Los congresistas “pospago” y sus disparates

Parece que muchos de los actuales congresistas imaginan que los pobres del Perú tienen las mismas formas contractuales o costumbres de ellos, de los sectores medios y altos, para acceder a los servicios de telefonía, Internet, agua, desagüe y electricidad. Por ejemplo, imaginan que la gran mayoría de los sectores más bajos de la población tienen un celular mediante la modalidad “pospago”, cuando en realidad usan el mecanismo “prepago”. Es decir, recargan los datos de su celular, según los ingresos que obtienen diariamente. En casos extremos de desinformación, otros creen que el servicio para que esos sectores pobres puedan acceder al programa “Aprende Perú”, implica un pago mensual, cuando en realidad ese servicio es gratuito. ¿Ni siquiera saben eso?

Ya en el pasado, con el anterior Congreso, la mayoría de parlamentarios tuvieron la absurda idea de aprobar una ley que permite que los padres de familia, aquellos que tienen sus hijos en colegios privados, estar solo obligados al pago de una sola cuota de pensión al año y los propietarios obligados a brindarles educación gratuita, los meses restantes. No les interesaba si después los colegios no tenían ingresos para pagar la planilla de los docentes, si eso implicaba descapitalizar miles de emprendimientos educativos, la ausencia de nuevas inversiones en infraestructura y materiales educativos y, probablemente la quiebra del colegio o condenarlo a un centro educativo de mala muerte. Lo que querían los parlamentarios era ganarse a un sector de padres de familia con medidas demagógicas, pero no ir a las causas de fondo. 

Según Osiptel y una encuesta desarrollada por Ipsos Apoyo, a nivel nacional, de cada 10 peruanos que tienen celular, seis de ellos tienen la modalidad prepago. En consecuencia, ¿a quién favorece en realidad aquella exigencia de los parlamentarios que pretende impedir que las operadoras de los servicios de telefonía móvil corten el servicio a las personas que no han podido pagar sus recibos durante todo el tiempo que dure la actual crisis sanitaria? No favorece a los más pobres, sino a los sectores medios y altos, que utilizan la modalidad pospago, porque estos sí tienen sus sueldos asegurados o ingresos suficientes. Pero los parlamentarios, encerrados en su burbuja, creen que un poblador de escasos recursos tiene un celular pospago, como el de ellos. Y que, dicho sea de paso, ahora se los paga el Estado. 

La justa acción que deberían realizar los parlamentarios es que las empresas operadoras de telefonía móvil, mejoren y agilicen los procedimientos para que los usuarios puedan realizar el fraccionamiento de sus pagos en plazos razonables. Y esa parece la actitud correcta que acaba de tomar Osiptel, prorrogando el plazo de pago hasta el 15 de junio y lograr una fase suficiente para estos compromisos de fraccionamiento. Es decir, lo que el ente supervisor no quiere, es fomentar la política del “perro muerto”, sino flexibilizar los procedimientos para el pago de los usuarios. En lo que no se puede ceder es que sí tiene que realizarse los pagos por el servicio y no fomentar la cultura del no pago o la cultura del perro muerto. 

Como los parlamentarios “pospago” no usan los autos - colectivos para trasladarse de un lugar a otro, aprobaron recientemente una ley que obligaría al Estado a formalizar a los llamados “colectiveros”, sin imaginar siquiera que esas unidades se convertirían, no solo en un factor de mayor desorden del transporte, sino también en focos móviles de contagio del Covid-19, en toda la ciudad; sobre todo ahora en invierno, cuando la gran mayoría discurre con las ventanas cerradas. A ellos lo único que les interesa es quedar bien con una clientela, en la ilusa pretensión de que en las próximas elecciones serán sus fieles votantes. Los parlamentarios creen que sus medidas son populares cuando en realidad, varias de ellas solo favorecen a otros sectores y en muchos casos, a la larga o a la corta, terminarán afectando a los más pobres. 

Ocurre que una característica del populismo radica en pensar solo en la acción inmediatista, sin imaginar que a la larga este tipo de políticas cortoplacistas, pueden terminar por descapitalizar nuestra economía, aumentar el desorden en las calles o agravar la presencia del Covid-19. No imaginan siquiera que una extendida descapitalización de las empresas terminará tarde o temprano en afectar a los propios pobladores a los que supuestamente pretenden beneficiar. Es que, si el país y el sector empresarial termina por ingresar a una lógica de colapso por la ruptura de la cadena de pagos, volveremos a las épocas del primer gobierno de Alan García y del segundo de Fernando Belaunde, ahí donde los subsidios, el mercado negro, el estatismo, por angas o por mangas, terminaba por crear servicios de pésima calidad y donde los más perjudicados, son los más pobres.

Si la descapitalización se profundiza, los otros perjudicados serán los trabajadores, porque entonces la quiebra empresarial será inevitable. Es precisamente, lo que podría ocurrir si el gobierno y, sobre todo, el Ministerio de Trabajo, prosiguen en poner una serie de obstáculos para que las empresas que han solicitado acogerse al mecanismo de la “suspensión perfecta”. Si ese comportamiento prosigue, a miles de empresas no les quedará otra cosa que declararse en quiebra y, en ese caso, el despido masivo es inevitable, casi como la ley de la gravedad. Un elemental raciocinio económico nos debe llevar a hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué preferimos, que una empresa suspenda temporalmente el pago de salarios a un trabajador, pero salvaguardando ese puesto, para cuando la economía se recupere en el tercer o cuarto trimestre del año o preferimos que la empresa quiebre y el despido masivo sea inevitable? 

Lo que no entiende el populismo es que no se puede separar el binomio capital - trabajo. Si no existe capital, no habrá trabajo y si se provoca una masiva quiebra de empresas los más perjudicados serán los trabajadores. Nadie que esté en su sano juicio puede aceptar que una empresa prosiga pagando salarios, durante más tres meses, si no tiene ventas, ingresos y créditos. Pero los parlamentarios y sectores del gobierno ni siquiera hacen un esfuerzo mental por entender el fenómeno que atravesamos.