Excesiva concentración de funciones del Minsa

Uno de los graves errores que cometen los gobiernos, es concentrar excesivamente –a nivel de la centralidad estatal– los recursos financieros, el poder de rectoría, procesos, funciones y competencias en un área de gestión pública, así como sobre un determinado espacio territorial. Es lo que está sucediendo ahora de manera exponencial en el caso de la gestión del Gobierno sobre la salud en Lima Metropolitana. No es gratuito que los mayores casos dramáticos de ineficiencia, corrupción, desorden y contagios, con relación al Covid-19 que muestran los medios de comunicación se den en Lima Metropolitana.

Ya en estos días, en la lucha contra la pandemia, empieza a mostrarse los efectos de esta excesiva concentración de funciones del Minsa en Lima, situación que termina por afectar toda su gestión a nivel nacional. Veamos una de sus causas: 

No es que la estrategia planteada por el Gobierno para enfrentar la actual pandemia sea incorrecta, pero las fallas o debilidades radican en su ejecución. La cuestión estriba en que, a diferencia de otras regiones, el Gobierno nacional, desde Lima, además de ejercer sus competencias nacionales sectoriales en salud, tiene que administrar y gestionar el 25% del total de establecimientos (hospitales, redes y microrredes, centros y postas médicas) que existen a nivel nacional, y que en teoría deberían estar en manos de la Municipalidad Metropolitana. En la capital existen 19 hospitales, 168 centros materno infantiles, 165 puestos de salud y 8 institutos especializados. Es decir, son 37 facultades y 16 funciones de salud que, hace ya varios años fueron transferidas a todos los demás gobiernos regionales y que no han sido transferidas a la comuna metropolitana (que tiene competencias de región). 

Surge entonces aquí una pregunta central: en una etapa de crisis sanitaria como la actual, ¿puede un nivel de gobierno ejercer eficientemente las funciones nacionales de dirección, rectoría y supervisión a nivel nacional y, simultáneamente, dirigir y administrar el 25% de los establecimientos existentes en Lima Metropolitana? Recordemos que, al dirigir la gestión de la salud en la capital, el Gobierno nacional tiene que hacerse cargo adicionalmente de once (11) procesos administrativos, dirigidos a la capital. Es decir, tiene que dirigir y administrar: 1) El sistema de gestión de recursos Humanos. 2) El sistema de abastecimiento, logística y almacén. 3) El sistema de presupuesto público; 4) El sistema de tesorería; 5) El sistema de endeudamiento público; 6) El sistema de contabilidad; 7) El sistema de inversión pública; 8) El seguimiento, monitoreo, evaluación y planeamiento estratégico; 9) La defensa judicial del Estado; 10) El sistema de control, 11) El sistema de modernización de la gestión pública y la gestión de procesos. 

Por otro lado, tiene que dirigir como ministerio 37 facultades y 16 funciones en la capital, en los siguientes ámbitos: suministro de medicamentos, promoción de la salud, regulación de medicamentos, gestión de aseguramiento, emisión de políticas, suministros de materiales y vestuario, organización y gestión de los servicios de salud, entre otros. Ahora de remate tiene que ocuparse intensamente del ámbito funerario y los crematorios. Y simultáneamente, como ministerio tiene que ejercer las funciones nacionales de dirección, rectoría, supervisión sectorial, compras de medicamentos sobre los 25 gobiernos regionales. Una elemental aplicación de la administración pública moderna nos lleva a la conclusión de que es imposible alcanzar estándares de eficiencia y eficacia, en una situación de alta concentración de responsabilidades. Como dice el dicho, “el que mucho abarca poco aprieta”. Es irracional que el ministerio de salud conduzca sus funciones sectoriales nacionales y que, por otro lado, tenga que ocuparse de las micro redes, centros de salud y postas médicas, como ocurre en el ámbito de la capital. A la larga o a la corta esto es desgastante y extremadamente estresante, como ya vemos en algunas áreas críticas. 

En sentido figurado, es como si en la conducción nacional de una corporación nacional privada, dedicada al comercio en gran escala, su equipo gerencial nacional tenga que dirigir diversos procesos nacionales, pero, por otro lado, se ocupe del embalaje y del depósito de los productos en una de sus tiendas locales, en una zona de un distrito específico de la capital. En el ámbito privado esa ya es una aberración, en un enfoque de gerencia moderna, porque es evidente que esa función específica tiene que ser desarrollada por el gestor local de la tienda correspondiente, como efectivamente se hace. 

En contraste, en ciudades de países con regímenes políticos similares al Perú, como ocurre en Colombia con la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López y, el actual alcalde de Santiago de Chile, Felipe Alessandri, ambos juegan, en estos días, un destacado papel para enfrentar la pandemia, porque tienen bajo su jurisdicción la conducción de gran parte del sistema de salud. Pero en Lima, el alcalde, Jorge Muñoz, sobre una población más grande que las ciudades mencionadas, no tiene ninguna competencia, reduciendo su accionar a repartir personalmente bolsas de alimentos en el Cercado de Lima o instalar un campamento de atención en Acho para personas en estado diligentes, que provienen básicamente del centro de la ciudad. El alcalde de Lima, debe ser único en su género, en todo el mundo, que se siente aliviado por no tener la presión sobre la gestión pública de la salud, como sí ocurre en Buenos Aires, Asunción, Nueva York, México, entre otras ciudades, donde los alcaldes o gobernadores vienen asumiendo un rol central en el combate al Covid-19. 

En un país, donde funciona una opinión pública manejada por los medios centrales de la capital, esta realidad de un sistema obsoleto de gestión pública centralista, es muy difícil que los ciudadanos y los propios especialistas se percaten de las causas de fondo de un enfoque equivocado y superconcentrado de la gestión de la salud pública. Hace pocos días, los canales de televisión mostraban, por ejemplo, el estado calamitoso del antiguo Hospital de Ate Vitarte. Se mostraba el hacinamiento de los pacientes, la falta de limpieza, déficit de uniformes y ausencia de frigoríficos para guardar los fallecidos. Todo se le cargaba a los responsables nacionales del Ministerio de Salud, pero a nadie se le ocurría imaginar que pasaría si en Lima Este, con la participación de las redes de salud, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la propia Municipalidad distrital de Ate y bajo la rectoría del Minsa, gran parte de esos problemas podrían ser abordados con mucha facilidad, incluso con la participación barrial. Los reporteros ni siquiera tenían el interés de averiguar cuál era la responsabilidad del director del Hospital y si reunía los requisitos para la gestión de un hospital, en esta época de crisis. 

El problema es que, la alta concentración de funciones y competencias en el Minsa, ha generado con el paso del tiempo, una costumbre, una cultura de echarle la culpa de todo a la centralidad del gobierno, por la propia responsabilidad de las políticas públicas del ministerio, que se resiste a descentralizar y desconcentrar funciones en la Municipalidad de Lima Metropolitana, como sí ocurre en los 25 gobiernos regionales del país. Paradójicamente, a pocos kilómetros del distrito de Ate, en el Callao, existe un gobierno regional que, si conduce los hospitales y centros de salud, como si la comuna metropolitana sufriera de una discapacidad institucional.