¿Puede la delación ser una virtud?

Hace ya algunos meses que en el Perú se está llevando un conjunto de procesos judiciales para desentrañar la maraña de datos y conocer la verdad de lo sucedido en todos (son lamentablemente demasiados) los casos de corrupción, así como sus autores, directos y mediatos, daños y consecuencias. Y en todo ello vemos con recurrencia la figura de la delación o colaboración eficaz. Adelanto que no soy abogada y menos tengo experiencia en temas de litigio, pero ello no ha de ser óbice para la comprensión de todo estos procesos. Por ello que quiero desarrollar algunas ideas e inquietudes que, imagino, tienen en mente también muchos ciudadanos de a pie en el universo legal.

Buscando información que pudiera ser fácil de asimilar, encontré una interesante entrevista(*) en la que, a través de bien orientadas preguntas, se comparte puntos de vista y se explica los procedimientos y conceptos de la tan de moda delación o colaboración eficaz. No obstante, me sigue quedando una serie de dudas, y son no tanto de carácter legal o jurídico. Creo que se podría analizar el tema desde el punto de vista de la ética.

Comprendo que ante la magnitud de los procesos que se debe enfrentar y la complejidad de toda la red de corrupción que pudiera haber tras ellos, la justicia (hoy y siempre) recurre a procedimientos no siempre tan claros, transparentes y santos, so pretexto de buscar un bien mayor, el bien común y la ansiada verdad. Es en este contexto que me pierdo un poco, y la razón es que en mi formación la palabra “delación” estuvo asociada a una conducta reprochable, indigna y baja. Implicaba que, sin decir siempre el total de la verdad (las terribles medias verdades), se inculpaba a otro. Ese es, además, el sentido que la Real Academia de la Lengua da al término. 

No obstante, la aplicación que se viene dando a esta figura, que no por legal resulta siempre legítima, no parece, por la información pública a la que se puede acceder, que estuviera llevando a los resultados deseados. Luego de tantos años, tantas personas comprometidas, tanto aparato judicial y legal puesto al servicio y tanto costo económico y moral para el Estado y la sociedad, hay muchos acogidos a este beneficio, pero los resultados son aún tibios. Y todo ello conlleva a una desazón colectiva, a una pérdida de la credibilidad en quienes ejercen la función fiscal o judicial y que, sobre todo, siguen quedando impunes los delitos que han cometido. Y que han significado, sobre todo, deterioro de valores en detrimento de los más necesitados: mayor pobreza y debilidad de las instituciones.

Es decir, que se puede ver que el mecanismo de la delación con beneficios debe ser aplicado con más rigor y eficiencia, porque no parece coherente que se acepte la condición de “colaborador eficaz” de muchos atemorizados por su propia conducta. Y no solo –como debería ser– a quien aporta pruebas y no busca hacer uso de este mecanismo para delatar vilmente, manchar honras, destruir vidas, quebrar familias. Todo ello so pretexto de “colaborar”, cuando el objetivo real es hundir, vengarse o salir libre de culpas mayores a las que imputan al delatado.

No me cabe duda de que es de sumo interés para el Perú conocer todos los detalles de las acciones que cometieron quienes, vendidos a intereses subalternos, robaron o permitieron el robo de más de US$ 25,000 millones al pueblo. Pero parece que la información se va entregando por “capítulos” y el ciudadano va tomando conciencia de la gravedad de lo sucedido a través de “datos filtrados”, lo que incrementa la desazón, la falta de confianza y la baja aprobación que van obteniendo los responsables de todo este larguísimo y complejo proceso. Una filtración permanente de información que, tendría que ser de exclusivo uso de los jueces y fiscales, es altamente dañina.

Si añadimos la multiplicación de “delatores” y personas que, sin aportar información realmente contundente, empiezan a gozar de privilegios, libertad y hasta la posibilidad de que sus delitos no reciban castigo –y que se conviertan, por esa “colaboración eficaz” en personas “positivas”, cuando han delinquido y con contundencia– vemos que el sistema judicial o está desbordado o requiere de una renovación total. Los delincuentes involucrados, han causado un daño irreparable, de magnitud casi imposible de comprender y menos cuantificar, pues han dañado el alma del pueblo, han incrementado la pobreza, retrasado el desarrollo, postergado el avance en infraestructura, aletargado la educación y la salud, han anulado los derechos a una mejor vida. Y además han posicionado como “buenas”, acciones deplorables, delictivas y que podrían ser consideradas como de alta traición.

Por todo ello, estimo que es también muy grave el que esa herramienta de la delación pudiera no estar aplicándose con rigor y apego al sentido de la norma. El Decreto Supremo mediante el cual se modifica (actualiza) el Código Procesal Penal, es clarísimo al señalar que solo pueden acogerse a los beneficios “Los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas y los que han intervenido en delitos que han causado consecuencias especialmente graves... siempre que su aporte permita identificar a miembros de la organización con mayor rango jerárquico” (el subrayado es nuestro).

Al redactar estas ideas, solo deseo compartir mi propia inquietud como ciudadana. Y, quizá, llamar la atención sobre la urgencia que tiene el país de creer en su sistema judicial. Para ello requerimos que no solo sea transparente, sino que lo demuestre, pues merecemos una justicia proba, eficiente, pronta y oportuna.

* Rodrigo Sánchez Ríos y a José María de la Jara. Revista de IDL-Reporteros – Febrero 2018