JNJ: la primera campanada a la reforma

Los graves actos de supuesta corrupción que pudimos conocer a través de la difusión de audios sobre decisiones judiciales o designación de funcionarios revelaban no solo dichas irregularidades, sino también que en ellas intervenían los magistrados, que deberían decidir en los casos y procesos a su cargo, con los consejeros que tenían la función de designarlos, ratificarlos o sancionarlos. Estos hechos motivaron, con justa razón, la indignación ciudadana.

Esto tuvo un correlato político, que motivó la decisión de suspender el funcionamiento del órgano constitucional hasta que se apruebe un proceso de reforma constitucional que nos permita contar con un nuevo órgano para la selección y designación de magistrados, ya fueren jueces o fiscales, a nivel nacional. Han transcurrido 10 meses, hemos aprobado como país una reforma constitucional y, el vacío institucional dejado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se siente hoy con más fuerza al apreciar que las reglas surgidas de esa reforma pueden ser muy buenas, pero no sirven para solucionar los problemas que el sistema judicial exige. El estrepitoso resultado en los exámenes cognitivos nos dice que no hay material humano donde escoger, o que las reformas constitucionales y sus leyes de desarrollo posterior son buenos documentos, y nada más.

Ahora toca al Congreso modificar la ley aprobada en la cual se sustenta el proceso de selección de integrantes de la Junta Nacional de Justicia, para lo cual me permito sugerir tener en consideración dos grandes aspectos. El primero, los integrantes del CNM fueron retirados no necesariamente por su carencia de conocimientos, sino por la carencia de escrúpulos ante la ejecución de actos de corrupción; y el segundo, la selección de los nuevos integrantes de la JNJ debe centrarse en el análisis del desarrollo de la experiencia profesional. Y en dicho contexto, analizar su coherencia y conocimiento jurídico.

La actual Comisión Especial debe tener una etapa de trabajo en la cual en forma directa evalúe y califique a los candidatos. La evaluación debe ser oral y pública, sobre la base del análisis de los informes, sentencias o investigaciones realizadas; los candidatos deberían defender sus posiciones jurídicas y éticas en los informes que hayan emitido, o sentencias que hayan dictado dictó o propuestas que hayan formulado. En ese contexto, se evaluaría el carácter del postulante y su capacidad de formular oposición a las presiones del poder.

Esta situación de la Junta y la aplicación de la reforma constitucional abren un debate más amplio sobre qué y cómo la hemos aprobado; un proceso netamente pensado en la coyuntura, sin un debate de fondo sobre el cambio de las instituciones, y que abarca áreas que no pueden ser objeto de una reforma parcial de la Constitución. Un proceso de reforma en el que no hubo propaganda electoral, solo memes o articuladas respuestas en las redes sociales. Una reforma aprobada por consigna y sin debate, estimo contiene cualquier cosa menos los cambios que necesitamos y que estén alineados con los preceptos convencionales que regulan el funcionamiento del Estado peruano.

Esta afirmación, que se puede pensar que constituye una elucubración solitaria, no es tal, y se reafirmó como una realidad posible cuando en diciembre se tomó conocimiento de que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos dispuso la realización de un panel de expertos para que debatan sobre desinformación en procesos electorales. Y para ello se planteó la generación de una “Guía práctica de recomendaciones para garantizar la libertad de expresión, acceso a información de diversas fuentes en Internet durante el desarrollo de procesos electorales, sin interferencias indebidas”.

La situación vivida a raíz de los exámenes para candidatos a la JNJ es el primer campanazo que alerta sobre el cuidado que se debe tener ahora que se están debatiendo las nuevas normas de reforma política, para poder aplicar las desconocidas reformas constitucionales aprobadas por una aplastante mayoría. Un resultado numérico no garantiza la bondad y menos la convencionalidad de las decisiones que se plantea incorporar a nuestro sistema jurídico nacional.