La indignación recorre el Perú

La confesión pública de la ex alcaldesa Susana Villarán de la Puente de haber recibido millones de dólares de empresas que tienen intereses  económicos en la municipalidad de Lima, no solo es el reconocimiento de una traición personal, sino de uno más de los delitos cometidos por los políticos en contra del Perú. Susana Villarán es expresión grotesca de esa subasta vergonzosa a través de la cual los políticos venden o concesionan la propiedad del Estado a quienes los sobornan.

Los ciudadanos que trabajan y se esfuerzan cada día perciben, con ira y frustración creciente, el entorno que la ex alcaldesa señala y exalta en su increíble confesión como colaboradores de su gestión. Los intelectuales, los empresarios, los medios de comunicación, los opinólogos, los artistas, los dirigentes de los movimientos sociales y una burocracia ladrona son los agentes y cómplices de los millones recibidos ilegalmente durante el ejercicio de su función como alcaldesa. Susana Villarán, que pretendió arrogantemente constituirse en símbolo de la moral del Perú con su famosa campaña de las manos limpias, resultó ser, por propia confesión, un vil y clamoroso engaño. Este hecho insólito pretende ser aprovechado hoy por los grupos de izquierda y de derecha para inculparse mutuamente, acarrear agua para su propio molino y librarse de sus responsabilidades. Pero es tan profunda la pérdida de confianza que echarse la culpa con descaro entre uno y otro, aumenta la ira y la repulsión ciudadana. Ahora un fantasma de indignación recorre el Perú.

Resulta muy difícil que la gente vuelva a creer en la política y en los llamados moralistas. Si se analiza el caso de la ex alcaldesa en un contexto amplio, en el que cuatro expresidentes de la República son juzgados por corrupción, las barreras de resistencia para recuperar la fe pública son formidables. Además, luego de conocer las declaraciones formuladas por Villarán de la Puente, es impensable que los limeños acepten los contratos de obras viales municipales, con peajes carísimos, porque son producto de la corrupción. Van a surgir voces para exigir la anulación de esas concesiones y dar la batalla legal y política contra las empresas implicadas y sus aliados políticos en el Congreso, en los medios de comunicación y en los gremios empresariales.

Las organizaciones sociales limeñas, como la Coordinadora Nacional de los Pueblos Unidos (Conapu), que lidera Pablo Reyes,  denunciaron hace varios años la corrupción en la concesión de los peajes en el gobierno municipal de Villarán de la Puente. Ahora convocan a una masiva movilización popular para anular esas concesiones. La rebelión por no tener servicios públicos de calidad se agudiza y ningún político puede capitalizar o encarnar esa demanda popular ¿A quién creerle entonces? La traición de Susana Villarán de La Puente ha sumado más indignación en un país donde la confianza en la política no existe.

Las nuevas generaciones de jóvenes políticos la tienen difícil, pues están ante la resistencia de numerosos sectores que quieren venganza y piden la pena de muerte para los corruptos, y en juicios sumarios, así como la constitución de un gobierno autoritario que imponga orden y paz. No entienden ya las disquisiciones jurídicas del debido proceso o la presunción de la inocencia, pues todos los políticos, según esos sectores, son ladrones y culpables. Es un sentimiento que crece en el país. De no reformarse el sistema político, con un nuevo contrato social entre el Estado y la sociedad, diversos sectores van a rebelarse y buscar la instalación de un fascismo criollo. O la transformación del país en autonomías regionales que formen sus propios estados.