La otra vacancia

En estos días, en que la palabra “vacancia” está en boca de todos los peruanos. El JNE tiene la enorme responsabilidad de tomar una decisión emblemática frente a la solicitud de vacancia presentada por varios vecinos del distrito de La Victoria contra el actual alcalde, Elías Cuba Bautista. Se trata de un escandaloso caso de corrupción que ocurre en un espacio territorial de Lima Metropolitana, sitiado en gran parte por la densa informalidad. Dicho sea de paso, el burgomaestre cuestionado es también de las filas de Solidaridad Nacional, del partido que lidera el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Se suma a la ya larga lista de alcaldes distritales “solidarios” con problemas con la justicia.

El alcalde de La Victoria, como ocurre con otros alcaldes de la ciudad, en lugar de enfrentar la problemática de informalidad con una estrategia integral, y de acuerdo a las competencias que le otorga la ley municipal, optó más bien por convertir la situación en un negocio muy rentable, pero ilícito. Utilizó a su hijo, Eliseo Cuba, y el aparato administrativo de la municipalidad para beneficio propio, realizando convenios ilegales con asociaciones de comerciantes informales que ocupan diversas calles, veredasy plazas de La Victoria. Este caso, escandaloso y grotesco, fue ventilado públicamente por varios medios de comunicación en múltiples oportunidades.

La consistente acusación de los promotores de la vacancia —en el Concejo Distrital ya se obtuvo una mayoría de votos a favor de la destitución del alcalde— se fundamenta en el artículo 22, inciso 9), concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972). La causa se conoce como la figura legal de “Restricción a la contratación”, y prohíbe al alcalde “contratar, rematar obras o servicios públicos municipales ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes”. Según los videos y pruebas adjuntadas, se ha demostrado fehacientemente que el alcalde y su hijo actuaron en complicidad para articular una operación contractual totalmente ilegal y para beneficio propio, creando una red de voluntades con diversas asociaciones de comerciantes. La propia Contraloría General de la República, en su momento, demostró que los cupos que se cobraban a los comerciantes informales no ingresaban a la caja municipal.

Los miembros del JNE tienen una gran responsabilidad para convertir este caso en uno emblemático, por que es un modus operandi que utilizan diversos alcaldes, con variadas formas, para lucrar ilegalmente con el comercio informal. El alcalde debe ser vacado y, de este modo, convertir el presente caso en un “precedente vinculante” para evitar que el comercio informal —que mueve mucho dinero— siga apropiándose de las calles de la ciudad en abierta complicidad con los alcaldes. En caso contrario, las mafias que utilizan el comercio informal seguirán acosando a las autoridades municipales, a manera de un poder fáctico que contribuye al desorden de la ciudad.

Nadie niega que el comercio informal, en muchos casos, expresa un problema social, por la ausencia de una economía legal, capaz de absorber a la Población Económicamente Activa (PEA) y a los 250,000 jóvenes que intentar ingresar anualmente al mercado laboral. Para solucionarlo se requiere un tratamiento integral del problema, que involucra a las municipalidades, el Ministerio de Trabajo y Produce, así como a la Sunat y la propia empresa privada formal. Lo que no se puede permitir es que se convierta en un fenómeno social perverso para que mafias, autoridades y funcionarios corruptos creen un sistema ilegal de enriquecimiento que, a la larga, crea un poderoso incentivo para perpetuarse.

El extendido rumor que circula en las calles de La Victoria, en el sentido de que una mafia estaría utilizando a diversas asociaciones de comerciantes informales para hacer una millonaria bolsa e intentar corromper a los magistrados del JNE, solo puede ser desvirtuado con una ejemplar decisión del ente competente para declarar la vacancia. En caso contrario, esas mafias que pululan en la ciudad, especialmente en La Victoria, habrán ganado una batalla decisiva en perjuicio de toda la ciudad. “Nosotros tenemos poder y nos vamos a imponer en el JNE”, dicen las mafias ocultas entre los ambulantes. Ya veremos si el JNE tiene la valentía de poner coto a esta modalidad delincuencial, tan grave como el tráfico de terrenos en nuestra ciudad.