La prepotencia de la PCM

El viceministro de gobernanza de la PCM, Carlos Loret de Mola, es un prepotente, según afirman los dirigentes de las comunidades nativas del medio y bajo Urubamba del Cusco. Los dirigentes del Comité de Lucha de La Convención y de diversas organizaciones sociales lo describen como un funcionario incapaz de promover el diálogo con la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) responsables de más de 18 derrames de líquidos de gas natural que han afectado la salud y el medio ambiente de las comunidades nativas de La Convención.

La semana pasada los dirigentes de las comunidades ashánincas, machiguengas, yime y otras organizaciones sociales solicitaron una audiencia con la premier Aráoz, para solucionar el conflicto que sostienen con TGP. La prensa local y regional señala que TGP siempre ha actuado prepotentemente en La Convención, y sin ninguna consideración por las autoridades municipales ni regionales, a quienes tratan como si fuesen sus subordinados. Por eso, no es extraño que Loret de Mola insulte y agravie a los cusqueños comportándose como los encomenderos del siglo XVI.

El congresista cusqueño Armando Villanueva señaló que “se presentará una moción multipartidaria para formar una comisión investigadora sobre los derrames y otros incidentes ocurridos con el ducto de TGP”. Y también exigirán al Gobierno la destitución de Loret de Mola por su conducta racista y violenta con la congresista cusqueña Nelly Cuadros y los nativos del medio y bajo Urubamba. Por otro lado, los congresistas se sorprendieron al escuchar a los nativos que el gas doméstico en Camisea cuesta S/ 100. Sí, aunque nadie lo crea.

El Congreso de la República acordó que las comisiones de pueblos andinos y amazónicos y la del Ministerio de Energía y Minas e Hidrocarburos sesionen conjuntamente con el objetivo de escuchar a todas las empresas del Consorcio Camisea, organismos públicos, dirigentes sociales e incluso a los funcionarios del fantasmal gobierno regional cusqueño para investigar los derrames del gas ocasionados en el ducto de TGP, que hasta el momento se ha negado a reconocer y reparar los daños ambientales y materiales.

Carlos Tisoc, asesor de las comunidades nativas recordó las declaraciones de Martin Grissole, presidente de Hunt Oil, al Diario del Cusco en marzo del 2017, en las que afirmaba: “Camisea le ha entregado a la región US$ 6,000 millones. Sin embargo, el Cusco no tiene hospitales, colegios, carreteras ni infraestructura de riego para el desarrollo de la agricultura porque los sucesivos gobiernos regionales y municipales (Municipalidad Provincial de La Convención y Municipalidad Distrital de Echarate) no estaban preparados profesionalmente para gestionar el dinero del canon”.

Tisoc, señala que “las declaraciones de Grissole tenían como objetivo aplacar la movilización regional que demandaba la renegociación del contrato de Camisea”. El mensaje era claro: “Para qué quieren más dinero si no pueden gastarlo en el desarrollo”. Además señaló: “El contrato con el Consorcio de Camisea es lesivo para el Perú, porque regalamos nuestro gas a precios viles. Es urgente renegociarlo, pero el Gobierno no tiene legitimidad política para hacerlo”.

La PCM, el Ministerio de Energía y Minas y el Consorcio Camisea no quieren ver ni escuchar a los nativos, que han encontrado en el Congreso la caja de resonancia de sus reclamos que nunca fueron resueltos por la prepotencia y torpeza del Gobierno pepekausa, Como señalan los dirigentes nativos: “El presidente protege a TGP porque es socio de esa empresa abusiva”. En los próximos meses, en todo el sur del Perú, se inicia la batalla por el gas, como lo vienen anunciando diversas organizaciones sociales y políticas.