Paradoja peruana

Hay una paradoja o una contradicción irresoluble (antinomia se llama en filosofía) en el reciente sondeo de opinión realizado por Ipsos Perú por encargo del diario Perú21. Se preguntó a los encuestados qué se podría hacer para reducir la pobreza en el futuro y el 53% de la muestra de peruanos en este sondeo dijo que la solución se encontraba en promover la inversión privada. Lo llamativo del resultado es que en los segmentos de menores ingresos esta respuesta, sin ser aplastante, tuvo una interesante resonancia. En el 49% del nivel E, el 50% del nivel D y el 52% del nivel C. 

Las encuestas o sondeos en el Perú, en su mayoría, gozan de una credibilidad precaria. Pero esta singularmente, que bien puede reflejar las reales percepciones de la gente, no se condice con lo que se hace en épocas electorales: se vota por lo opuesto. En este caso somos incongruentes o, en el extremo, delirantes. Decimos que el antídoto contra la pobreza está en la inversión privada, pero elegimos a sus obstaculizadores o enemigos de esta, camuflados en el lenguaje de la justicia social, el Estado fuerte y la distribución de la riqueza.

Casi ninguno de los elegidos a nivel local o regional, desde sus cargos ejecutivos, impulsó verdaderamente un papel protagónico de la empresa privada. La mayoría de los alcaldes, durante sus campañas políticas, prometieron más empleo y más programas municipales. Es decir, más gasto público y planillas. ¿Obras? Las que podían hacer por administración directa. Los gobernadores elegidos lanzan bravatas contra el centralismo de Lima y reivindican la necesidad de viabilizar proyectos de infraestructura, pero estos se paralizan (hay como 2300 en esta situación hasta diciembre del 2023), por falta de recursos financieros (generados escasamente en las regiones sin canon minero, especialmente, o con turismo paupérrimo), controversias y conflictos sociales alentados desde movimientos regionales vinculados a las gobernaturas. 

No hay propuestas antiburocráticas para destrabar proyectos, ni iniciativas para vincular a la inversión privada en la ejecución de obras. Y si las hubiere, no están presentes en el debate político. El portal Vigilante publicó hace muy poco que el Perú ocupa el penúltimo lugar en el Índice de Barreras de Iberoamérica (IBI) en un listado de 17 países iberoamericanos. Y la burocracia no es un problema mayor solo para los grandes proyectos, también lo es para los pequeños negocios. Este mismo índice señala, por ejemplo, que las pequeñas empresas dedican más de 2,300 horas en promedio al año para superar los trámites estatales propios de su apertura y sus operaciones. Esto es una tragedia nacional. 

Un prominente empresario minero dijo que en el Perú “hemos pasado de la permisología a la permisomanía”, en clara alusión a ese perturbador hábito de crear instancias o de acudir a varias oficinas del Estado para resolver una situación entrampada, y esto porque no hay ventanilla única. 

Cuando llega el momento de ir a las urnas, nada de esto prevalece en el discernimiento del elector porque lo que recibe de sus candidatos son las promesas de un incremento de salario mínimo, un balón de gas a S/ 12, un nuevo programa social, la creación de otra empresa pública o un ministerio, la construcción de más universidades públicas o la ya mentada Asamblea Constituyente salvadora. Promesas ajenas a lo que el 53% de peruanos piensa sobre la importancia de la inversión privada en la lucha contra la pobreza, pero por lo que termina votando ante el vacío de alternativas más viables. Y esto no exculpa a los electores.

En el mercado político, como en todo mercado, se ofrece lo que se demanda. Darle importancia a la inversión privada y no demandarla es volverse cómplice de los populistas y derrochadores. Somos lo que votamos.