Los costos de la injusticia

 

 

La reforma del sistema de administración de justicia peruano es una deuda pendiente ante la historia. Es un acto de afirmación de nuestra autoestima nacional, y una tarea fundamental para enraizar la modernidad, la democracia y el estado de derecho en nuestras tierras. De un modo más específico, contar con una administración de justicia proba y eficiente constituye un objetivo de inmenso efecto multiplicador sobre varias dimensiones de nuestro quehacer social.

Desde diversas perspectivas disciplinarias se concluye que las personas no somos ni buenas ni malas —es decir, carecemos de una “preprogramación teleológica y ética”— y que nuestras conductas son primaria y sustancialmente inducidas por los sistemas de incentivos que nos rodean. Expresado coloquialmente, “en arca abierta, hasta el justo peca”.

El sistema de administración de justicia complementa al rol de formación ética que corresponde a los diversos espacios sociales en los que el individuo interactúa, incluyendo como fuente primaria al entorno familiar. Acertadamente ha sostenido el psicoanalista y psiquiatra Eduardo Gastelumendi: “La ley del padre ordena no solo las relaciones entre los miembros de la sociedad —de un modo diferente al sistema legal—, sino que fundamentalmente determina la estructura mental del individuo, su manera de sentir, su capacidad de pensar claramente y su actitud ética. Por ello, define también el modo en el que el sujeto se relaciona, desde su fuero íntimo, con las normas jurídicas en un Estado de derecho”*.

Y precisamente el rol fundamental de todo orden jurídico y de sus instrumentos de ejecución de la ley (enforceability, en inglés) es el de servir como sistema de incentivos para promover las conductas socialmente valiosas y desincentivar las dañosas, distribuyendo equilibradamente los riesgos y costos asociados a los actos de las personas, y protegiendo los derechos de cada quien. Cuando los mecanismos normativos y de ejecución legal son deficientes, contribuyen a promover la vulneración de derechos, así como a generar riesgos y costos que otras personas se ven forzadas a asumir.

Aún más, esas deficiencias, al coadyuvar a la propagación de conductas disfuncionales propician su enraizamiento cultural en la vida cotidiana de las sociedades, lo cual a su turno crea costos generales y relativamente permanentes que todos debemos afrontar. Así, por ejemplo, como argumentó Fukuyama en otra de sus seminales obras, publicada en 1995, la confianza es ingrediente fundamental para la creación de prosperidad en las sociedades, y la falta de ella cataliza la perpetuación del subdesarrollo y de la pobreza.

Desde una perspectiva económica, la confianza reduce los costos de transacción. De modo más general, la confianza es el cemento con el cual se forjan las interacciones sociales; a la vez, la calidad e intensidad de estas facilita el fortalecimiento de aquella y desincentiva las conductas oportunistas. Si bien la confianza se genera en la esfera de las relaciones sociales, solamente adquiere vigor en tanto exista una estructura normativa y de ejecución legal de respaldo; es decir, como opción para exigir —o imponer, de ser el caso— el cumplimiento de los compromisos asumidos.

En el Perú, las agudas deficiencias en los mecanismos normativos, y particularmente en los de ejecución legal (llámense sistemas judicial y administrativo), ha coadyuvado a crear una cultura de masiva desconfianza. Todos incurrimos en inmensos costos, muchos de los cuales yacen en nuestro inconsciente, para actuar defensivamente dentro de un contexto en el que la palabra empeñada y hasta la firma estampada valen muy poco frente a la cotidiana realidad de incumplimientos y conductas delictivas.

Pero los riesgos y costos generados por la desconfianza y por la desprotección legal no son iguales para todos: las personas más afluentes cuentan por antonomasia con mayores recursos para protegerse frente a las conductas oportunistas o delictivas de otros, o para internalizar los costos que estas pudieran generarle. Por el contrario, las personas que viven en condiciones de pobreza suelen ser más vulnerables frente a los riesgos y costos de tales conductas. Esto nos permite subrayar el rol que la desconfianza y la desprotección legal desempeñan como factores causales y perpetuadores de pobreza, cuestión que se sigue soslayando en los diseños de los programas sociales del Estado.

Ya en el plano de lo concreto, las consideraciones precedentes encuentran evidencia empírica en situaciones como la de las obligaciones de paternidad. Nuestras calles se encuentran abarrotadas de niños sometidos a distintos grados de abandono familiar, causados en gran medida por la indefensión de ellos y de sus madres para lograr que una autoridad judicial imponga a los respectivos padres el pago de pensiones alimentarias. Es decir, particularmente —pero no de modo exclusivo— para los hombres, que forman parte del 75% de la PEA operando bajo condiciones de informalidad, el costo de procrear suele ser cero, pues la probabilidad de ser condenado al pago de una pensión alimentaria es baja, y mucho más remota aún es la probabilidad de ser compelido a efectivamente pagarla. Esto propicia la irresponsabilidad paternal, y genera inmensos y diversos costos para los hijos y madres abandonados, así como para la sociedad toda.

Sería una afrenta para las generaciones futuras que llegásemos a la fecha del Bicentenario de la Independencia sin haber avanzado en la tantas veces preterida tarea de la reforma del sistema de administración de justicia. La resistencia al cambio es y seguirá siendo inmensa, particularmente cuando hay tantos poderosos intereses beneficiándose en ese lodazal. Quienes abrigamos a la decencia como norma de conducta, aún a pesar de marchar a la sombra de distintas banderas partidarias o credos, debemos unir esfuerzos aquí y ahora para asegurar que esta vez sí se inicie y fructifique la reforma judicial. ¡Que la infamia de haber consentido la ignominia judicial no se convierta en el epitafio de las generaciones presentes!

*GASTELUMENDI, Eduardo. La ley y la función paterna. El Comercio, agosto 19, 2018