Más allá del plan contra la Sunedu

Quienes pretendan minimizar o relativizar los intereses perversos que existen detrás de la caída del gabinete Cateriano están totalmente equivocados. No solo hay un sostenido plan para boicotear la reforma universitaria y traerse abajo a la Sunedu, también se quiere crear las condiciones para que en el nuevo Congreso y en el nuevo Gobierno, que se elegirán el próximo año, una coalición de diversos intereses mercantilistas logren mayores cuotas de poder, incluso con alta influencia del narcotráfico. Es una coalición que por ahora se puede disfrazar con un discurso contra la Confiep e incluso antiminero, pero que en el fondo representa a nuevas mafias, aquellas surgidas, en gran parte, de la economía delictiva en diversas regiones del país y la capital de la república, durante las últimas tres décadas. 

Los intereses para debilitar a la Sunedu y la reforma universitaria, no solo provienen de las 48 universidades no licenciadas, sino de buena parte de las que, si bien lograron el licenciamiento, dentro de tres o cuatro años tendrán que renovar esos parámetros de acuerdo a la Ley Universitaria (Ley Nº 30220), esta vez adecuándose a los exigentes estándares de las mejores universidades internacionales. Eso explica que los partidos políticos ligados a universidades que sí obtuvieron su licenciamiento, también están detrás del boicot de la reforma universitaria. Y es que, por ejemplo, a un conocido precandidato de Acción Popular, dueño de una universidad, también le resulta incómoda la Sunedu, porque no quiere regulación y control de la calidad educativa y del uso de los recursos financieros, como ocurrió con la Universidad Garcilaso de la Vega. Eso explica su sepulcral silencio frente a la lamentable performance del partido de Paseo Colón. 

No solo eso, hay sectores de la vieja izquierda que tuvieron responsabilidad, por décadas, en universidades, como la San Luis Gonzaga de Ica (no licenciada) y aquellas que pasaron con nota 11 el licenciamiento, como ocurre con la Universidad La Cantuta, a quienes tampoco le conviene las exigencias académicas que pone la Sunedu. Eso explica porque para un sector de la izquierda el tema de la reforma universitaria no sea prioridad y que el patético silencio de casi todos los rectores de la universidad pública, devele cuanto tenemos que avanzar para institucionalizar un sistema universitario meritocrático y de alta exigencia académica. La casi inexistente Federación de Estudiantes del Perú (FEP), en manos de Patria Roja por más de 60 años, revela esta profunda crisis de las élites de la izquierda, en el propio sistema universitario público.

En esta caracterización no quiero comprometer a las universidades públicas y privadas que si hacen esfuerzos por adecuarse a los parámetros de la actual reforma universitaria. Son aquellas que intentan no solo mejorar sus estándares de rendimiento académico, sino que incluso realizan interesantes proyectos de investigación, con el compromiso de sus profesores, autoridades y estudiantes. Varias de ellas, en estos tiempos dramáticos, hacen valiosos esfuerzos por contribuir a mitigar los impactos de la actual pandemia. 

Seamos claros entonces. Los intentos por atacar a la Sunedu durarán por un largo tiempo, sobre todo por el hecho que, como resultado del próximo proceso electoral –que se realizará con las reglas viejas del voto preferencial y las elecciones internas, manejadas por las cúpulas–, será inevitable que los grupos ligados a universidades no licenciadas (y algunas licenciadas) mantengan una alta influencia. Jaime Antezana, especialista en el tema de narcotráfico, ya ha advertido de la existencia de varias narcouniversidades como verdaderas lavadoras de dinero sucio. No es casual que en el actual Congreso hayan sido elegidos por lo menos 30 parlamentarios ligados a estas universidades. 

Pero el plan de sectores ligados a los partidos Podemos, Alianza para el Progreso, sectores de Acción Popular y de la propia UPP (Vega y Virgilio Acuña) va más allá. Buscan el momento propicio para evitar la aprobación de la ley que impide la postulación de candidatos sentenciados en primera instancia y la ley que elimina la inmunidad parlamentaria. Hacen malabares para maquillar un sistema de elección de candidatos en los partidos políticos, donde los propietarios de esos partidos o las cúpulas manejen a discreción la selección de candidatos y sin participación de la ONPE. Y harán todos los esfuerzos para lograr imponer a magistrados afines en la elección del Tribunal Constitucional (TC) porque saben que, con los recursos de garantías previstos en nuestro ordenamiento jurídico, pueden instrumentalizar el TC a sus propios intereses. El impedimento de la movilización ciudadana, por la actual pandemia, es funcional para este nefasto plan. 

Son sectores que incluso estarían dispuestos a promover una vacancia presidencial, de manera abierta, ilegal e inconstitucional, como ya lo ha adelantado un congresista de Acción Popular. A ellos les interesa muy poco la institucionalidad porque crecieron e hicieron dinero y empresa violando la ley, o utilizándola bajo los viejos parámetros mercantilistas. Y lo pueden hacer, paradójicamente, parapetándose en un discurso antiempresarial, antiminero, anticorrupción y contra la Confiep, para lo cual se prestan algunos tontos de la izquierda. Es que para ellos su lema es: “salvo nuestros intereses todo es ilusión”. 

Esta situación refleja patéticamente la imposibilidad de que, con el actual sistema político electoral y la forma de funcionamiento del parlamento, surja en el país una nueva representación nacional, con una mejor calidad y distante de prácticas mercantilistas y de la impunidad. Se muestra así el carácter sistémico de una forma de representación que reproduce cíclicamente la separación de representantes y representados, en la que los candidatos prometen una cosa en las campañas electorales y hacen otra cuando son elegidos; con honrosas excepciones, por cierto. En el fuero parlamentario, como ocurre en estos días, poco a poco la demanda del interés público cede ante el predominio de los intereses invisibles de los particulares, nada santos, y que ahora se han hecho evidentes. 

En suma, es una representación hueca, vacía de contenido moral y propicia para legislar y utilizar el parlamento como un instrumento de presión y de chantaje, funcional a sus intereses particulares. Y no hay ningún indicador que muestre que la próxima representación parlamentaria será superior que la actual. Ojalá que me equivoque.