Escepticismo ante el programa de gobierno

La dedicación mediática a los temas judiciales —árbitros del caso Lava Jato, comprometedores audios de fiscales haciendo acuerdos con aspirantes a ser colaboradores eficaces y cuestionada devolución de S/ 524 millones a Odebrecht por la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla— ha ocasionado que pase a segundo plano el programa de gobierno presentado por el premier Vicente Zeballos, en la Casa de Pizarro el pasado 30 de octubre. No ha ameritado siquiera debate, a pesar de ser un tema prioritario para predecir lo que se espera de la administración actual hasta el 28 de julio del 2021.

El programa se basa en cinco planes ya publicados: 1) Visión del Perú al 2050 (VP2050), 2) Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), 3) Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), 4) Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) y 5) Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 (PNDDHH). Me referiré sucintamente a tres de estos documentos: VP2050, que es la expectativa de los grandes lineamientos de políticas de Estado de largo plazo, consensuado en el Acuerdo Nacional; el PNIC, que programa la ejecución de infraestructura teniendo en cuenta indicadores de los países de la OCDE y PNDDHH, tema sobre el cual hoy en día existe abundante prédica.

El VP2050 es un documento de cinco puntos, de los cuales tomaré uno que está en boga, luego de la perorata de la teenager sueca Greta Thunberg en la Cumbre de Acción del Clima, realizada en Nueva York en septiembre pasado. El punto signado con el número dos, tiene como objetivo la “gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático”. En este terreno, el gobierno tendrá que ordenarse, pues tiene una seria de normas inconexas que deben coordinarse.

Para empezar, tiene un atraso de siete años en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, y no se puede tener un horizonte de trabajo sin cifras de por medio. De otro lado, desde hace 16 años, se cuenta con una legislación incumplida de “promoción de producción de biocombustibles”, desde hace siete años se tiene incumplimientos a los mandatos legales de la definición de la participación de la generación de electricidad por fuentes de recursos energéticos renovables. Y para cerrar las desinteligencias, desde hace más de un año se tiene una Ley Marco de Cambio Climático. Cuando entiendan en el Ejecutivo que toda la normativa está interrelacionada, y tomen acción, recién podremos decir que la visión al 2050 en este punto va en la dirección correcta. Por ahora está en una vía equivocada y errática.

En cuanto al PNIC, se ha puesto como meta la marcha de 52 proyectos de infraestructura, por un monto de US$ 30,000 millones, dado que en esta materia solo andamos a la par con los países de la OCDE en cobertura de electricidad, en los otros rubros estamos por debajo de los países de la Alianza del Pacífico y muy lejos de los países OCDE. Aquí la gran duda es la capacidad de ejecución; en más de un año de la actual administración se ha mostrado ineptitud

Finalmente en cuanto al PNDDHH, se anuncia entre los objetivos el respeto universal de los derechos humanos. Esta promesa no se condice con la actuación de la justicia que estamos viviendo, donde el lugar común es la detención preventiva, sin que ningún argumento de defensa resulte válido. Estamos ante flagrante incumplimiento de los artículos ocho al once de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Razones para la duda sobre los propósitos de enmienda abundan.