Las huelgas y los derechos de los trabajadores

Una tregua por el bien del Perú

Al día de hoy se cumplen más de 50 días de huelga de las federaciones de los médicos y profesores que trabajan en entidades públicas, huelgas que afectan a miles de niños que no pueden asistir a sus clases y cientos de pacientes que no pueden recibir atención. Los médicos y los profesores han optado por esta medida de fuerza porque entienden que están en su derecho de hacerlo; tienen una lista de pedidos que no han sido atendidos y recurren a esta acción para llamar la atención del Estado y forzar a una solución que se incline a la atención de sus requerimientos.

El asunto se agrava de manera sustantiva porque estamos hablando de dos temas que resultan derechos fundamentales y, por tanto, sobre los cuales la provisión a los ciudadanos debe estar garantizada por el Estado. La solución a esta primera premisa resulta clave para entender que, en efecto, somos un país rumbo a la OECD, en el que existe igualdad de oportunidades y de derechos, independientemente de la condición socioeconómica. Pero los que están siendo afectados son los ciudadanos que no pueden pagarse un colegio o una clínica privadas.

Es por ello que el Estado debe garantizar que los alumnos y los pacientes reciban la atención a la que tienen derecho, y para eso se debe contar con un esquema jurídico que permita a las direcciones regionales contratar de manera automática, de forma temporal y extraordinaria, al personal necesario y con las acreditaciones requeridas. Esto debe estar debidamente sustentado en el presupuesto, pues se trata de una situación de urgencia nacional.

En paralelo, el derecho de los trabajadores a reclamar vía huelga debe ser atendido; y eso supone sentarse a conversar, porque estos funcionarios son parte del Estado que debe proveer el servicio de calidad al ciudadano. Y aquí pareciera que el diálogo no está claro. Las comisiones de alto nivel constituidas deben ser capaces de negociar y acordar un plan mutuamente creíble de aumento de sueldos, pago de obligaciones pendientes —en el caso del Sistema Integral de Salud (SIS)— y lucha frontal contra la corrupción. Y eso supone una voluntad de conversación empática, no ideologizada.

Es obvio que para pagar mejores sueldos, las direcciones regionales deben reducir gastos. En el caso de salud, por ejemplo, invertir en el expediente electrónico le permitiría —luego de una inversión inicial que puede conseguirse con financiamiento de la cooperación internacional— reducir el gasto corriente en al menos 30%; y a eso se suma la instalación de cámaras de atención —como existe en los países de la OECD— que pueden incrementar la productividad y calidad de la atención en al menos 20%. En suma, todos ganamos, pero eso requiere no descuidar lo importante por lo urgente y trabajar en dos capas: la inmediata y la de largo aliento.

En el caso de educación, es verdad que se ha iniciado una reforma de la carrera magisterial; pero aún la situación es compleja. Hoy, por ejemplo, una pensión de sobrevivencia para el hijo de una maestra que no llegó a los 65 años de edad, es de S/ 148, si pertenece a la ONP. ¿Puede un joven de 18 años sobrevivir con este ingreso? Pues es evidente que no. En educación y en salud se requiere ser creativo. Urge la participación de la empresa privada para el financiamiento de una infraestructura que incluya no solo la construcción del colegio, sino también la implementación de tecnología. El Estado debe concentrarse en capacitar a los docentes e incrementar su remuneración de acuerdo a la productividad; y para ello se deben establecer indicadores creíbles, ligados a la calidad educativa (pruebas de rendimiento escolar).

Hoy escribo por una tregua por el Perú. No podemos permitir que los niños pierdan el año escolar y que alguna otro paciente muera por falta de atención. ¡El Perú nos necesita!

Giovanna Prialé Reyes

Fotografía: Cusco en Portada