No bajemos la guardia frente ante Sendero

 

En un megaoperativo organizado por el Ministerio del Interior —a inicios de la presente semana— se intervinieron 13 centros penales del país, incautándose chips, celulares, documentos y panfletos a 290 reclusos por terrorismo. Fue parte del plan Averno Rojo 2018, que lleva a cabo la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) para evitar el resurgimiento de Sendero Luminoso.

Durante la requisa —que duró más de 12 horas— se halló valiosa información que demuestra el íntimo vínculo entre Sendero Luminoso y su brazo político, el Movadef, a través de 34 colectivos infiltrados en la sociedad organizada del país. Todos ellos trabajan silenciosamente y con total comodidad en diferentes estamentos del Estado.

Entre ellos figura el Conare, que opera en centros escolares y universitarios; Hijas del Pueblo, movimiento femenino muy activo; y en el campo cultural, Nueva Semilla, por mencionar a algunas organizaciones. Otras están infiltradas en el Poder Judicial, en el Ministerio de Educación y en numerosas dependencias públicas y sindicatos, esperando el momento propicio para desencadenar huelgas y manifestaciones callejeras violentas a nivel nacional.

La participación de 450 agentes de la Dircote, 71 fiscales y 270 efectivos del Instituto Nacional Penitenciario en este operativo no fue casual. Responde a la imperativa necesidad de suprimir el cordón umbilical entre los terroristas presos y los que operan impunemente en libertad, buscando sacar ventaja de la difícil coyuntura política por la que estamos atravesando.

Como señala Marcos Ibazeta, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima y ex presidente de la Sala Penal Nacional contra el Terrorismo, “Si la población no tiene ningún respeto por los políticos y clama a gritos el cierre del Congreso… ¿El escenario para quién quedaría?”. Es lógico pensar que estaría libre y a disposición de una prédica más radical y desestabilizadora de nuestra frágil democracia. Con la sentencia a cadena perpetua de Abimael Guzmán, Osmán Morote, Elena Iparraguirre y otros siete cabecillas terroristas, se han caldeado los ánimos de los senderistas quienes vienen intensificando su accionar en lugares donde la presencia del Estado es casi nula.

Como se recuerda, días antes de la condena a los cabecillas terroristas aparecieron, en los complejos agroindustriales de Tumán y Pomalca, banderolas y lemas del Movadef —con fotos de Abimael Guzmán—, así como leyendas contra el sistema de justicia del país. Nada de esto es casual, ya que responde a una estrategia bien planificada desde los centros penales, de donde salen las directivas para los activistas que se encuentran libres.

Por otro lado, la inseguridad ciudadana, así como el funcionamiento de diferentes mecanismos de control político —maniobrados por el narcotráfico y otros intereses non sanctos— tendrán su impacto en los resultados del proceso electoral del 7 de octubre próximo. Resultados que aprovecharán los senderistas para buscar fortalecerse en su afán de acabar con el Estado formal.

Lamentablemente, los diferentes regímenes que sucedieron al de Alberto Fujimori no se atrevieron a enfrentar con firmeza a los remanentes senderistas que quedaron en el VRAEM, en el Huallaga y en la periferia de las grandes ciudades. Esto se puede corroborar con el surgimiento del Movadef, que se fundó en el 2009. Para colmo, los textos escolares —del actual sistema educativo— no consignan absolutamente nada contra Sendero Luminoso desde el año 2000, al punto que los jóvenes que nacieron a partir de esa fecha desconocen los cuantiosos daños que causaron al país Sendero Luminoso y el MRTA.

Es momento de que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, apoyados por el nuevo sistema de justicia —debidamente reformado— actúen concertadamente para acabar con esta lacra, antes que sea demasiado tarde. Los documentos y los chips encontrados en la requisa de los trece centros penitenciarios nos previenen y demuestran claramente que el enemigo no descansa. No debemos bajar la guardia.