Los antivalores en el proceso electoral

A quince días de la primera vuelta, la realidad del proceso electoral vivido nos enfrenta no solo a comprobar la atomización de los grupos electorales, muchos de ellos con una precaria existencia ideológica y programática, sino también a una falaz estructura de propuestas. Ello se debe, a mi parecer y entre otras razones, al proceso de demolición que han sufrido los partidos políticos –antes sólidos, coherentes y estructurados–, a los que se ha satanizado con la finalidad de que su inexistencia motive precisamente lo que hemos visto el 11 de abril.

Como consecuencia de ello han surgido muchos grupos políticos, entre los que pudo verse similitud en muchas de las ideas respecto al gobierno y al futuro del país; pero el mesianismo y el personalismo impidieron que entre grupos bastante similares primara la cuerda convivencia y el acercamiento. Hoy el país vive una fragmentación muy peligrosa, y una desorientación, más allá de que la desinformación y de una campaña basada en el ataque como una herramienta casi exclusiva de comunicación, pueden llevarnos al borde del abismo. Hemos visto también cómo la improvisación, la soberbia, el ser autorreferente no premia ni convence, y de ello hay que aprender para que sea la humildad y el sentido de responsable servicio lo que prime. Más de un candidato ha demostrado que solo le interesaba un minuto de vana y pobre gloria, lo que en el argot criollo llamamos ser “figureti”. Es de esperar que no tengan una conciencia cauterizada de manera que puedan, si es que la soberbia no los domina, darse cuenta que han hecho daño y que han generado repudio, frustración y rechazo.

Pasada esa primera fecha, hay otros asuntos que deben ser analizados y sopesados para el futuro inmediato; para lo que se definirá el próximo domingo 6 de junio. Veo principalmente la incapacidad de un sector del electorado de comprender no solo el riesgo que puede llegar para el país, sino que se sigue pensando en un voto de “reclamo”, un voto de protesta. Y si bien es indispensable entender que el país exige un cambio que implique realmente la equidad, la justicia y el bienestar, esos objetivos no se lograrán con la violencia ni con el enfrentamiento, y mucho menos con un voto emitido con la sola emoción y no la razón. Mucho de lo que nos aqueja como país es fruto de la corrupción, del robo y de la irresponsabilidad con que gobernantes y autoridades han hecho del servicio en el Estado una forma de latrocinio; pero esa realidad no puede llevarnos al nivel de creer que todo ello se remediará, precisamente, inoculando veneno.

Y de esa realidad que ahora repudiamos, no están exentos los gobernantes de los últimos 10 años ni mucho menos los gobiernos locales y regionales. Basta con mencionar, por ejemplo, a aquellas regiones ricas y poderosas, hoy empobrecidas; allí el dinero ha fluido, pero a los bolsillos de las autoridades de turno. O en el mejor de los casos, para los allegados. Regiones que siendo potencialmente extraordinarias en sus recursos y riquezas, experimentan hoy mayor nivel de pobreza extrema porque en sus autoridades no ha habido ni transparencia, ni eficiencia, ni voluntad de ser honrados y servidores. Y ellos, quienes han fracasado, pretenden aplicar la misma “estrategia” para conducir un país que exige prudencia, sabiduría, humildad, rectitud y eficiente gestión, no discursos altaneros ni escondidos en prédicas trasnochadas que, a nivel mundial, solo demuestran fracaso. Esas nefastas autoridades han olvidado que es realmente poderoso el que más sirve, el que más entrega, el que más se da. Y es por ello que traigo a colación una célebre frase de Andrés Avelino Cáceres: “Nadie puede tener razón si es contra el Perú”. Es decir que quienes pretenden entronizar el caos y el desgobierno, la ineficiencia y el discurso barato, la incapacidad demostrada y la aplicación de ideologías nefastas, están contra el Perú.

Sin duda alguna es urgente revertir muchos males en nuestro Perú. Y para ello es necesario firmeza, transparencia y honestidad y, sobre todo, mantener un Estado de Derecho que permita, dentro de los cauces de la legalidad, transformar al país en un Estado moderno, poderoso, productivo y justo, en el que el futuro sea una palabra que implique esperanza y no temor.

Y más allá de lo meramente discursivo en este proceso electoral, si hay un ámbito en donde se ha pervertido el Estado es en la aplicación de justicia. La corrupción, la falsa legalidad, la impunidad y la lentitud de los procesos judiciales han llevado a la tácita comprensión de que la justicia no existe; o que como tarda tanto, es realmente injusta, por no decir inexistente. Este campo, uno de los primeros en los que el nuevo gobierno, en el marco de la ley, tiene que intervenir para dar señales claras de que no se colude con la corrupción ni con conductas que traicionan la esperanza justa de los peruanos.

¿Que hay mucho por hacer? ¡Ya nos lo decía Vallejo! Ese mucho hay que hacerlo en orden y con legalidad; pero con firmeza y con resultados visibles, notorios, prontos, reales y tangibles porque el país no puede vivir más postergación. No se trata de tener un Estado “dadivoso y paternalista”, se trata de un gobierno ejecutor, que gerencie con habilidad y que promueva el desarrollo a través del empleo, el imperio de la ley, el orden fiscal, para que los impuestos no ahoguen a los pequeños y se promueva la industria. Así podrá superarse poco a poco la informalidad que, si bien ha sacado adelante a algunas personas, lleva a mayor pobreza a muchas otras y a la dependencia de un precario “día a día”, sin que ello permita la construcción de un mañana.

La población solo pide, en la mayoría de los casos, no regalos baratos que compran conductas y conciencias, sino trabajo constante y bien pagado, con lo que se mueve la maravillosa cadena que permite que el dinero no solo circule, sino que sea obtenido con orgullo, justicia y esperanza. El nuestro es un pueblo trabajador y hay que darle las herramientas, no solo el regalo. El asistencialismo debe ser circunstancial y nunca permanente.

Lo que nos depare el futuro es una responsabilidad que recaerá tanto en el grupo elegido como en cada uno de los peruanos que así lo decidan. Y también en aquellos que no resulten electos, porque el futuro nos pertenece a todos.