Las armas del combate

Por mandato constitucional el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Esta exclusividad es la base sobre la cual descansa el orden social. La protección de nuestros derechos no puede estar en manos privadas ni en fuerzas paralelas legitimadas, tal como estaba haciendo el Gobierno de Pedro castillo, armando a las rondas campesinas. La constitución consagra entre sus normas el respeto a la libertad de tránsito, a la protesta pacífica y hasta la insurgencia en caso de un atentado contra el orden democrático. Sin constitución no habría orden ni predictibilidad en la gobernanza.

El desenlace de la crisis política es el triunfo de la institucionalidad. La reacción al mensaje de Castillo fue inmediata; primero las FF.AA., en una muestra de respeto constitucional, desobedecieron la orden del presidente, devenido en usurpador, que ordenaba detener a la fiscal de la nación. En la práctica, al momento de anunciar la disolución del Congreso también perdía su autoridad, autoridad que proviene de un juramento ante la biblia de lealtad a la Constitución.

En nuestro orden jurídico solo un juez puede ordenar la detención de una persona, salvo que el infractor este cometiendo un delito en flagrancia; es decir en el momento. Castillo de motu proprio dejó de ser presidente y se convirtió en usurpador. El intentar cerrar el Congreso y pretender reformar el sistema de justicia, ordenando la detención de la fiscal que lo investigaba, dio un paso sin retorno a la ilegalidad. Pretender un gobierno de “excepción” era concentrar todo el poder en su organización criminal eliminando, en consecuencia, la separación de poderes.

Cae pues Castillo por su propia incompetencia, dejando tras de sí un mensaje de odio, de división y de corrupción. Un país detenido y colapsado, con vastas zonas liberadas, sin principio de autoridad ni confianza para atraer inversiones. Hoy vemos un enfrentamiento entre la izquierda caviar, la radical y la antaurista. ¿Podrá Dina Boluarte restablecer el orden social? ¿Tendrá que sacrificar o recortar su presidencia ante el bloqueo de carreteras y la violencia de los radicales?

Las manifestaciones violentas y los ataques a la autoridad pretenden derrocar al Gobierno. Quienes participan en ellas dicen que no aceptan la sucesión constitucional ni al Congreso de la República. El maoísmo está a la vanguardia de esa “lucha armada”, lidera la insurgencia. Muchos pensamos haberlos derrotado definitivamente, pero ahora los volvemos a ver en acción y con sus acólitos caviares, listos para rasgarse las vestiduras si se usa la fuerza contra ellos. Dicen que el Gobierno no debe reprimir las manifestaciones, pero dejan a cien policías indefensos frente a un contingente de 3,000 revoltosos.

Me pregunto, si este ejército fuera extranjero y buscará seccionar la patria ¿también tendríamos que evitar reprimirlos? En la vida uno no escoge el campo de batalla ni las armas del combate; el enemigo plantea dónde y con qué armas atacarte. Y es el Estado el tiene el monopolio de la fuerza y el responsable de responder con proporcionalidad, pero con la energía necesaria, para develar la violencia.

Cinco décadas en Gamarra influyen en mi percepción de la sociedad. La gran mayoría de provincianos con los que crecí quieren vivir en paz. Tenemos poco afecto a las doctrinas políticas, no aceptamos ser encasillados en los viejos estereotipos de izquierda y derecha, pues los valores humanistas y de propiedad privada cohabitan en nosotros. Creemos en el ser humano como un fin y no como un medio para utopías socialistas. Con trabajo y tenacidad hemos luchado contra la pobreza, generando riqueza por nuestro propio mérito sin ser parásitos ni chupasangres. Más que de izquierdas o de derechas, nuestra visión del desarrollo es economicista, no saqueando ni envidiando al que produce riqueza, sino queriendo emular a los triunfadores. Y nuestras mejores armas para luchar contra la pobreza son la productividad y el ahorro.