La confrontación política

¿Podemos considerar a la actual crisis política una confrontación entre los poderes del Estado? ¿Acaso no estamos igualando al atacante con la víctima, tal como hicieron los caviares igualando a las huestes terroristas de Sendero Luminoso con las Fuerzas Armadas que nos defendieron? Es una flagrante mentira lo afirmado y firmado por los ministros en el acta que recoge la sesión de ministros del pasado 24 de noviembre, donde dan cuenta de algo que no había pasado. Manifiestan los ministros que el Congreso había denegado la confianza, desconociendo que lo solicitado es ilegal y que, por lo tanto no fue admitido y menos votado. 

No hay interpretación que pueda cuestionar las competencias de ambos poderes ni pretender inmiscuirse en temas que son exclusivos del parlamento, esto ya fue ratificado por el Tribunal Constitucional. Para darle credibilidad a esta farsa renunció el gabinete sin haber sido censurado; se auto castigan y nombran a una ministra previamente censurada. ¿Por cuántos votos se denegó la confianza? Esto es un delito de falsedad genérica. ¿Quién lo aconsejó? 

Un columnista progresista ha dicho que toda esta crisis es solo un tema de supervivencia, entre dos poderes contrapuestos. Es decir, la defensa de la legalidad, la Constitución y la separación de poderes se reduce a querer defender sus puestos de trabajo? Este no es un asunto de “intereses contrapuestos”, es un ataque delincuencial contra la ley, contra la Constitución. Lo que han hecho el presidente y sus ministros firmando el acta del Consejo de Ministros, dando por no concedida la confianza, es una burda coartada con la que el Ejecutivo pretende emular al dictador Vizcarra. 

El Congreso ha procedido como manda la ley: no admitiéndo la cuestión de confianza. Pero el solo hecho de haber inventado una votación inexistente es una muestra de la catadura moral de los jefes de esta organización criminal, inmersa en más de un tipo penal. ¿Pretenden ahora luego de este burdo intento de cerrar el Congreso sentarse a dialogar? A estas alturas la incapacidad moral está más que probada, no verla es ser cómplices de la impunidad. 

Los onerosos consejos de ministros descentralizados, siempre acompañados por portátiles vociferantes –que piden cerrar el Congreso y aprobar una asamblea constituyente– no han tenido ningún propósito de escuchar a sus poblaciones, sino solo el de desprestigiar la institucionalidad, usando la misma retórica senderista. En este perverso afán caen muchos periodistas y medios que se ufanan de criticar al Congreso como institución, generalizando peligrosamente la esencia de nuestra vocación republicana. 

La batalla que libra el progresismo es la destrucción de la institucionalidad; empezando por la familia a la que pretenden arrebatarle la educación de sus hijos. Tenemos que mejorar la calidad de nuestras instituciones y no destruirlas. Defendamos el Congreso como institución, en ningún país del mundo los congresos son populares pero son indispensables para el equilibrio dé poderes, eliminarlos o desacreditarlos es abrir el camino hacia el autoritarismo y la impunidad. 

Castiguemos a los malos congresistas no volviéndolos a elegir o permitiéndonos renovar un tercio del parlamento a mitad del periodo; es ridículo que no tengamos el derecho a reelegir a los que hicieron un buen trabajo o tener que soportar a los disidentes o corruptos durante cinco años. Ninguna empresa despide a un experimentado gerente, así como tampoco les da estabilidad laboral si demuestran que no están preparados para el cargo. 

Finalmente se requiere una reforma política que seleccione mejor a los candidatos a los puestos públicos importantes, sobre la base de sus capacidades. Hay que filtrar a los populistas, charlatanes y demagogos, y escoger entre quienes cuenten con experiencia o pergaminos académicos. Por supuesto, los candidatos no deben tener antecedentes penales. Aprendamos lo que significó elegir a alguien no capacitado de presidente, y darle a él y a los ministros que nombre el manejo del 60% del presupuesto nacional. Hay que enrumbar el desarrollo, retomar la inversión, y combatir la pobreza y la delincuencia. El momento es ahora. ¡El Perú lo merece!