¡Gayland!

La semana pasada la Corte Constitucional del Ecuador decidió, por sí y ante sí, reformar la Constitución, dando paso al matrimonio igualitario. Para conseguir su propósito cinco jueces violentaron los procedimientos contemplados en ese documento, procedimientos que establecen que las reformas se instrumentan mediante consulta popular o resolución motivada de la Asamblea. Yo no soy abogado, pero no se requiere serlo para glosar las acciones de quienes, actuando como magistrados, son los primeros violadores de la doctrina y la práctica para cumplir con consignas políticas.

Me apresuro a afirmar que no soy homofóbico. Si genios de la talla de Da Vinci, Miguel Ángel, Tchaikovsky y Turing fueron homosexuales, es evidente que el talento humano no se encuadra dentro de las preferencias sexuales de las personas. Pero ese no es el tema de esta reflexión, la cual más bien se enfoca en la poca vigencia que la ley, en este caso la misma Constitución, tiene en Ecuador y, lamentablemente, también en otros países de la región.

El punto de partida es que, para variar, frente a las múltiples instancias en que el texto es ambiguo o mal redactado, en este caso se establece claramente que el matrimonio es la “unión entre un hombre y una mujer”. Punto. Tal categorización no permite ninguna interpretación, pues la frase es clara y precisa. Sin embargo, los magistrados de la Corte que votaron a favor de la resolución decidieron interpretar la frase, haciendo uso para ello de conceptos de equidad y no discriminación contenidos en una consulta absuelta por la CIDH que supuestamente es vinculante para Costa Rica, mas en ningún caso para el Ecuador. Alrededor de esto, ha quedado establecido que dos de los magistrados han representado los intereses de parejas LGBTI por lo que, al no abstenerse de participar en la causa de marras, han evidenciado su falta de probidad, cometiendo el delito de prevaricato.

En el imperio de la mañosería, lograron mayoría interpretando lo que no es interpretable, a la luz de una consulta no vinculante hecha por un tercer país, y subordinando el texto constitucional de la república a un tratado internacional. Finalmente, en el orden práctico, el texto constitucional que rige fue adoptado mediante consulta popular con un resultado de 63%, por lo que cinco fulanos ímprobos doblegaron la voluntad de más de diez millones de ecuatorianos.

El abuso político es la norma que rige a como dé lugar. La resolución es espuria pero, según algunos de los entendidos, es final, inapelable y rige. De ser así, es un sonado triunfo de la denominada ideología de género que, por ser ideología, pretende ahora marcar las pezuñas de un Estado disfuncional y atávico en la convivencia social. Se desnaturaliza el matrimonio, pues este no existe entre próstata y próstata, o matriz y matriz. Y se ataca en forma directa al núcleo familiar pretendiendo establecer unidades familiares atípicas.

Alguna activista LGBTI ya ha declarado tajantemente que ahora van por la “niñez trans” lo que anuncia desde ya acciones de intromisión en la escuela a fin de ideologizar a los niños para que piensen como niñas, y al revés. La puerta queda abierta para que, en la etapa evolutiva de la ideología, tal como existe ya en Europa, se busque la legalización de la pederastia; que la pornografía infantil sea una manifestación de arte; que se pretenda manipular la evolución para aparecer los trans especies; y que el bestialismo sea norma aceptada de conducta.

Toda esta barbarie es anticientífica, basada en preceptos mañosos, y, al constituir un ataque frontal contra la convivencia social, propone cambios paradigmáticos que deben ser resistidos. Al igual que la ideología islamista, sus proponentes no aspiran a tener su espacio sino que, con la cantaleta de la no discriminación, pretenden conquistar el mundo. En Ecuador, para conseguirlo, se hizo tabla rasa de la ley y se impuso la corrupción. ¿Es acaso el portento de lo que nos espera como especie?