Estabilidad económica como acuerdo fundamental

Estos días de Fiestas Patrias viajé a Puno a visitar el hermoso lago Titicaca. Mientras el presidente Vizcarra anunciaba en el Congreso su propuesta de adelanto de elecciones, los pobladores de Puno recibían a cientos de turistas, muchos de ellos jubilados europeos.

Visité Puno hace varios años, como parte de mi viaje de promoción. Fuimos con mucho miedo pues los terroristas acababan de volar, días antes, un bus con escolares. Viajé en el tren de Cusco a Puno y pude ver con claridad la pobreza que aquejaba a la región. Hoy, la región de Puno es otra. Es cierto que, de acuerdo a los indicadores de desarrollo regional que publica el IPE, Puno se ubica en el lugar 21 (entres las 25 regiones administrativas) y que tiene mucho por trabajar en la provisión de infraestructura y acceso a salud. Pero también es real que el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita se ha multiplicado y que la clase media ha crecido exponencialmente.

Puno vive de la minería (legal e ilegal), el turismo y la fabricación de cal, que se vende a las minas de Cusco y Arequipa. La infraestructura también ha cambiado radicalmente: el tren se usa solo para turismo y la carretera Interoceánica, que une Puno con la frontera con Bolivia, permite un comercio mucho más fluido. Los jóvenes de Puno pueden acceder a dos universidades: una pública y la otra privada. En esta última, las mensualidades se ubican en el rango de S/ 300 a S/ 1200, muy similares a las pensiones que se pagan en Lima, en las universidades que tienen sus locales en las zonas emergentes. 

Queda claro, entonces, que el puneño de hoy tiene mayor capacidad de generación de ingresos y de acceso a educación que hace tres décadas. Y es evidente que esto es posible porque los puneños siguen recibiendo turistas, vendiendo cal y exportando minerales, debido a que Perú aún es reconocido internacionalmente por su estabilidad económica, a pesar del enorme ruido político que generan las autoridades del Gobierno (el Ejecutivo y el Legislativo). 

Y es por ello que la clase política que hoy nos gobierna tiene un compromiso fundamental, previo a cualquier adelanto de elecciones o alguna otra decisión política que tome: mantener la estabilidad económica, como condición necesaria para que el próximo gobierno tome las acciones necesarias para promover el mayor crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

Urge asimismo pensar con realismo que los funcionarios públicos que elijamos deben entender que su función principal es servir a la población, y que su deber ético fundamental consiste en tomar decisiones que promuevan esta estabilidad económica que tanto nos costó alcanzar. Cualquier acción de política pública que se adopte debe ser el resultado de los consensos alcanzados entre las distintas fuerzas políticas, en los que los objetivos de bienestar de los más vulnerables y la mejora en la capacidad para ser competitivos en un mundo globalizado convivan con el respeto a las culturas y a los ecosistemas de cada región.