No hay sistema de pensiones que funcione así

De lejos es bien fácil criticar y decir que la informalidad es una de las principales causas de la baja cobertura efectiva de los sistemas de pensiones en el Perú. Y en efecto, todos coincidimos en el impacto negativo del empleo de baja productividad sobre la capacidad que puede tener el trabajador para construir un esquema de ahorro para su jubilación.

Pero de cerca, la fotografía es preocupante e indignante. De los más de seis millones de trabajadores que se encuentran afiliados a alguna AFP, dos de cada tres fueron víctimas, en algún momento de su vida laboral, del robo por parte de su empleador. Sea este público o privado, no tuvo ningún reparo en retenerle el 10% de su remuneración más las comisiones por la administración del fondo y la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, y no lo aportó a la Cuenta de Capitalización Individual (CCI) correspondiente.

Esta cruda realidad en impensable en un país como España, en el que la contribución mensual del trabajador es el doble que en Perú, el número de años para obtener una pensión casi 1.5 veces el requisito de la ONP (20 años) y en el que la tasa de pago del empleador es del 100%, porque existe planilla electrónica. Y si el empleador no paga las contribuciones a la seguridad social, lo multan al mes siguiente por el triple de la deuda. No hay manera de que le saque la vuelta a la norma.

Hoy en Perú son 2.2 millones de afiliados los que se han visto afectados alguna vez por el robo de su propio dinero. Son millones los juicios que llevan a cabo las AFP, ONP y Essalud para la recuperación de este dinero, el que permitiría no solo que los trabajadores cuenten con una pensión digna, sino que además ayudaría a brindar servicios de salud de calidad.

Tenemos que corregir las normas y, al mismo tiempo, imponer acciones de fiscalización mucho más efectivas, que hagan que le cueste mucho más al empleador correr este riesgo que insistir en quedarse con un dinero que no le corresponde. Para ello hace falta enfocar nuestros esfuerzos en la planilla única para el Estado, y la planilla electrónica en el caso del sector privado.

En el primer caso, la planilla única impediría que algún gobierno regional o local use como argumento que “no le han asignado presupuesto” para el pago de los aportes a la AFP, ONP y Essalud. Mientras que en el segundo caso, bastaría que el sistema T Plame del Ministerio de Trabajo converse con el sistema AFP Net y con los sistemas informáticos de la ONP y SUNAT. Esto permitiría que apenas se descubra que un empleador incumple con el pago de los aportes del afiliado —a la AFP, ONP y Essalud— sea sancionado inmediatamente vía electrónica.

Desde la AAFP estamos trabajando muy duro con las autoridades competentes para que ningún otro trabajador sea víctima de este robo. Y al mismo tiempo, para que se cumpla con la devolución del dinero que hoy las empresas públicas y privadas le deben al trabajador.