La informalidad que nos está matando

Nuestra economía, aquella del crecimiento brillante y que se mantiene sobre las líneas de la región, a nivel interno muestra unos niveles crepusculares a los que debemos prestar atención. Si seguimos así, con la informalidad que nos carcome seremos un país inviable. Los indicadores laborales, conforme a la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho*), nos muestran que somos el “país de la chamba”, pero no el país que genera empleo formal. Veamos.

Las personas que brindan servicios o se desarrollan en la informalidad representan aproximadamente el 72.5% de la fuerza laboral (y seguro se reporta aproximadamente, pues los números podrían ser mayores). Eso implica que de cada 10 personas que trabajan en el Perú solo tres están en planillas. El resto cachuelea, chambea, se recursea.

Cuando revisamos el informe que sustenta la Política Nacional de Competitividad y Productividad aprobada recientemente (**), encontramos que a nivel macro, en promedio, en los últimos años hemos crecido un 5%, que las exportaciones aumentaron más de seis veces, que la inflación no supera el 3% y, que los ingresos de las personas prácticamente se duplicaron. Pero en forma paralela, cuando llegamos al extremo de informalidad laboral, el desagregado es realmente preocupante, pues nos muestra que en empresas de hasta 10 trabajadores, se encuentra un 87% de informalidad. Y este sector es esencialmente servicios, restaurantes y hoteles, en forma prioritaria.

En empresas de hasta 100 trabajadores, hay un 36% de informalidad. Y cuando se analizan las unidades empresariales con más de 100 trabajadores, también encontramos informalidad, aunque baja, del orden de 9%. Es decir, que el problema al que hacemos referencia es transversal. Y a este panorama se añade el hecho de que la población en planillas suele estar contratada a plazo fijo(***) mayoritariamente.

¿Pero qué hacer? Periódicamente nos enteramos de la muerte de trabajadores en hornos de golosinas, limpiando pozos sépticos, encerrados en containers, en derrumbes en minas artesanales. Y así podría seguir con la lista de “accidentes” que, me parece, han logrado hacernos indiferentes a la dura realidad de la chamba ilegal o sin protección en el país.

¿Nueva regulación laboral? Parece que ya hemos tenido casi todas las posibilidades de regímenes especiales y demás. Salvo uno que otro ajuste normativo se precisa un gran compromiso ciudadano para cambiar de mentalidad y exigir formalidad a quien nos presta un servicio. El compromiso personal es necesario, pues el público deviene en insuficiente. Conforme a la data de la SUNAFIL, el año 2018 pudo formalizar a 22,913 personas que laboran al margen de las normas, frente a los millones que trabajan en precarias condiciones.

La formalidad no es solo privilegios para el trabajador, implica aporte al erario público vía impuestos y, lo más importante, contribuciones a la seguridad social, ya fuere para salud o para pensiones. Esto último, en un país que vive el momento de la juventud de su población, suena lejano y de poco interés, pero en unas décadas seremos una nación de viejos. ¿Y quién va a asumir los costos de vida y atenciones en salud que esa época natural de la persona humana exige?

No podemos seguir siendo un país que marca el rumbo de su población a programas sociales tipo Pensión 65. El crecimiento y desarrollo macroeconómico deben estar unidos a políticas de incentivo a la formalidad tributaria y laboral. En ese contexto nuestra voluntad puede jugar un rol decisivo, diciéndole no a lo informal.

*INEI Encuesta Nacional de Hogares 2017

**Revisar el informe en https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-supremo/18913-decreto-supremo-n-345-2018-ef/file

***Revisar el informe ¨Los efectos Desprotectores de la Protección del Empleo¨, GRADE Febrero 2019. http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/GRADEdi92.pdf