¿Existe el ajusticiamiento en el Perú?

Desde hace algunos meses los peruanos venimos siendo testigos de cómo importantes procesos judiciales están siendo mediatizados, a través de los principales periódicos, radios y canales de televisión. Se convierten así en todo un suceso que tiene copada la programación diaria, los titulares de los periódicos y ni qué decir de las redes sociales.

En estos procesos, un fiscal y un juez se han convertido en los protagonistas, a los que diariamente citan los medios, Y cada vez es más común la filtración de información reservada de los procesos. Por otro lado, comprobamos que a los acusados se les ha convertidos en villanos, a los que hay que ajusticiar y para quienes la prisión preventiva por 36 meses es el gran objetivo a alcanzar.

Lo que parecería tratarse de una sátira al actual sistema de administración de justicia, es lo que viene ocurriendo en la práctica con los procesos judiciales seguidos a las cúpulas de los principales partidos de oposición. Y es que ya nada sorprende a los peruanos, porque la polarización política es una realidad motivada por un milimétrico trabajo desarrollado por algunas ONG caviares y los más grandes conglomerados de medios del país, liderados por el Grupo El Comercio y La República. El fin perece ser el resguardo de la democracia, pero en la práctica se trata solo de enmascarar a los responsables del más grande proceso de corrupción de la historia republicana del Perú, en el que algunos de los directivos de estas ONG y conglomerados mediáticos están seriamente involucrados.

Quienes vimos las maratónicas audiencias de prisión preventiva para la cúpula de FP, comprobamos que la acusación fiscal —a cargo José Domingo Pérez— se basó en el empleo de supuestos, sin corroborar los hechos; como el planteamiento que los partidos políticos de oposición son presuntas “organizaciones criminales”. Pero eso sí, milimétricamente alineados con un trabajo periodístico digitado por el IDL y el IPYS para convertir todos estos supuestos en hechos mediáticos en la opinión pública nacional.  

Por otro lado, hemos visto cómo el juez del proceso, Richard Concepción Carhuancho, trata de demostrar su imparcialidad hacia la platea —debido a su reciente traspiés con la prisión preliminar a Keiko Fujimori y la amonestación del Tribunal Constitucional— y el cumplimiento del debido proceso. Sin embargo, comprobamos en la práctica que el principio de presunción de inocencia no existe y, lo que es peor, en clara alianza con el accionar fiscal, vienen convirtiendo este proceso judicial en un ajusticiamiento, al más puro estilo de la Santa Inquisición en el medioevo, donde ni con la mejor defensa se puede librar a un acusado de la prisión preventiva por 36 meses.

También comprobamos que, debido al bombardeo mediático, la opinión pública nacional ya no cree en el Poder judicial, en la Fiscalía de la Nación ni en ningún otro poder del Estado. Hoy solo creen en la “Ley del Talión”, representada por los héroes mediáticos, Richard Concepción Carhuancho “El juez carcelero” y José Domingo Pérez “ojos justicieros”, pese a la sombra que pesa sobre los hombros de este último, por haberse referido como guerrilleros a los delincuentes terroristas que tanto daño le hicieron al país. Qué casualidad, la misma confusión argumentan sobre el tema las ONG caviares como el IDL y la Comisión Andina de Juristas, entre otras.

Esperamos que desde la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial se dicten las medidas para enmendar este accionar, que ningún bien le hace a nuestra joven democracia. Pero sobre todo, para que por fin podamos ratificar que en el Perú está asegurado el “debido proceso”.