Política y patología

La catástrofe recurrente que azota al Perú cada cuatro años vuelve a estar a nuestras puertas: las elecciones municipales. La tranquilidad de los pueblos, la calma de las ciudades, la paz de las regiones se altera por un torbellino de pasacalles, caravanas, bullas y desperdicios generales. La población, paradójicamente hostil y a la vez indiferente, parece mirar con resignación este espectáculo. Porque esas campañas carísimas no son más que la crónica de un robo anunciado.

Pero no quisiera incidir en ese aspecto, de sobra conocido por todos los lectores, especialmente de los del interior del país. Quisiera referirme al, para usar un cliché famoso de nuestra prensa, «bochornoso espectáculo» que un candidato a la alcaldía de Lima protagonizó la semana pasada, luego de la revelación periodística de una denuncia policial realizada por su hijo. Términos de venerable estirpe ática como megalomanía, teratología y oclocracia se quedaban cortos, especialmente ante esa emoción indefinible de comprobar que el Perú político se «lució» nuevamente ofreciéndonos a manos llenas su usual teatro del absurdo, esta vez con ribetes demasiado grotescos. 

Habría que intentar responder la pregunta de por qué la política peruana acaba atrayendo a personajes semejantes. Camilo José Cela, si no me equivoco, decía que el mismo interés por la política era señal de un desorden mental. Pero creo que en nuestro país esto acaba alcanzando dimensiones incomparables a nivel universal. 

En primer lugar, a pesar de todas las recientes reformas (y más bien debido a ellas), la política se ha convertido en un asunto que favorece la participación de personajes cuyo único mérito es invertir dinero en su postulación. Así, las demandas de la ONPE y del JNE por «regularizar» y «formalizar» a los partidos con elecciones primarias, números de firmas elevados y necesidad de contar con candidaturas y comités en diversas circunscripciones, y no solo en la que se quiere postular, han generado una inevitable burocratización y, como siempre, una necesidad de mayores gastos por parte de los candidatos. Gastos que, como sabemos, solo pueden ser financiados por aventureros políticos con amigos en constructoras o inmobiliarias. O peor aún, por personajes que empeñan sus fortunas, sean de origen legítimo o dudoso, en esa rifa incierta por razones patológicas como las obsesiones sicosexuales por el poder o el deseo de validación nacido de una infancia traumática. O por una combinación de ambas motivaciones. De ahí la abundancia de personajes acusados de violación en las elecciones. Quizás Lima se escandalice por tener recién ahora a dos candidatos involucrados en temas semejantes, pero ya en Arequipa tuvimos el dudoso honor de que en 2018 ganase la elección para el gobierno regional un personaje con, al menos, dos acusaciones de violación, y que el candidato que quedó segundo por unos cientos de votos para la alcaldía provincial tuviese una. 

La sobrerregulación de los partidos, aunque amada por caviares y politólogos, genera, como toda sobrerregulación, un aumento de costos. Y no ha contribuido a desaparecer los «vientres de alquiler», sino a hacerlos más caros. ¿Cuál podría ser un remedio? Pues facilitar la participación ciudadana, rebajando los costos de hacer política e incluso permitiendo la aparición de listas solamente distritales. Porque el principal obstáculo para que el vecino honrado (que todavía existe) participe es el costo prohibitivo de la postulación y de las campañas. Eso generaría quizás la aparición de un «cuadernillo» electoral, en lugar de una cédula (salvo, claro está, que se vuelva al viejo sistema de las listas numéricas cuyo guarismo debe ser anotado en un espacio en blanco) pero, en todos los casos, no sería peor que la situación presente. Por otro lado, el voto voluntario reduciría el universo de electores para convencer, y generaría una posible reducción en el costo de las campañas. 

Lamentablemente estas posibles soluciones no serán aceptadas por el «pensamiento Tuesta» que, a priori, fomenta la sobrerregulación estatal, la multiplicación de funcionarios públicos y la omnipresencia de consultores y otros mandarines.