicos que enfrentamos, demandan un gran esfuerzo nacional. Y debemos  hacerlo dentro de la mayor estabilidad política y social; de lo cual tienen que tomar nota en especial aquellos que llevan las riendas del país y los que aspiran tenerlas a partir del 2021.