¿Por qué los gobiernos regionales pasan piola?

La muerte de 1,200 neonatos en varias regiones del país, durante este año 2019, es un tema muy grave como para dejarlo a merced de análisis superficiales y sin ir a las causas de fondo. Se requiere determinar cuál es la responsabilidad del Ministerio de Salud y cuál la del gobierno regional. Y habría que ver si estos hechos revelan los límites de la descentralización, que el proceso está estancado o si estamos asistiendo a un proceso de recentralización, ya desde varios años atrás.

En un país con una opinión pública manejada, por la alta concentración de los medios de comunicación, y que tiene su centro de gravedad en la capital, lo más fácil es achacarle toda la culpa a la ministra, como si en el país no se hubieran transferido la mayoría de competencias a los gobiernos regionales. Cabe recordar que las compras de las incubadoras y todo tipo de equipos para los hospitales son realizadas por las unidades ejecutoras de cada gobierno regional, según las competencias de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Llama por eso la atención que recién luego del fallecimiento de 30 neonatos en el Hospital de Regional de Lambayeque, el gobernador regional apure una iniciativa ante el Consejo Regional para lograr una autorización, vía situación de emergencia, para comprar tres incubadoras por el orden de S/ 3 millones. La pregunta es ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no previó en el presupuesto de este año la compra de esos equipos?

La autoridad regional y los funcionarios estuvieron más interesados en utilizar gran parte de los recursos (S/ 1.05 millones) que estaban presupuestados para comprar equipos e incubadoras, para mal usarlos en canastas navideñas, en un claro delito de malversación de fondos. Por este hecho, los responsables deben ir a la cárcel. No sería justo que mientras la crítica de los medios de comunicación se concentra en las responsabilidades de la actual ministra de Salud, el presidente regional de Lambayeque pase piola, como si su responsabilidad fuera de tercer o cuarto nivel. 

El Ministerio de Salud tiene su responsabilidad y hay ponerla en su lugar, como manda ley. El problema es que este ministerio, como otros, no cumple con las funciones y competencias que le otorga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). Esa norma establece que los ministerios y viceministerios tienen la responsabilidad de supervisar y monitorear los servicios y el equipamiento que brinda cada gobierno regional, en relación a las funciones y competencias que les fueron transferidas. En este caso, los órganos correspondientes del Ministerio de Salud debieron tener su sistema de monitoreo para detectar a tiempo si en todos los hospitales del país funcionaba o no un sistema suficiente de incubadoras y equipos para evitar hechos graves como los actuales. Y recién ahora la ministra se acaba de enterar que en todos los hospitales del país fallecieron 1,200 neonatos, en gran parte por falta de equipos, incubadoras malogradas o falta de personal. En consecuencia, los funcionarios y la propia ministra también deben asumir su responsabilidad. 

La propia LOPE ya había establecido, en el año 2007, la creación de comisiones ministeriales y once sistemas (funcionales y administrativos) de carácter transversal a todos los niveles de gobierno, con el objeto de verificar el funcionamiento de las competencias y funciones que ya hace más de 10 años han sido transferidas a los gobiernos regionales. Las preguntas entonces son: ¿existen esos sistemas y organismos?, ¿se han creado entidades con los equipos de profesionales para implementar esos sistemas?, ¿el Congreso ha fiscalizado su cumplimiento?, ¿la ministra conoce sobre su existencia? Todo indica que no tenemos los resultados. 

Uno de los graves problemas del Estado estriba no solo en que el proceso de descentralización muestra cada día sus límites, sino que el enfoque de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que suponía un proceso de modernización en todos los niveles, ha quedado en gran parte solo en el papel. Ni el gobierno nacional cumple sus funciones de rectoría del proceso, ni los gobiernos regionales cumplen sus funciones a cabalidad. 

Ya en el año 2014, un excelente estudio de la Contraloría General de la República señalaba:

Uno de los principales problemas de fondo en el proceso de descentralización ha sido la falta de liderazgo y fiscalización de los entes rectores, tanto en los temas funcionales o sustantivos de línea, como en los temas administrativos. Estos entes dictan normas que han sido elaboradas en Lima, sin un diagnóstico de lo que pasa en el interior del país y sin previa consulta pública. Además, los procesos no han sido diseñados con el fin de fortalecer las cadenas de valor, ya que los sistemas administrativos, no están articulados de una manera comprensiva y eficiente al servicio de los eslabones funcionales de estas. En consecuencia, sus objetivos no conversan con los planes estratégicos. Sumado a ello, se debe destacar el hecho de que en el Perú no existe un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación que permita medir de manera simple el desempeño de las entidades y sus funcionarios, en relación con el avance de la modernización y descentralización del Estado al servicio del ciudadano (Estudio del Proceso de Descentralización en el Perú, año 2014, pág. 14) 

Si el Ministerio de Salud no sabe, con anticipación e inmediatez, cuántas incubadoras tiene cada hospital regional, cuántas no funcionan y qué otras tantas se necesitan, no puede ejercer su rol rector sobre un tema tan sensible como la eficiencia de los hospitales para garantizar que el nacimiento de un niño, cada día, cada minuto, tenga las debidas garantías. Hoy en día las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) permiten que rápidamente funcione un sistema para estos objetivos. 

Finalmente, frente al grado de irresponsabilidad, negligencia o actuaciones por fuera de la ley y la Constitución de un gobierno regional, habría que preguntarse si no tenían razón quienes en años anteriores proponían que el Congreso tenga la competencia de interpelar también a un gobernador regional, cuando sus acciones tienen tanta repercusión, más allá de su propio ámbito territorial. Quizá puede ser más útil, frente a los lamentables hechos ocurridos recientemente en el sector salud, que al lado de una ministra interpelada también esté el gobernador regional, cada uno respondiendo por sus propias funciones. Esa práctica nos podría dar mucha luz sobre cuánta responsabilidad tiene cada uno. Y también permitiría descubrir dónde están los detalles, los cuellos de botella y las ausencias legales, para corregir el actual proceso de descentralización y el rol rector del Poder Ejecutivo.