Llorando por la mermelada

Una de las principales características del socialismo tropical, en Cuba y Venezuela, es que el fracaso está recubierto de frondosa publicidad estatal que procura convencer a la gente de que las cosas van bien. Y que todos los males que padecen son culpa de los enemigos del pueblo y que, por lo tanto, se requiere más patriotismo y sacrificio para seguir en la lucha hasta vencer. Algo parecido hemos visto acá en este último año en que la prensa se ha dedicado a culpar al fujimorismo de los fracasos del Gobierno.

Cuando un Gobierno, ministerio o entidad pública carecen de resultados, solo les queda apelar a la publicidad. Esta ha sido institucionalizada por los magos del media marketing, que cuentan con oficina propia en todas las entidades del Estado. Por eso no me extraña ver periodistas defendiendo estas prácticas. No es nada nuevo, pero ha crecido mucho y de diversas formas. Ahora han dado un paso más con la oficina de social media, que es una granja de trolls dedicados al activismo en redes sociales.

El aumento descarado del gasto en ociosa publicidad estatal evidencia un accionar mafioso destinado a comprar conciencias. Así terminan financiando medios a cambio de apoyo político. Es como operan las mafias: van corrompiendo con su dinero mediante operaciones que parecen lícitas, pero saben que el dinero actúa como droga generando dependencia y lealtad. Así actuaba Odebrecht con los políticos, y así ha venido actuando el Estado con los medios.

Cuando todos callan, las malas prácticas se consolidan, se institucionalizan y acaban siendo justificadas como necesidades. Por eso escuchamos argumentos burdos como “el Estado necesita comunicar”, o el más chabacano “el ciudadano tiene derecho a la información”. Otros incluso se han atrevido a decir que cortar la publicidad del Estado en medios privados es un “atentado a la democracia”. Y es que las palabras sirven para cualquier cosa, hasta para justificar el despilfarro.

El proyecto de Mauricio Mulder parece elaborado en un café, sin mucha prolijidad, pero la idea central es buena. Ha sonado a herejía en un país acostumbrado a soltarle la soga al Estado, dándole más poder y capacidad de gasto sin reservas. Me ha dado risa ver a tanto progresista defendiendo la mermelada de los medios privados. Son los mismos que critican la compra de la prensa por Montesinos, pero hoy justifican que el Estado prostituya a la prensa con publicidad.

Es descarado que los ministerios y organismos públicos más inútiles se dediquen a reforzar su imagen mediante publicidad insulsa. Eso tiene que ser cortado de plano. Si el Estado necesita comunicar algo importante puede usar mensajes de texto. Ya hemos comprobado su eficiencia en varias campañas. Todo el mundo tiene un celular, pero no todos compran diarios y ni escuchan radio.

Cambiando de tema, Lima ha empezado de pronto a oler a caviar podrido. No son las conservas contaminadas de China, sino la caviarada local, los dueños de la verdad, los defensores de la moral y luchadores anticorrupción, que al fin ha quedado al descubierto como los reales farsantes que son. Se ha confirmado lo que todos sabíamos: la multimillonaria campaña por el “no” en la revocatoria de Susana Villarán fue financiada con los sucios dineros de la mafia brasilera; lo mismo que su descarado intento de reelección, luego de jurar que nunca más se presentaría a elecciones.

Es hora de sentarse a ver pasar el cadáver de estos farsantes. Esperemos que la Fiscalía se digne actuar con la misma prontitud y diligencia que contra Keiko. Los destapes empiezan a embarrar al mismísimo presidente PPK. A estas alturas ya no le conviene seguir apelando a la investidura presidencial para callar. Estas son las cosas que pasan cuando dejamos que la mafia caviar, encaramada en el poder desde hace dieciséis años, nos cuente cuentos de terror sobre los noventa.

¿Se imaginan ustedes lo que pasaría en este país si el Congreso tuviera mayoría ppkausa, con la prensa aceitada, la fiscalía acaviarada y el Poder Judicial rojo? ¡Pobre Perú!