¿Podrá el Gobierno contra el vandalismo antiminero?

La semana pasada, en el XV Encuentro Internacional de Minería, la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ofrecieron sus buenos auspicios y confianza a la minería formal, el principal pilar de la economía nacional. No obstante, desde Ollanta Humala el estribillo “agua si, minería no”, se volvió el grito de guerra contra la minería legal. Y no solo en las calles, sino también en las instituciones nacionales. 

En estos momentos críticos, cuando la presencia de la institucionalidad es necesaria y urgente, las autoridades esconden la cara. La burocracia estatal con su tramitología detiene el avance de los proyectos. Las fuerzas del orden están, en la práctica, desarmadas frente a las hondas y armas de las turbas antimineras. Incapaces de actuar con el rigor otorgado por ley contra esa criminalidad organizada, dedicada a detener los proyectos mineros y en busca de apoderarse sin más trámite de yacimientos explorados y trabajados por otros. 

Cuando vemos en las plazas a solitarios pero impulsivos oradores callejeros despotricando contra el proyecto de cobre Tía María (Arequipa), decimos que el discurso antiminero no cala, que no es parte del sentimiento de las mayorías, que la sensatez nacional se inclina por el aprovechamiento de los recursos naturales. Pero no. A la hora de la verdad, cuando esos solitarios e impulsivos son más de uno, la sumisión, obediencia y cobardía se manifiestan. Duele decirlo.

Lo cierto es que cuatro galifardos bien organizados amenazan a la gente y ponen en jaque a Tía María y otros proyectos mineros. El “americanismo” es la punta de lanza de las izquierdas empeñadas en empobrecer a los pueblos, estando en su mira la imposición de estados totalitaristas. 

El Gobierno no brinda seguridades a las inversiones que ofrecen renta, divisas, canon, pagan impuestos y realizan inversiones vinculadas con la educación, salud, medioambiente y actividades económicas locales. Lo es también frente a la minería ilegal, la que a sus anchas depreda, usa mercurio para tratar el oro, deforesta y contamina sin importarle el daño medioambiental ocasionado. Incluso es esclavista y promotora de criminalidades, como la prostitución de menores de edad en sus áreas “productivas”. 

La ausencia visible del Estado, con su principal función de garantizar el desarrollo de la economía, hace que las minas de Pataz (La Libertad), y antes en Ayacucho, fueran atacadas por terroristas disfrazados de mineros artesanales y supuestos pobladores indignados. Claramente y sin duda, el narcotráfico suma aliados con la minería ilegal. Lo demuestran el asesinato de trabajadores, voladura de torres de alta tensión y destrucción de instalaciones operativas. 

Ya veremos si esos buenos ánimos mostrados por las autoridades durante el Simposio internacional son reales en el corto plazo, cuando Tía María comience la anunciada construcción de mina. Ya veremos la respuesta del Gobierno contra los violentos y desalmados, organizados por radicales y comunistas. ¿Esa minería de talla mundial quedará a su suerte, a merced de las turbas y “vándalos” ideologizados? ¿Las fuerzas del orden mantendrán en raya a esos galifardos?

Y así, mientras el consumo mundial de cobre aumenta, Perú desaprovecha la tremenda oportunidad. Chile es el principal productor mundial de cobre con siete millones de toneladas métricas, mientras que Perú se mantiene en tres millones anuales. Seríamos primeros si las inversiones de US$ 60,000 millones estancadas estuvieran operativas, entre ellas Tía María y Conga (Cajamarca). Perú sería otro, con niveles bajos de pobreza y desocupación y con oferta laboral y prosperidad.