La informalidad y el precario poder metropolitano

Gobierno metropolitano debe ser fortalecido para ejercer su autoridad

Mucho se ha comentado, y con razón, en los medios de comunicación sobre las graves omisiones de la gestión del alcalde de Lima, Luis Castañeda, frente a las causas que dieron lugar al incendio de las Galerías Nicolini, en la zona de Las Malvinas. Pero no se ha dicho nada sobre si los recursos, las competencias y funciones del gobierno metropolitano son suficientes para encarar con éxito y autoridad esos dantescos bolsones de informalidad, en cuyo interior se desarrollan actividades ilícitas y una descarada explotación de trabajadores, especialmente jóvenes.

Lo que no se quiere ver es que también la Municipalidad de Lima carece de recursos y competencias suficientes para implementar una estrategia sostenida frente a la problemática mostrada por el incendio en las Galerías Nicolini. Precisamente una severa crítica que debe hacerse al alcalde de Lima es no liderar una demanda para que la ciudad de Lima y el gobierno metropolitano tengan los recursos y las herramientas necesarias para revertir esta tendencia.

Veamos algunos casos que ilustran la aseveración anterior. Desde el año 2002 —y más precisamente desde el año 2011, en que se emite el Decreto Supremo N° 103-2011-PCM— se le debieron transferir a la gestión de Lima Metropolitana nada menos que 186 funciones de competencia regional, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. A la fecha, solo se le ha transferido 18 funciones, que solo significan el 9.73% del total.

Por ejemplo, a estas alturas la Municipalidad Metropolitana de Lima no solo debería tener la conducción de la Dirección Regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), sino un total de catorce funciones del Ministerio de Trabajo. Si esto se hubiera dado, la gestión de Luis Castañeda habría podido realizar severas inspecciones laborales, sin consultar con el Ministerio de Trabajo, en la zona donde se ha producido el incendio. Una zona que es un antro de informalidad, fabricaciones ilegales y explotación laboral.

No solo eso. Si se le hubieran transferido las catorce funciones del Ministerio de Trabajo a la Municipalidad de Lima, esta hubiera estado facultada para realizar con mayor poder procesos de formalización de empresas, capacitación de trabajadores y diversas acciones en materia de seguridad en las empresas.     

Se supone que, de haberse transferido esas competencias y funciones, el Gobierno Nacional no solo debió brindarle los recursos financieros, sino también el capital humano para ejecutarlas. El problema es que ni el Gobierno Nacional ni el Gobierno Metropolitano muestran voluntad de cumplir con las leyes de descentralización. Es patético que se ignore la grave omisión por la cual, Lima muestra un alto vacío legal de incumplimiento de la Constitución y las leyes de descentralización. Si se habla de informalidad, es la propia institucionalidad estatal de la capital la que se mueve al margen de la ley o con un gran vacío institucional de gestión.  

Por otro lado, la negativa del Congreso y la oposición de la Policía para que el serenazgo municipal tenga la potestad de usar armas no letales le quitan capacidad coercitiva y de fuerza a la autoridad municipal para, por ejemplo, clausurar y cerrar locales, cuando los sectores informales se resisten a acatar las decisiones de la autoridad municipal. Tal como ha ocurrido en la zona de Las Malvinas y como permanentemente ocurre en diferentes lugares.

La crítica a la omisión de la gestión del alcalde Castañeda es acertada, pero esa es solo la mitad de la verdad. La otra mitad es que la autoridad metropolitana no solo carece de recursos para encarar problemas como los ocurridos, tampoco tiene las herramientas legales necesarias para realizar un tratamiento integral de zonas impregnadas de galerías informales, espacios que se entremezclan con la economía delictiva y la delincuencia.

Si los ciudadanos de Lima, los líderes de opinión, el Congreso y el Gobierno Nacional no terminan por convencerse de que el gobierno metropolitano debe ser fortalecido para ejercer su autoridad democrática e imponer el orden, el próximo alcalde de Lima, a ser elegido en octubre del 2018, tendrá los mismos problemas que ahora le enrostramos al alcalde Castañeda Lossio, tal como ocurrió también con Susana Villarán.

Neptalí Carpio