Los antimineros

El primero es el Estado: pone trabas burocráticas y no acompaña las inversiones.                

La minería en el Perú es una actividad fundamental para el desarrollo. Contribuye con aproximadamente US$11,000 mil millones anuales a la economía. Por eso resulta insólita la actividad anti minera en el Perú. Hay diez millones de peruanos sin agua ni desagüe, tenemos un déficit de infraestructura productiva y social de US$88,000 millones; solo el 19%  de los agricultores tienen acceso al crédito; la informalidad es del 75% de la economía. Los peruanos no podemos  ser un país anti minero, ni despreciar los recursos que la minería aporta al país.

¿Quiénes son los anti mineros? Son tres grupos que coinciden en su actividad de sabotaje. Primero están las vanguardias ideologizadas que cambiaron de catecismo, dejaron el marxismo y la lucha de clases para convertirse en ecologistas “radicales”; financian sus actividades a través de ONG “verdes”. Se organizan en “Frentes de Defensa Ambientales”, y son producto de la crisis de representación política. Ningún partido político expresa los intereses, temores y esperanzas de las comunidades o pueblos donde se desarrolla la inversión. Los partidos políticos han abandonado el Perú, y solo aparecen cuando llegan las elecciones o están en el Congreso dando tristes espectáculos de corrupción. Estas vanguardias deben ser derrotadas políticamente, reitero, políticamente. La represión policial y judicial los hará más fuertes.

El segundo grupo antiminero más organizado e “ilustrado” es de la “burocracia corporativa empresarial”. Son los ejecutivos de las empresas mineras que, desde sus oficinas limeñas, y de forma prepotente, pretenden imponer una visión sobre el desarrollo, el mercado, y el medio ambiente. NO conocen el Perú. No tienen idea de las diversas formas de pensar, sentir y actuar de las pueblos. La prepotencia y la soberbia es su divisa. Se enfrentan a las comunidades como si fuesen representantes del orden colonial pasado. Esta burocracia, “educada” en el extranjero, no tiene la capacidad de persuadir sobre la importancia de la inversión minera; son los primeros anti mineros del país. Los casos Conga, Tía María y Tambogrande demuestran la informalidad de cómo desarrollan sus proyectos de inversión.

Pero, si alguien debe ser condecorado por antiminero es el estado. No sólo son las trabas burocráticas, sino también la falta de planes, de protocolos de acompañamiento a las inversiones. Las empresas y las comunidades o pueblos marchan cada uno por su lado para ver “cómo se entienden”. Los sucesivos gobiernos democráticos han sido incapaces de fomentar la inversión en forma armoniosa. La incapacidad de informar o simplemente organizar una asamblea popular en es patética. Esto merece una reflexión nacional.

Ha llegado el momento de cambiar el modelo de inversión minera en el Perú. Es tiempo de que las comunidades o poblaciones se conviertan en socios de las empresas y reciban un porcentaje de las utilidades de las ventas reales. Los ejemplos de Canadá y Chile, donde los “Mapuches” y otras comunidades negocian su incorporación a las empresas como socios, son dignos de imitar. Serán las comunidades o pueblos los responsables de darle legitimidad a la inversión y de proteger el  medio ambiente. Las comunidades y las empresas mineras pueden juntas iniciar una verdadera revolución social. Solo, necesitamos que el nuevo PCM garantice elecciones limpias y que el Presidente Humala siga bailando “Landó”.

Por Tino Santander Joo
14 - Abr - 2015