Lo que nos dejan las contramarchas en el proyecto Tía María

Quisiera pensar distinto, pero tengo la percepción de que la crisis a que ha llevado con la suspensión del proyecto Tía María guarda mucha relación con la necesidad de aprobación popular, inmediata y sin filtro, que gusta tener o necesita tener el presidente de turno. Puedo comprender que hay empresas mineras que cargan un importante pasivo negativo respecto a la atención respetuosa a la población y al medio ambiente, pero no me atrevo a pensar que todo ello es responsabilidad exclusiva de esas empresas. Hay culpas compartidas con el propio gobierno, que muchas veces no ha sabido gestionar ni supervisar adecuadamente la implementación de la inversión minera. Y no pocas veces, como en el caso de Tía María, se ha dejado llevar por presiones coyunturales, sin medir el riesgo que significa ceder ante esas presiones, y la irresponsabilidad a que conduce la paralización de un sector tan importante como es la minería.

Hay detalles que hacen más grave esta situación. Como cuando una entidad supuestamente autónoma, el Consejo de Minería, responsable de decidir en última instancia sobre los temas de su sector, lo hacen bajo presión, coacción, miedo o ignorancia culposa, y toma decisiones sin haber sopesado, de manera autónoma y responsable, las resoluciones que emite. No obstante, se ha dado una especie de tregua de 120 días, en los que la empresa Southern Peru Cooper Corporation debe resolver las no pocas observaciones que se ha hecho al proyecto presentado, y el gobierno debe hacerse responsable de tener presencia en la zona. Solo así no parecerá que la situación se dilucida entre una empresa y una entelequia popular, sino entre un Estado responsable y capaz y una empresa que quiere mostrarse eficiente, responsable y moderna.

Esta experiencia debe, no obstante, servir de oportunidad para reflexionar sobre las consecuencias que se están generando en la imagen internacional, en lo que Cotler denominó “desborde popular”, en la inversión detenida, en la economía, en el desarrollo de la minería, en los puestos de trabajo y en la posibilidad de demostrar que, con una justa y estricta supervisión, la minería no se opone, necesariamente, a medio ambiente, progreso y bienestar. Hay que superar la politización y uso ideológico del conflicto que se han generado. A mi entender, el proyecto cuenta con la aprobación mayoritaria de la población, con la salvedad de que ese sector, amplio y contundente, no usa huaracas, no bloquea carreteras ni puentes, no soborna a la población ni la usa a su favor, ni la arrincona con mensajes subliminales orientados a generar terror y rechazo a la inversión en minería.

Quizá podría decir que los grupos antimineros, apoyados por diversas autoridades y organizaciones no gubernamentales, que cuentan con importantes fondos y manejo de masas, se han adelantado, y que la empresa ha actuado con cierta lentitud o, quizá, con exceso de confianza. Pero ¿por qué tendría Southern que dudar de una licencia otorgada? ¿Será que hay que dudar siempre de las decisiones poco técnicas y en exceso políticas de este gobierno? ¿Quién responde por la paralización del país, las pérdidas, la crisis de confianza internacional, el retroceso y por la manera en que se está viendo afectada nuestra economía ahora, y en el futuro la paz social(*), el principio de autoridad y la institucionalidad? Y todo ello en el marco de una supuesta lucha contra la corrupción, que lejos de mostrar resultados en este sentido, no hace más que agravar la situación, pues es corrupción no atender los intereses reales y transparentes de la población.

Es responsabilidad del Estado, de un Estado de derecho, informar adecuadamente sobre la existencia de estudios serios y confiables respecto al impacto ambiental. Es obligación del Estado de derecho mantener la institucionalidad y no interferir en las decisiones de entidades autónomas. Es responsabilidad del Estado de derecho evitar, controlar y jamás propiciar movimientos sociales radicales; y no apoyar a las expresiones que no representan el sentir mayoritario de la ciudadanía.

Sin embargo, toda esta situación puede ser revertida si el Gobierno depone su conducta bastante errática, es consecuente con la autorización y licencia otorgadas, pone el orden y hacer respetar el principio de autoridad sin miedo, supervisa objetivamente el proyecto en detalle (con un seguimiento estricto) y deja de dar marchas y contramarchas que crean desconcierto y desorientación. Del mismo modo, la empresa debe definir su política comunicacional, ser proactiva y enfrentarse con argumentos al cumplimiento estricto de las normas y pautas que ha suscrito como compromiso.

Si es cierto que el Perú está primero, no debemos desperdiciar esta crisis, entendiéndola como una gran oportunidad de mejorar y aprender.

*“La paz jamás es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer. el cuidado por la paz reclama de cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia por parte de la autoridad legítima.” (Concilio Vaticano II. Gaudium et Spes 78).