Por Alexandra y Gabriel

Quisiera empezar estas líneas dando mi más sentido pésame a los familiares de Alexandra y Gabriel. Su muerte repentina en su centro de trabajo es imperdonable para nosotros, como sociedad. No se trata solamente de ser empáticos y de sancionar ex post a los culpables. Se trata de entender que esta desgracia jamás debió ocurrir. Ya lo vivimos en el pasado varias veces: en un cine, en un contenedor. No hay justificación alguna.

Dicho esto, resulta evidente que el empleador no solo no cumplió con los mínimos requisitos de seguridad básicos para evitar cualquier posible riesgo de accidente en el trabajo, sino que fue tan irresponsable que su descuido terminó en la muerte. No basta la investigación que realizará Sunafil, si es que las autoridades no son capaces de “pedir disculpas” porque no hicieron un trabajo preventivo, no estuvieron ahí, para asegurarse de que el empleador respetase las condiciones de trabajo. Y seguramente no faltará alguien que diga que esta tarea o alguna de estas le corresponde a la Municipalidad y la otra a Indeci. En fin, más y más burocracia, sin responsables y sin sanciones. Solo impunidad.

Claro, este hecho que hoy nos enluta puede ocurrir en cualquier otro comercio, grande o pequeño, porque la “informalidad” campea en todo, hasta en las empresas que se dicen “formales”. La falta de respeto por los trabajadores se está convirtiendo en la norma, y esto no lo podemos permitir. Mis sobrinos, tus hijos, cualquiera de nuestros jóvenes pudo ser Alexandra y Gabriel. Y entonces, así como nos indignamos porque las mujeres –sobre todo las jóvenes– siguen siendo vistas y tratadas como objetos (sin derechos) hoy nos toca indignarnos en serio porque el empleo tiene que ser digno.

No se trata de si eres de derecha o de izquierda, caviar o neoliberal, si es que alguien cree eso. Se trata de construir una sociedad en la que entendamos que el Estado, la empresa y el trabajador tenemos derechos y deberes. Y en la que cada uno tiene que asumir las tareas que le corresponden, según las normas internacionales de protección al trabajo que tanto defiende la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sí estoy esperando, como ciudadana, que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo me diga qué acciones tomará el Estado para evitar que esto vuelva a pasar, y que la OIT saque un comunicado instándonos a cumplir con los acuerdos internacionales que hemos firmado. 

Si, porque no me voy a conformar con que es “imposible fiscalizar”, porque “el Estado no puede llegar a todas las empresas”. Es su deber tutelar los derechos del ciudadano de a pie. Y el silencio de los líderes de opinión contribuye a empeorar la situación de empleabilidad de nuestros jóvenes, y los hace cómplices del deterioro de nuestra sociedad. Porque no somos capaces de reclamar aquello que no nos interesa, porque a veces, es más fácil pensar la suerte que tuvimos de que no nos pasara a nosotros. 

Pero te recuerdo, que Alexandra y Gabriel están aquí con nosotros, en la memoria colectiva de los jóvenes, que hoy requieren acceso al trabajo y condiciones de empleo de calidad. 

Esa es también una tarea de política pública: promover el empleo y supervisar que las empresas brinden las condiciones mínimas de seguridad y protección social. Dejemos de pensar que la informalidad está bien, porque no lo está. Es nuestro deber moral unirnos para corregirla, porque le niega la posibilidad de un trabajo decente a millones de peruanos. Y en casos como este, los condena a la muerte.