¿Qué cabe esperar?

El día de hoy se acaba la supuesta tregua dada por las organizaciones sociales de extrema izquierda que buscan el derrocamiento de Dina Boluarte, la destrucción del Congreso, el reemplazo de la Constitución y la liberación de Pedro Castillo. Digo supuesta porque en Arequipa los dirigentes dijeron, el 20 de diciembre de 2022, que no darían ninguna tregua al gobierno y que seguirían en pie de lucha. Pero ya se habían desinflado abruptamente días atrás. Y siguieron desinflándose hasta quedar totalmente aplanados. No solo debido a la falta de entusiasmo por parte de la población –a la que nunca han persuadido– sino principalmente debido a la presencia militar y al estado de emergencia, que impiden que los que le dan «sabor» a las manifestaciones (vándalos ocasionales dispuestos al saqueo, personajes comprometidos con actividades extralegales o paralegales, como la minería informal, y extremistas requisitoriados y requisitoriables) actúen con la libertad que quisieran. 

Así que la propuesta frívola y exótica de algunos comentaristas limeños de suspender el estado de emergencia y la actuación de las Fuerzas Armadas como una forma de «traer la paz» es no solo descabellada sino ofensiva y lesiva a los intereses de los peruanos del interior del país. Particularmente para los más humildes de Arequipa, que sufrieron los estragos de una larguísima e ineficaz cuarentena en el 2020 (la más larga del Perú: duró desde marzo hasta septiembre) y que buscan, a como dé lugar, restablecer sus economías dañadas en medio de una inflación rampante.

Otra visión frívola y exótica consiste en sostener, como lo hizo alguna periodista limeña ávida de mantener una falsa equidistancia, quizás para expurgar pecados noventeros, que la «gente» sale a protestar solo contra Boluarte y el Congreso, porque quiere que se vayan todos, y que también está «molesta con Castillo por el golpe». Evidentemente no estamos en la mente de cada uno de los manifestantes para saber sus más profundas intenciones, pero lo que queda claro es que las organizaciones que convocan y dirigen las manifestaciones pidieron desde el inicio la liberación de Castillo, entre sus múltiples peticiones descabelladas. Aún ahora, todas las organizaciones de la macrorregión sur, al anunciar que acabarán con la «tregua» (que, curiosamente, nunca dijeron que darían), exhibieron no solo las usuales propuestas golpistas (renuncia y juicio de Boluarte, disolución del congreso, adelanto de elecciones y asamblea constituyente), sino también la libertad de Pedro Castillo.

No son simples «peruanos olvidados» con «legítimas reivindicaciones»: cumplir sus «reivindicaciones» implicaría la abolición del estado de derecho y de la separación de poderes. Así que no caben las falsas «empatías» o «equidistancias» de algunos ignorantes voluntarios que, desde la comodidad de una Lima segura y pacífica, y solo por puro postureo moral, buscan entregar al Sur a revolucionarios que buscan quebrantar la ley tanto en el fondo y de forma (porque también anunciaron a cara pelada que planean cometer el delito de bloquear carreteras), 

¿Qué cabe esperar? Muy probablemente en Arequipa la huelga indefinida se desinfle rápidamente. Los que la dirigen son personajes muy cuestionados, como José Luis Chapa, dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, acusado en 2019 de conformar una organización criminal que extorsionaba a empresarios, y el antiguo «ultrafujimorista» confeso Felipe Domínguez, vinculado al tráfico de terrenos en los momentos más corruptos de la década de los noventa. Como es evidente, carecen de cualquier autoridad moral y capacidad de inspirar heroísmo alguno a sus seguidores; pero son bastante hábiles en el trasiego de recursos humanos, clientelas y bandas en acciones que se encuentran, por ser benévolos, al filo de la ley. 

¿Qué debe hacerse, entonces? Pues mantener la presencia militar en los recursos estratégicos y asegurar la libertad de tránsito. Porque no estamos ante simples manifestaciones burguesas a la «chilena». La violencia castillista en Arequipa cobró muertos que nadie cuenta y a los que nadie llora en Lima, como la fiscal Marizel Chamana y su hijo de 4 años. El ataque al aeropuerto de Arequipa del 12 de diciembre, por su parte, fue un acto militar totalmente planificado. El mismo diario de izquierda La República (para nada un «terruqueador») lo informó: «El lunes pasado, el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón sufrió un brutal ataque. El golpe a la infraestructura ha sido certero para inhabilitar su funcionamiento. Los supuestos “manifestantes” cortaron un cable de un radar que sirve para el aterrizaje de los aviones. De igual forma, atentaron contra los equipos contraincendios, en caso de deflagración no hubiese podido activarse. Eso confirma que los atacantes eran gente preparada en este tipo de acciones y que estudió el terminal aéreo. No descartan la presencia de exintegrantes de Sendero Luminoso y Movadef». Más allá de que existan miríadas de tontos útiles, espontáneos, castillistas de buena fe y otros que protestaron y protestarán pacíficamente, lo cierto es que tanto los dirigentes de la huelga indefinida como los actos de mayor impacto de esta son clarísimamente parte de un proceso de subversión. 

Durante los primeros días de las manifestaciones, una dirigente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos salió a condenar, desde Lima, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y policiales, señalando que estas solo pueden hacer uso de las armas de fuego cuando está en riesgo la vida. Y por supuesto, solo deben usarse para defender la vida, no solo la propia de cada agente del orden, sino la vida de los demás ciudadanos. ¿Se imaginan que pasaría si, como en Bagua, por evitar disparar a la turba, los militares y policías se rindiesen y dejasen sus personas y armamentos en manos de tales individuos? 

Si un piquete de militares hubiera dispersado con balazos al aire en descargas cerradas (que, como se vio en Ayacucho y Andahuaylas, a veces en escenarios urbanos densos y con relieve accidentado  impactan en curiosos y gente inocente, lo que reafirma la obvia realidad de que no se trata de un «genocidio» o de «asesinatos selectivos» como dicen ciertos mitómanos) a la turba que iba a cometer el delito de bloquear la carretera de Majes,  Marizel Chamana y su hijito Mathias, inocentes bajo cualquier concepto, estarían todavía vivos y  habrían pasado la Navidad con sus seres queridos.

Lo más probable es que los dirigentes comprueben en los próximos días que el gobierno se mantiene sólido y que la población está más interesada en retomar sus actividades cotidianas que en pedir imposibles. Eso significará en algunos lugares el desinflamiento de la conmoción subversiva, pero en otros quizás un intento de hacer acciones espectaculares y radicales que tengan efectos mediáticos en la opinión pública. Urge, por tanto, no solo continuar con el estado de emergencia y la presencia militar, sino también implementar un conjunto de medidas jurídicas y penales que se apliquen expeditivamente contra los que cometen estos delitos y contra los que incitan a cometerlos. Considerando la calidad moral de los dirigentes, no creo que se requieran esfuerzos extraordinarios por parte del Ministerio Público.