Esa bala perdida

Cada día al despertar leemos en las noticias o en las redes sobre asesinatos y robos. Salimos todos los días con cierto temor; no solo por nosotros, sino sobre todo por nuestros hijos. Y este es un fenómeno que se está replicando en toda América Latina. Perú es, según el Barómetro de las Américas al 2017, el segundo país con las cifras más altas en inseguridad ciudadana. Y esta sí debe ser una prioridad nacional en el trabajo de este gobierno, para mitigar y reducir la inseguridad a su mínima expresión.

La estabilidad macroeconómica y fiscal requieren de estabilidad jurídica. Pero la condición necesaria, no solo para la inversión privada sino para la mínima convivencia como sociedad, es que cualquiera de nosotros pueda salir a calle y regresar sin ser asesinado en el trayecto por una bala perdida o por ser víctimas de un robo. No hay ninguna excusa para no resolver este problema y establecer una estrategia conjunta que incluya a los distintos actores. Si la persona ha delinquido tiene que ser encarcelada y juzgada conforme a la magnitud de su falta. 

Si el problema crece, como viene ocurriendo en Perú, debemos analizar las razones detrás de ese incremento: i) ausencia de Estado, porque falta personal policial y de seguridad en las calles que proteja a la ciudadanía y que actúe de manera preventiva (inteligencia) y oportuna al momento de ocurrir el robo o asalto; ii) incremento de la población que no cuenta con trabajo y que no tiene papeles para solicitar uno. Y esto último requiere una política sectorial laboral que registre a los desempleados, los ubique en puestos de trabajo temporales —que les permitan contar con un ingreso mínimo de subsistencia— y los acompañe hasta ir mejorando paulatinamente su situación económica. 

No dar la cara como Estado, acostumbrarnos (los ciudadanos) a que esto está bien y permitir que las autoridades (alcalde, serenazgo, policía, ministro del interior y ministro de trabajo, congresistas, jueces, etc.) no cumplan con su deber no es una solución. Este es el camino para convertirnos en un país violento, en el que todos nos armemos y en el que la ley de la selva sea lo normal en el día a día.

Cuando esto suceda habremos retrocedido a tal nivel que no me sorprendería que la clasificación de riesgo con la que sueñan algunos de mis colegas economista se iría al tacho. Si no actuamos ahora no habrá vuelta atrás. Este es un problema de todos. Pero la política pública y su gestión está en manos del Poder Ejecutivo; mientras que la capacidad de protegernos descansa en la policía y en el Poder Judicial.

Estimado señor Presidente de la República, con el respeto que me merece, quisiera decirle que no todo está perdido, que no todo se ha paralizado por la confrontación con el Congreso. La alarmante inseguridad ciudadana es un problema que nos aqueja a todos los peruanos, a nivel nacional y en todos los estratos, y frente al cual tenemos que actuar de manera decidida.