La insolvencia municipal

Cuando fui elegido regidor de la Municipalidad Distrital de La Victoria, en el año 1999, tenía muy fresco el proceso de insolvencia por el que acababa de transitar mi empresa textil Interdenim. A través de Indecopi encontré el mecanismo para intentar salvarla de la insolvencia; o por lo menos evitar que sea desmembrada su unidad productiva, ya que los acreedores querían ejecutar sus garantías prendarias descuartizando de este modo la empresa. 

Indecopi se creó, entre otros objetivos, para servir como un mecanismo conciliador que facilitará la supervivencia de las empresas privadas viables en situaciones críticas. En el proceso concursal, la junta de acreedores reemplaza a la junta de accionistas, nombra al interventor y diseña las reformas necesarias para devolver la competitividad a la empresa o para liquidarla con el menor costo posible. Desgraciadamente la apertura a las importaciones textiles chinas no lo permitió, y así desaparecieron la industria textil y mi querida empresa fue liquidada. 

Es en estas circunstancias, cuando fui elegido regidor de la Municipalidad de La Victoria y nombrado presidente de la Comisión de Economía lo que encontré fue una descomunal deuda, muy por encima del patrimonio municipal. Es decir, la Municipalidad de La Victoria estaba más quebrada que mi empresa. Su deuda superaba los S/ 700 millones y sus ingresos anuales no alcanzaban los S/ 50 millones. ¡Un horror! Claro, a diferencia del sector privado, las municipalidades no quiebran, como tampoco las empresas públicas; lo que sí sucede es que los servicios que prestan colapsan. Entonces los distritos se quedan con la basura en sus calles, con los parques secos y sin servicios de seguridad o infraestructura. O los contribuyentes financiamos sus descomunales deudas, como en el caso de Petroperú. 

El problema es que Indecopi no admite a las municipalidades dentro de sus atribuciones, por lo que no existe un marco legal que permita una reestructuración patrimonial y devuelva la viabilidad a un municipio. Si analizamos las causas de semejante deuda encontramos un municipio viejo convertido en una agencia de empleos, donde el 100% de los ingresos se gastan pagando sueldos, jubilados, judiciales o intereses; donde no existe un catastro municipal y el nivel de morosidad rondaba el 50%. Ante tal escenario, la búsqueda de recursos deriva en una agresiva política de fiscalización que a través de las multas busca mejorar sus ingresos, o los de los burócratas coimeros. Un espacio ideal para que campee la corrupción. La inmensa discrecionalidad de la norma da un poder inmenso al burócrata corrupto para extorsionar a las empresas. 

Finalmente el primer responsable de esquilmar los recursos municipales es el Estado. En La Victoria existen 95,000 pymes, es un distrito comercial mucho más que vecinal, en su territorio se halla la mayor concentración de empresas de transportes, de talleres de mecánica y de autopartes, de alimentos y el mayor mercado textil: Gamarra. Los ingresos que recauda anualmente el Gobierno central superan los US$ 1,000 millones, de los cuales casi S/ 100 millones son el aporte del distrito al Foncomun; pero solo nos retribuyen algo más de S/ 5 millones. Es decir en el distrito de La Victoria el Gobierno tiene una fuente inmensa de recursos, pero no paga los costos de lo que cuesta generar esta riqueza. 

Urge reestructurar esta municipalidad, racionalizar su gasto corriente, analizar la legitimidad de su deuda, derivar la planilla de jubilados a la ONP y darle una oportunidad de modernizarse y no ser una empresa medieval llena de ineficiencia. Nos alienta el anuncio del ministro de Economía sobre un “salvataje” a los municipios insolventes. Este anuncio es una esperanza de darle recursos a un municipio en el que el alcalde tiene que gerenciar los centros comerciales, y lo tiene que hacer sin recursos. 

¡Salvemos a La Victoria!