Las empresas sin dueño

He terminado de leer La tragedia de las empresas sin dueño (Ed. Universidad Continental, 2020) de Carlos Paredes Lanatta y me pregunto qué ingrediente narrativo o académico le puede faltar a este valiosísimo testimonio, expuesto en primera persona, sobre la gestión de las empresas estatales para ampliar su difusión entre estudiantes universitarios, funcionarios y ciudadanos. Estamos cansados del despilfarro y el caos en el que se pierden los escasos recursos públicos, y este libro nos ayuda a conocer mejor, y de primera mano, la verdadera naturaleza de una burocracia manejada con perversos incentivos y nula creación de valor empresarial. 

Paredes, economista y docente, en su calidad de expresidente del directorio de Petroperú (la empresa estatal del petróleo y derivados más grande y costosa del país) ha dado cuenta de la situación calamitosa en que se encuentra esta empresa estatal a partir de su experiencia directiva. Describe con paciente y didáctica precisión los inacabables obstáculos que hicieron prácticamente estériles los mayores intentos por volver eficiente la gestión de esta empresa sobreendeudada y altamente corrompida. 

Cinco fueron las pautas que guiaron la breve gestión de Paredes en la presidencia del Directorio (duró apenas diez meses en su cargo): transparencia, eficiencia económica, responsabilidad social, sostenibilidad ambiental y buen gobierno corporativo. Cualquier mínimo logro en alguna de estas esferas como, por ejemplo, el impulso para manejar con responsabilidad y austeridad la remuneración del personal o el mejoramiento de las relaciones con los sindicatos, se convertía, a fin de cuentas, en victorias pírricas cuando el débil respaldo político del gobierno y los artificios de la cúpula de poder enquistada en los mandos medios de la empresa prevalecían para sostener un pernicioso statu quo y boicotear las reformas en ciernes. 

Es revelador cómo, a lo largo de décadas, el espíritu adocenado de una parte significativa de sus gerentes y jefes ha logrado secuestrar el análisis costo-beneficio de sus decisiones. Espíritu propagado entre sus trabajadores que, en su mayoría, han coadyuvado a la invisibilización y normalización de la pequeña y gran corrupción (desde la falsificación de facturas o boletas de compra para demostrar el uso de los viáticos, hasta las contrataciones de otras empresas con evidentes conflictos de interés). 

¿Por qué debería el Estado involucrarse en un sector con escasa ventaja comparativa?, ¿cómo debería conducirse su papel empresarial? se pregunta inicialmente el autor para desarrollar su crónica-ensayo partiendo de su paso por PetroPerú, una empresa que periódicamente es calificada por los gobernantes de turno como “estratégica” para justificar no solo su permanencia en un mercado más competitivo y difícil para un país que no se caracteriza por su producción, sino también la desmesurada inversión a través de una exorbitante deuda, la que será cubierta, generación tras generación, a través de más impuestos o precios altos, a costa del atraso en otros sectores que sí demandan una atención urgente como la salud y la educación.

En Talara, ciudad portuaria al norte del Perú, aún persisten problemas de abastecimiento de agua potable, situación que pone en riesgo la salud de sus habitantes. Allí mismo está ubicada la portentosa infraestructura de la “renovada” refinería de petróleo (se calcula que su estructura metálica es casi ocho veces el peso de la torre Eiffel y el concreto usado es quince veces el utilizado en el Estadio Nacional). Su inoperancia y el poco valor agregado le han granjeado, con acierto, el calificativo de elefante blanco por muchos especialistas. En efecto, allí donde los servicios básicos no se han garantizado de manera satisfactoria, los peruanos terminaremos pagando más de cinco mil millones de dólares en un proyecto que, estando todavía paralizado, no resolverá los problemas de cobertura y precios de los combustibles. 

Es posible, cómo no, que existan ejemplos de empresas estatales alrededor del mundo que cumplen, con mínimos estándares de calidad, la provisión de sus servicios, pero aquello está ligado a la importante participación de capitales privados en la empresa (volviéndose empresas mixtas), la cotización de sus acciones en bolsas de prestigio (lo que acarrea una acuciosa fiscalización de los compromisos adquiridos) y al criterio técnico y no político de sus decisiones. Obviamente, al no concurrir esta serie de elementos en la mayoría de las empresas estatales en el Perú, su funcionamiento es desastroso.

Ludwig von Mises desarrolló con amplio discernimiento y brillantez intelectual el concepto de cálculo económico, sistema que orienta la gestión de los recursos organizacionales hacia el crecimiento de sus activos y la rentabilidad de sus operaciones. En ausencia de este cálculo, necesario para priorizar gastos y evaluar la posibilidad de las inversiones, el Estado puede mantener sus empresas propias, dice Mises, porque los impuestos pagados por las empresas capitalistas cubren sus pérdidas, es decir, pueden operar sin preocupación alguna por alcanzar la eficiencia. Su financiamiento está, así, nocivamente asegurado. 

Las revelaciones en el libro no se restringen a los datos económicos (el perjuicio generado por los dirigentes sindicales de la empresa petrolera, en conceptos de viáticos fraudulentos, alcanzó solo en tres años la suma de un millón y medio de soles), los ratios financieros (el monto de la deuda ha llegado a ser treinta veces mayor que el flujo operativo de la empresa) o a pergeñar las razones del déficit (entre uno y dos por ciento del PBI en los dos últimos años); también se suman a estos el análisis sociológico y la opinión política.

«Por cada peruano que trabaja en Petroperú, hay 15,000 que no lo hacen, y en esta empresa las decisiones están hechas para priorizar los intereses de ese uno y no de los quince mil (los auténticos dueños de la empresa)», apunta Paredes con inocultable impotencia. Resulta onírico, a estas alturas, pensar que algún agente privado internacional pudiera estar interesado en adquirir esta empresa dado su formidable pasivo, para así desprendernos del lastre en que se ha convertido esta “empresa estratégica”. Dicha alternativa ha llegado a ser inviable por donde se le mire, aumentando la frustración para encontrar una mejor salida.  

La tragedia de las empresas sin dueño tiene suficiente y relevante información para reafirmar la necesidad de mantener en la Constitución del Perú el régimen económico que le ha permitido al país crecer a pesar de las continuas crisis políticas. A las reformas aplicadas en los años noventa, entre ellas la redefinición del papel del Banco Central y el respeto irrestricto de los contratos, no se sumó la privatización total de las empresas del Estado (sin duda, contar aún con una veintena de empresas estatales es mejor que las más de doscientas que se mantenían deficitariamente con los impuestos de los peruanos).

A este último proceso escapó Petroperú, una empresa cuya gestión refleja el ánimo con que se maneja el Estado, una entelequia creada para aprovecharse, coactivamente, de los recursos públicos sobre los que la ciudadanía pierde el control ni ejerce efectivamente reclamo alguno. Mientras en la Constitución no se abra el candado que permita la arbitraria creación de otras empresas estatales, podemos confiar que seguiremos remando en la dirección que más le ha convenido al país, contra vientos estatistas y mareas inevitables de corrupción.