Guillermo Vidalón
¿Por quién votar?
Un cambio radical para renovar y agilizar el aparato estatal

Cuando se elige a un presidente es para que gobierne por cinco años. Por eso se espera que los candidatos cuenten con un plan de gobierno viable para hacer frente a los graves problemas que enfrenta el país. Pero las elecciones también constituyen la oportunidad para depurar a quienes habiendo estado en el poder no hicieron nada para mejorar el país; y peor aún, defraudaron la confianza que la ciudadanía les concedió.
Quizás el caso Vizcarra sea el más emblemático, su incapacidad de gestión y maledicencia frente a la crisis sanitaria del Covid-19 son develadas en cada oportunidad que el sector privado sí consigue adquirir y donar plantas de oxígeno. ¿Está incurriendo en una conducta similar la actual administración cuando niega la posibilidad que el sector privado importe vacunas que serían inoculadas gratuitamente a su personal y familiares?
La negativa reiterada a convocar al sector privado es algo que llama la atención de la ciudadanía. Si el Gobierno, como tal, no es capaz de atender prontamente a la población, ¿por qué se le niega el derecho al sector privado de colaborar? ¿Por qué si existen vacunas aprobadas por países con sistemas sanitarios mucho más adelantados que el nuestro no se les da una autorización mucho más expeditiva? ¿O se trata de un tema ideológico que comparte la administración Vizcarra con la del Partido Morado que hoy nos gobierna?
Pero no solo se trata del Partido Morado, sino también de todos aquellos que coincidieron para acabar con el necesario balance de poderes, propio de las democracias consolidadas. El candidato Julio Guzmán llamó el fin de semana a acabar con la libertad de prensa, a denunciar por sedición al candidato que encabeza todas las encuestas. ¿Por qué? ¿No será que el grupo gobernante quería mantenerse en el poder e impulsar un proceso electoral democrático en apariencia?
Verónika Mendoza, Ollanta Humala-Nadine Heredia, Marco Arana, Yonhy Lescano, Urresti y hasta “Forsay” (según su propaganda) siempre respaldaron al hoy candidato al Congreso y expresidente Martín Vizcarra. Por su parte, el denominado fujiaprismo lo aupó, pero el escurridizo Lagarto terminó por aplastarlos.
Todos ellos dicen querer un país más justo y equitativo; sin embargo, sus planteamientos apuntan hacia la redistribución en una economía mayoritariamente informal (80%), y una formal que en gran medida se encuentra en proceso de quiebra. ¿De dónde se obtendrán los recursos si un país cuya economía ha sido quebrada –por desconocimiento o intencionalmente– y recauda menos? Lo cierto es que en el próximo quinquenio gubernamental habrá, además de mayor pobreza, que se estima ya alcanza al 30% de la población, más inseguridad ciudadana, delincuencia como consecuencia de la crisis.
¿Qué alternativa tiene la ciudadanía? Informarnos. Por ejemplo, conocer que la inversión pública solo representa la quinta parte del total de la inversión que se ejecuta en el país; por lo tanto, se debe estimular al sector privado para que rápidamente genere puestos de trabajo (un compromiso que pocos candidatos están dispuestos a asumir), porque es la única manera realista de enfrentar la crisis económica, social y moral en que el Perú se encuentra.
Optar por un cambio radical para renovar y agilizar el aparato estatal porque, de lo contrario, se terminará por vulnerar la gobernabilidad y la viabilidad del país. ¿Usted decida?
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