Justicia reguetonera

Al parecer, los ecos poéticos y vallejianos del aún encargado de la Presidencia –señor Sagasti– han impactado hasta en la propia Fiscalía de la Nación. O quizás la dama de la justicia que ha abierto proceso contra Willax y algunos señores periodistas se ha formado en alguna universidad donde el Derecho se enseña eufónicamente al ritmo de la música de moda popular, el reggaeton, donde ritmo y rima son indispensables. Hay que darles musicalidad discrecional a los cargos que se imputan, aun cuando se creen sinonimias aberrantes, siempre y cuando suenen bien las palabras que se emplean en los emplazamientos.

El sentido común nos dice que entre las palabras difamación y sedición media una enorme distancia léxica. Y esta está asegurada no en los sufijos sino en lo que técnicamente se denominan lexemas. Pero la fiscal musical parece creer que la justicia se define por los sufijos y no por los lexemas y ha hecho una sinonimia perversa entre difamación y sedición. El sufijo ´ción´, al parecer, sinonimiza para ella las categorías jurídicas.

Todo esto viene a cuento porque ella no ha tenido empacho en hacer sinónimas las voces difamación y sedición. Aunque ninguno de los supuestos delitos se haya configurado, a ella no solo le ´suena´ bien sino le ´suenan como sinónimos. Total, se trata de términos con el sufijo ´ción´. El profesor Castillo ha reiterado en su primera proclama pública una vez formalizada su nominación: “Hacemos un compromiso contra la corrupción”. Como él diría, ¡Palabra de Maestro!

Pues bien. La mejor garantía en la lucha contra la corrupción no solo está en configurar un Estado pequeño, líder, simple y eficiente, donde el ciudadano tenga que dar pocos pasos para alcanzar sus objetivos. Esa garantía también involucra la libertad de expresión irrestricta. En una prensa, entonces, incluso opositora y capaz de denunciar. Es claro que la no separación de poderes y el silencio de la prensa no contribuyen al compromiso público formulado y reiterado por el señor Presidente,

Recordemos que la justicia se garantiza ontológicamente en lexemas predeterminados e irrenunciables –y no sujetos a discrecionalidad– aplicables a hechos concretos.