Legislación sobre armas: sesgo ideológico y corrupción

No debe otorgarse discrecionalidad en la calificación del motivo para solicitar una licencia de armas, del mismo modo que nadie bien intencionado y en su sano juicio propondría otorgar al funcionario discrecionalidad para otorgar licencias para conducir, exponiéndolo a discriminación racista, ideológica, religiosa o sexista(*). Carece de sentido otorgársela al funcionario de Sucamec.

Los que peinamos canas recordamos los tiempos de la dictadura militar socialista procastrista de Juan Velasco Alvarado, cuando hablar mal en público del dictador o sus ministros podía llevarte a un calabozo o al destierro. Tiempos anteriores a los celulares con cámara, en que (narrado entre lágrimas a mi abuelo delante de mío, por un conscripto cajamarquino cercano a la familia) los reclutas recogieron en camiones “NN” a provincianos abatidos por ráfagas de ametralladora en las calles del centro de Lima por protestar contra el hambre causado por el dictador, sin CVR ni “memoria histórica” que los recuerde.

La tecnología y la facilidad de registro y comunicación de los abusos ha forzado a los totalitarios de todo tinte a ser más creativos, pero el riesgo de abuso no ha disminuido. Por eso la técnica legislativa democrática moderna recomienda listados taxativos de requisitos con nula discrecionalidad del funcionario. 

Cuando un funcionario público tiene en sus manos decidir “según su criterio” si el ciudadano que solicita un premiso, autorización o licencia lo merece o no, se abren de par en par las puertas del abuso. Esos abusos van desde favorecer a los simpatizantes ideológicos hasta bloquear o demorar ad Infinitum las solicitudes de los que no son de su simpatía. Invariablemente eso genera “facilitadores” que por un generoso “premio” están dispuestos a pasar por alto ese desliz libertario de atreverse a pensar distinto y expresarlo.

En nuestros día cualquier anomalía sospechosa en una solicitud activa fácilmente alarmas en el sistema e informa a la autoridad competente para iniciar una investigación. Así se usan más eficientemente los recursos provenientes de nuestros impuestos sin dañar el  derecho del ciudadano respetuoso de la ley.

Como dato adicional, sería importante que el Congreso investigue las versiones confidenciales provenientes del VRAEM acerca de la ejecución, ininterrumpida hasta hoy, de una instrucción de desarme de los heroicos comités de autodefensa (que contribuyeron a derrotar a Sendero) conformados por campesinos religiosa y políticamente  conservadores, paralelamente a una campaña de entrega de armas y de autoridad policial a las rondas campesinas, compuestas por campesinos “progresistas”, marxistas o cercanos al narcotráfico.  

Hay además otro tema serio relacionado con el tráfico ilegal de armas y municiones. Según la información estadística de carácter público, apenas asumió Pedro Castillo, aparecieron empresas importadoras de armas autorizadas con locales en barrios de poca capacidad adquisitiva, que han estado importando centenares de carabinas AR15 y vendido en corto plazo decenas de armas idénticas a individuos que recién habían obtenido licencia. Una situación que habría continuado incluso durante el Gobierno de Boluarte. Es natural sospechar de la complicidad de funcionarios de Sucamec. Las armerías serias saben que el mercado formal para ese tipo de armas (que son caras) es pequeño, y las suelen importar en lotes pequeños, usualmente con depósito o compromiso previo de compradores serios y conocidos. 

Las opciones, no excluyentes entre sí, para esto son:

1. a) Alguien ha venido armando a sus huestes (“correrán ríos de sangre”).
2. b) Han estado armando empresas ilegales de seguridad para proteger el narcotráfico la minería ilegal y la tala ilegal. 
3. c) Están abasteciendo el mercado negro y el contrabando.  

Prohibir u otorgar facultades legislativas no solucionará nada, porque el problema no es la ley sino las personas. Toca al Ministerio Público y a la Policía Nacional investigar quien vendió, quienes compraron realmente tantas armas idénticas en tan corto plazo, quienes compraron municiones muy por encima de sus ingresos formales (UIF) y quienes lo dejaron pasar. Y luego capturar esas armas y procesar a los autores y cómplices.

Resulta curioso que el problema haya surgido durante el mismo Gobierno –encabezado por políticos de origen e ininterrumpida trayectoria marxista, cuyos funcionarios, por omisión de funciones, han permitido que se agrave un problema de seguridad– solicite ahora facultades para modificar una ley que ellos no han cumplido. No perdamos de vista que el modelo dictatorial del socialismo del siglo XXI (cuya primera señal es siempre el desarme de los civiles honestos) tiene la virtud de adaptarse a cada realidad y manipularla para adecuarla a sus planes.

No son la ley sobre la materia ni su reglamento los que requieren modificaciones, sino los criterios de selección y control de los funcionarios de Sucamec.

* Durante un largo período de la historia reciente DICSCAMEC negaba licencias de porte a mujeres o las otorgaba solo para los calibres que el funcionario consideraba “apropiado para mujeres”.