Lamento minero

Más de 5,000 trabajadores de las minas Inmaculada y Pallancata, dos de las cuatro minas ayacuchanas en el centro de la controversia, rechazan el cierre con que los amenazara la premier, Mirtha Vásquez, en su anuncio inconsultamente emitido. Un anuncio que,  una vez más, escupió la sopa del presidente Castillo, quien veía de anunciar en la víspera un importante giro de su gobierno en favor de la seguridad jurídica para las inversiones.

“La pretendida medida de cierre es ilegal y arbitraria, y se contradice con los anuncios del Presidente, de trabajar para el pueblo”, dijeron los trabajadores de las minas. Y precisaron que, en calidad de tales, son testigos de los estándares ambientales aplicados en sus respectivas unidades mineras.

Desde luego, no es para nada una sorpresa que quienes van a perder su trabajo se pronuncien categóricamente en contra la desubicación e impertinencia de la ministra. Lo sorprendente es que lo hagan también las comunidades de la región, que se han pronunciado en el mismo sentido. En efecto, comunidades de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar de Sara Sara, del sur de Ayacucho, han emitido su propio comunicado pidiendo que la ministra se retracte de una declaración que desconoce a las personas que participaron en el diálogo con ella misma, e indicado que se encuentran actualmente en un proceso de diálogo con la empresa, que la ministra interrumpe y perjudica.

Circula, de otra parte, la versión aún no confirmada de que la operación de una de las minas en cuestión venía perdiendo S/ 15 millones al mes, y habría estado obviamente de acuerdo con el anuncio de cierre, que le permite salir de la situación. Cuando el Gobierno de manera prepotente amenaza de manera velada con el cierre de minas, puede estarles haciendo un favor a algunos.

Esto se aproxima más, quizá, a la verdadera realidad de las cosas. Los mineros piensan en plazos de 30 años, no de cinco. Si el Gobierno les pone un impuesto a la “sobreganancia”, lo pagarán. Pero ni un centavo más de sus utilidades irá a la reinversión. Proseguirán en su actividad hasta donde la inercia lo permita, y luego le echarán llave a la mina y se irán. Tienen espaldas, pueden esperar. Los perjudicados serán los trabajadores y las comunidades del área de influencia. En cinco o diez años, cuando ni este Gobierno ni su ministra estén ya, el oro, la plata, el cobre todavía estarán ahí, y volverán a reabrir la mina o la habrán vendido a otros con más espaldas que ellos mismos.

Nada nuevo bajo el sol, sin embargo. Esto es exactamente lo que trató de advertir José María Arguedas describiendo esta misma historia en su famosa novela Todas las sangres para abrirles los ojos a los peruanos. Y fue denunciado por la intelectualidad caviar de entonces, en una famosa asamblea en el local del Instituto de Estudios Peruanos que es un baldón y una vergüenza para todos ellos.