Plata, crisis y rendición de cuentas

Los que venimos siguiendo el conflicto con las comunidades de la zona de Las Bambas, escuchamos los reportes sobre la situación de crisis ahí. Y cuando se presta atención al mensaje de fondo, lo que se pone de relieve es una situación de ciudadanos peruanos que enarbolan una posición diferente a la del Estado peruano, que debería albergarnos a todos los que hemos nacido o residimos en esta milenaria nación.

También hemos podido percibir, como sustrato del conflicto, el tema del dinero entregado o utilizado para compensar a las comunidades y los ciudadanos involucrados en las decisiones que se adoptaron. A la par, se habla de pago de reparaciones y otros mecanismos de inversión para obras públicas.

Todo esto me hace reflexionar sobre dos temas: la articulación del Gobierno central con las otras dos grandes instancias de gobierno (la regional y la municipal) y, en especial —para los fines de este comentario— la transferencia de recursos, bajo canon o regalías, que se realizan hacia esas instancias y que son producto de la actividad empresarial que se desarrollan en esas zonas.

En el Estado peruano tenemos un cuerpo normativo que regula la entrega de recursos dinerarios por concepto de canon, regalías, participaciones y otros. Estas entregas a los gobiernos regionales y locales constituyen un beneficio directo del que gozan dichas instancias por los resultados que generan la explotación de recurso naturales o las rentas que se recaudan por la actividad económica desarrollada.

El canon puede ser minero, gasífero, hidroenergético, pesquero (en estos casos representa el 50% del impuesto a la renta), petrolero (puede ser el 18.75% del valor de la producción o el 50% del impuesto a la renta) y el forestal (asciende al 50% del pago de derechos). Los porcentajes en que se distribuye no son arbitrarios, sino que responden a la ubicación de la actividad económica, conforme al siguiente esquema: el 10% a las municipalidades distritales, el 25% a las municipalidades provinciales, el 40% al gobierno local de la región y el 25% al gobierno regional. Las participaciones ascienden al 2% de lo que se recaude por Aduanas en la zona portuaria y se distribuyen a un fondo educativo (10%), a las municipalidades (45%) y al gobierno regional (45%).

Ahora, veamos que nos traen los reportes sobre las transferencias realizadas por el Gobierno Central —MEF— al amparo de las más diversas formas de canon, regalías, participaciones y otras previstas. El primer dato, conforme a las fuentes oficiales, es que en el periodo del 2004 al 2018 se transfirieron S/ 127,189 millones de soles (una suma astronómica).

Vemos también en el reporte oficial a noviembre del 2018, que hasta ese momento la entrega directa fue de S/ 10,152.6 y en el 2017 de S/ 8,803.8, correspondiendo al año 2012 el monto máximo de S/ 13,105.8. ¿Y que se ha hecho, desarrollado, invertido, gastado, con dichos montos?

Bien, volvamos a la zona del conflicto de Las Bambas, que implica el accionar en dos regiones: la de Cusco y la de Apurímac. Encontramos que han recibido por concepto de canon en los últimos catorce años las sumas de S/ 5,474 millones y S/ 340 millones respectivamente.

¿Entonces, que se ha hecho con estos recursos? ¿Dónde están? Considero que en forma paralela al cumplimiento de los compromisos que actualmente el Estado peruano está asumiendo, debe darnos cuentas a la ciudadanía en general de cuáles son los resultados de estas normas de transferencia directa de recursos, cuyo fin es precisamente atender las necesidades de las zonas de influencia de ciertas actividades económicas.

Este es un tema de interés no solo para el Estado y unas comunidades, con las que negocia para solucionar una crisis, sino de todos nosotros los que integramos la nación peruana, pues somos un Estado unitario.