¿Por qué tanto temor a la reforma política?

¿Como se explica que ninguno de los 24 partidos políticos legalmente inscritos se hayan pronunciado oficialmente, hasta hoy y en detalle, sobre las 12 propuestas de reforma política enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República? Mas aún, cuando la Comisión Tuesta Soldevilla presentó al Gobierno su propuesta hace casi cuatro meses y, cuando el tema viene ventilándose intensamente en los medios de comunicación, además de ser motivo de alta tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.    

La razón es muy simple: se oponen, tienen temor o no están preparados para una reforma política que, de aplicarse en su integridad, los obligaría a reglas que generarían una profunda democratización institucional, control de los recursos financieros que se usan en las campañas electorales y parámetros estrictos para mantener su vigencia. En el sistema actual predominan franquicias y propietarios de partidos, algunos de los cuales utilizan recursos de universidades privadas y de otras fuentes de dudosa procedencia. Por eso las cúpulas partidarias se resisten a un sistema que empoderaría a la militancia no solo para elegir candidatos, sino también para elegir sus autoridades internas en plazos inalterables, y en el que también funcionaría la paridad de género en las instancias de dirección partidaria.

Son varias las bondades de la reforma propuesta: los candidatos a todo nivel serán elegidos en elecciones primarias y simultáneas organizadas por la ONPE; todos los partidos tendrán que entregar sus planillones de militantes al ente que organiza los procesos electorales a fin de evitar las triquiñuelas o manipulaciones a las que han estado acostumbrados casi todos los partidos políticos. La anulación del nefasto voto preferencial obligará ahora a que aquellos que quieran ser candidatos a realizar una activa militancia partidaria, evitando que las candidaturas se compren o vendan al mejor postor, que era por donde precisamente empezaba la corrupción, la influencia del narcotráfico y otras formas de lavado de activos, tal como se muestra en los casos que se vienen ventilando en el sistema judicial.

No solo eso. La reforma postula que para la inscripción de un partido se requiere solo el 0.75% de afiliados que sufragaron en las elecciones generales anteriores. El partido que no acredita permanentemente tener el número legal de afiliados pierde su inscripción. Si el 5% de afiliados en el padrón faltan a la verdad no procede la inscripción del partido. La cancelación de una organización inscrita se pierde en los siguientes casos: a) Si no hubiera obtenido cinco escaños o el 5% del total del electorado. b) Se eleva la valla en caso de alianza electoral en 1% por cada partido. c) Si no participa en las elecciones para el Congreso. d) Si no participa con candidatos en las elecciones regionales por los menos en cuatro quintas partes de las regiones, así como la mitad de las provincias o un tercio de distritos. e) Por no conseguir el 1.5% de participantes en elecciones primarias del total obtenido en las elecciones anteriores.

En el caso de alianzas aumenta en 0.5% por cada partido. En el caso de las organizaciones regionales, la inscripción se cancela cuando: a) Si no logra por lo menos un consejero regional o el 8% de los votos del padrón electoral. b) Por no participar en las elecciones regionales o no presentar candidatos en los 2/3 en provincias y 2/3 en distritos. c) Por no lograr el 4% del total de electores y en sus elecciones internas.

La reforma que tanto temor despierta —sobre todo en aquellos que actúan como propietarios de partidos, mejor dicho, franquicias— es fundamental para evitar el dinero sucio en los partidos o que el poder financiero del dirigente sea el factor determinante de la vida partidaria. Si la reforma se aprueba como está en los proyectos de ley, cada partido solo puede recibir aportes en especie hasta por el 10% de una UIT, con la firma y recibo del aportante. Solo se puede entregar regalos o souvenirs en las campañas hasta por el 0.3% de una UIT por cada bien entregado. La multa es de 30 UIT por transgresión a la norma anterior. Si el bien entrado en campaña electoral supera las 2 UIT el candidato es excluido. Se prohíbe la propaganda electoral privada en la TV de alcance nacional, la cual es financiada por el Estado 45 días antes de las elecciones. Finalmente, establece diversos procedimientos rigurosos y bancarizados para que los partidos rindan cuentas sobre sus gastos de campaña. Solo los partidos que obtuvieron representación en el Congreso reciben financiamiento del Estado. Cada partido recibe el 0.1% de la UIT por cada voto obtenido en las elecciones generales. El financiamiento de entes privados en campaña electoral no puede pasar la cantidad de 120 UIT.

Pero ahora el propio sistema político que se propone en la reforma, plantea diversas formas de renovación y de refrescamiento. Eso ocurre en la propuesta que permite que un acuerdo principista y programático de movimientos regionales del 50% de las 24 circunscripciones de ese rango territorial, puedan conformar un partido político, con lo cual se promueve la emergencia de partidos desde el llano, creando incentivos para evitar la multiplicación de movimientos de carácter regional y que, muchas veces, solo duran el tiempo que tiene popularidad un caudillo regional. Hay otras innovaciones que van en el mismo sentido y que denotan un enfoque sistémico de la propuesta, nunca antes hecha en la historia de la república.

Por donde se le mire, las reformas propuestas, referidas al sistema electoral y el funcionamiento de los partidos, tienen como objetivo crear un momento de refundación de los partidos y que, en realidad, debería corresponder con el funcionamiento de una economía de mercado, la expansión de las libertades económicas, ciudadanas y la emergencia de nuevos derechos civiles.

Sería bueno que, así como algunos sectores de izquierda tienen poses radicales llamando a una asamblea constituyente o un adelanto de elecciones, muestren la misma actitud en el respaldo abierto a esta reforma, en todo su contenido y variantes.  En caso contrario, su negativa o silencio muestra que no están decididos a una transición que dé lugar a una verdadera comunidad política de partidos, propia de una república moderna y democrática.