Para el pueblo ¿circo y pan?

La semana pasada se encarceló, por disposición preliminar del juez Richard Concepción Carhuancho, a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, así como a 21 integrantes de la cúpula de Fuerza Popular. Fue ante una solicitud del fiscal José Domingo Pérez, como parte de las investigaciones que viene realizando sobre los denominados “cocteles” del partido Fuerza Popular.

Hasta ahí entendemos que se ha actuado de acuerdo a ley. Sin embargo, si tomamos en cuenta el reciente retorno del Brasil del equipo encabezado por el fiscal superior Rafael Vela Barba —integrado también por el fiscal José Domingo Pérez—, con cuantiosa información probatoria de los actos de corrupción de políticos, funcionarios públicos, empresarios, periodistas y otros involucrados en el proceso más grande de corrupción de nuestra historia republicana, no entendemos cuál es la justificación para adelantar detenciones selectivas direccionadas a miembros de un solo partido político, propiciando con ello una polarización social innecesaria.

Lo que inicialmente pareció una ofensiva fiscal para poner tras las rejas a políticos y funcionarios públicos corruptos que orondamente se pasean por las calles de Lima, ha quedado convertido en una estrategia para golpear a Fuerza Popular. Esta actitud se suma a la anulación del indulto al ex presidente Alberto Fujimori, hace poco más de una semana, por parte del Poder Judicial, en una clara transgresión de la Constitución del Estado. Esta situación, a la luz de los hechos, no hace sino abogar por la tesis “démosle circo y pan” al pueblo ignorante.

Ante todo ello nos preguntamos, ¿qué está pasando con las investigaciones a políticos presuntamente corruptos como Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alan García Pérez, Enrique Cornejo, Alejandro Toledo, Fernando Zavala, Alfredo Thorne, entre otros; a empresarios como José Graña Miro Quesada, Fernando Camet y los demás miembros del Club de la Construcción, así como a estudios de abogados aparentemente prestigiosos y a tantos otros involucrados? Parece que en el Perú existen varias justicias, porque a todos los involucrados en casos de corrupción no se les está midiendo con la misma vara.

Ha pasado más de un año del destape Lava Jato en Brasil y los peruanos no perdemos la esperanza que se haga justicia. Las investigaciones que inicialmente estuvieron a cargo del ex fiscal de la Nación Pedro Sánchez y el equipo liderado por Hamilton Castro —integrado también por el fiscal José Domingo Pérez— estuvieron entrampadas sospechosamente para que el tiempo y la escasa memoria de los peruanos se olvide de un caso de corrupción que ha endeudado a varias generaciones de peruanos por más de US $ 40,000 millones.

Por otro lado, venimos siendo testigos de cómo una gran maquinaria mediática busca —a como dé lugar— sacar de la Fiscalía de la Nación a Pedro Chavarri, pese a que en el poco tiempo que lleva en el cargo ha tomado decisiones que no adoptaron los que lo antecedieron. Por eso nos preguntamos, ¿qué se está buscando con este accionar mediático? ¿Se trata sólo de sacar a Chavarri? ¿Por qué solo se detiene a Keiko Fujimori y a la cúpula de Fuerza Popular?

Es por esta situación de incertidumbre que el pueblo peruano —honesto, emprendedor y trabajador— necesita creer que todavía existe justicia en el Perú. El pueblo quiere saber si el equipo de fiscales, liderado por el fiscal superior Rafael Vela Barba, hará las acusaciones pertinentes para poner tras las rejas a todas las personas que han traicionado la confianza que el Estado les ha brindado.

Ojalá que lo actuado con Keiko Fujimori y FP no sea un acto de venganza política, sino el inicio de una nueva justicia. Así se le devolvería la fe y la confianza al pueblo, y se estructuraría un mejor destino para las futuras generaciones.