Indolencia ante el millón y medio de peruanos sin electricidad

Es insoslayable hacer un recuento de las carencias existentes en servicios, tanto a nivel urbano como rural, para entender las posiciones del elector del interior del país cuando de sufragar se trata. Las carencias más saltantes han sido las de los sectores salud y saneamiento, puestas de manifiesto durante la pandemia del covid, con el trágico desenlace de más de 200,000 compatriotas fallecidos. El argumento gubernamental siempre alude a carencias presupuestales, que es respondido desde la oposición política con la trillada frase: incapacidad de ejecución. En términos reales hay un poco de ambos. Sin embargo, en el sector electricidad sí queda de manifiesto la incompetencia absoluta. 

En cuanto a la cantidad de hogares que cuentan con el servicio (coeficiente de electrificación: CE), las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), que datan del 2019 (Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2011-2019), señala que el CE nacional es de 92.9%, correspondiendo al sector urbano un CE de 96.8% y al rural uno de 79.1%. 

Refiriéndome al sector rural, tomando en cuenta que hay un decrecimiento anual de 0.1% en las viviendas (INEI. Censo 2017), y los guarismos del Plan Nacional de Electrificación Rural (diciembre 2020), se concluye que, al cierre del 2020, el CE rural fue de 80.1%, lo que significa que existían 360,000 hogares, que representan 1.44 millones de personas sin el servicio de electricidad. 

En el 2020, año complicado por la pandemia, la ejecución presupuestal fue de tan solo de S/ 170.7 millones de soles, que puede justificarse; pero si se citan las cantidades del período 2016-2019, el promedio anual de ejecución fue de S/ 331 millones. Es importante contrastar lo ejecutado versus los ingresos. 

En los Sistemas Eléctricos Rurales hay dos tareas permanentes: necesidad de ampliar la cobertura y equilibrar las tarifas con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), que tiene precios mucho más bajos. Está vigente desde mayo del 2006 la Ley de Electrificación Rural (Ley N° 28749) que establece 10 fuentes de financiamiento para este fin. 

Para demostrar que existen recursos ingentes, me voy a referir solo a las dos más importantes fuentes de recursos, con cifras del año 2020: 1) el cargo a todos los consumidores del 2 por mil de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por cada megavatiohora consumido mensualmente, que ascendió a S/ 428 millones. y 2) uso de parte de los recursos del Fondo de Inclusión Social Energética (FISE) que lo pagamos todos los usuarios por el gas natural consumido por las eléctricas y por gas licuado de petróleo que utilizamos, que alcanzó la cifra de S/ 230 millones. Las dos fuentes en conjunto suman S/ 658 millones, lo que permite concluir que lo ejecutado entre el 2016-2019 es del orden del 50% de lo recaudado. 

La recaudación se ha ido incrementando en el tiempo, mientras que lo invertido anualmente desde el 2006 al 2019, se ha movido entre un mínimo de S/ 325 millones y un máximo de S/ 399 millones. 

Ante esta comparación que presento, desde el Minem podrán decirme que no estoy considerando lo destinado a equiparar tarifas y pagar los costos de operación y mantenimiento de las electrificaciones realizadas con recursos energéticos renovables (RER). Los conmino a que presenten un balance entre lo recaudado por las diez fuentes que dice la ley y lo ejecutado en todo aquello en lo que se pueden utilizar los fondos. 

Es un deber que nos informen cómo se utilizan o se dejan de utilizar los recursos que principalmente pagan los consumidores. No es posible que aún exista una brecha del orden del 20% de los hogares rurales sin servicio.