¿Es posible una salida a la francesa?

No sabemos si por candorosa intención o por maquiavélica pretensión, diversos sectores vienen ensayando fórmulas de transacción para salir del actual entrampamiento político, como opción alternativa para evitar el adelanto de elecciones y así resolver la actual crisis que enfrenta al Poder Ejecutivo y el parlamento. El más atrevido ha sido el analista político Jaime de Althaus, para quien la mejor alternativa “sería inaugurar en el Perú la cohabitación francesa: que el presidente convoque a un primer ministro de la oposición que haga Gabinete, y que él se reserve para sí las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior”, según un artículo reciente publicado en El Comercio.

Patricia Donayre y Víctor Andrés García Belaunde han presentado otras fórmulas. La parlamentaria ha propuesto que exista un compromiso de la mayoría de bancadas para que en la segunda votación sobre la reforma constitucional que se opuso a la propuesta del Ejecutivo, sobre qué institución debe levantar la inmunidad parlamentaria, se vote en contra de la reforma, con lo cual se deje otra vez abierta la posibilidad de retomar la propuesta del presidente Vizcarra. Por su parte, el popular “Vitocho” ha propuesto una mesa permanente de diálogo, a manera de un “comité anticrisis”, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Otros, han planteado un “acuerdo de punto fijo” a la colombiana. En esta fórmula se proponen cinco puntos de acuerdo, entre el gobierno y la oposición: a) Diálogo y agenda común. b) Culminar las reformas a través del diálogo para ir de manera ordenada a las elecciones del 2021. c) Relanzar la economía. d) Priorizar la seguridad ciudadana y e) Garantizar elecciones libres, justas y transparentes el año 2021. 

Las propuestas de una cohabitación entre el Ejecutivo y el parlamento, hasta julio del 2021, son bien intencionadas y no debe descartarse la posibilidad de llegar a esta transacción. Pero, hablando en términos médicos, adolecen de un problema de diagnóstico y de terapia. Es como si se pretendiera inyectar a un cuerpo altamente infectado una fuerte dotación de cannabis para calmar el dolor, pero sin ir a las consecuencias de la aguda infección. Eso ocurre, cuando en todas las propuestas —salvo la de Patricia Donayre— el acuerdo de cohabitación elude plantear propuestas frente al problema de la corrupción y la impunidad, que al final de cuentas está en la base de la crisis actual. Esa pretensión no genera confianza, despierta sospechas de que en realidad determinados actores quieren ganar tiempo, mientras en otro escenario y, por cuerdas separadas, hacen todos los intentos para traerse la política anticorrupción, con los avances frente a casos como “Lava Jato”, “Los cuellos blancos del puerto” y el “Club de la Construcción”.

La otra condición para hacer viable una salida de transacción a la crisis, radica en la existencia de un sector de actores políticos que hagan las veces de “factor bisagra”, entre el parlamento y el Poder Ejecutivo. Ese rol lo pudo cumplir el presidente del Congreso, Pedro Olaechea; sin embargo, su mensaje confrontacional del pasado lunes le ha quitado, por ahora, esa posibilidad, quedando supeditado a las órdenes de la bancada naranja. Queda entonces la posibilidad de que, de las doce bancadas parlamentarias, un grupo de cuatro o cinco de ellas logren hilvanar esta salida, abriendo un curso de franco diálogo para llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo y el parlamento. Por cierto, puede haber personalidades, fuera del parlamento y del Ejecutivo, que quieran hacer incidencia para lograr este objetivo.

Hay, sin embargo, una variable nueva que tiene que tomarse en cuenta en esta salida transaccional: el factor social. Es decir, en el país hay un alto crecimiento de demandas sociales y de intensa conflictividad social que podría traerse abajo o hacer inestable cualquier tipo de acuerdo solo por las alturas. Aquello supone dejar de lado las interpretaciones maniqueístas que reducen la alta conflictividad social solo a grupos radicales o antimineros. El problema es más complejo y requiere de una activación del fuero del Acuerdo Nacional para canalizar de manera democrática las demandas sociales, pero comprometiendo a los sectores de izquierda y los gobernadores regionales para crear un momento de diálogo nacional para resolver las demandas sociales. Por ejemplo, comprometerse a una reforma de la Ley de Minería y aprobar la Ley de Hidrocarburos en el Congreso, realizar un proceso de auditorías sobre los pasivos ambientales de las empresas mineras y apoyo a los proyectos agrícolas. Y en ese contexto, retomar el diálogo sobre la viabilidad del proyecto minero Tía María.

Una salida pactada a la crisis no puede ser una maniobra envolvente para derrotar al adversario y traerse abajo los avances en materia anticorrupción, de la misma forma que la propuesta de adelanto de elecciones no puede devenir en un referéndum para liquidar a otros actores. En ambos casos, en una salida de transacción que evite las elecciones adelantadas o las haga realidad en mayo del 2020, hay espacios para el acuerdo, para una salida constitucional. La clave radica en crear un agrupamiento de actores que la hagan factible, para evitar una mayor tensión al filo del precipicio o del pantano. Por ejemplo, realizar dos legislaturas inmediatas y evitar el referéndum para ir de frente al proceso electoral en el 2020.

Es en este marco que me parece acertada la propuesta hecha para un compromiso de las bancadas del parlamento en dos gestos que, en términos inmediatos, pueden morigerar la crisis y generar confianza: en primer lugar, no aprobar en segunda votación la reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria, para abrir la posibilidad de un nuevo debate hacia una nueva fórmula consensual; y en segundo lugar, el compromiso de aprobar todas las reformas políticas para llegar a las elecciones del 2021 con nuevas reglas, para un nuevo sistema político.

El tiempo apremia para quienes pretenden una sincera salida pactada a la actual crisis y el entrampamiento. De no ser así, estaríamos ante una inminente salida traumática: la cuestión de confianza presentada por el presidente de la República para obligar al Congreso a aprobar la reforma constitucional y el inminente cierre del Congreso. Una iniciativa que provocaría, por otro lado, la propuesta de vacancia presidencial. La primera, jacobina, tendría un amplio respaldo popular; mientras que la segunda es una iniciativa por las alturas, impopular y al peor modo de los montañeses. Dicho de otra manera: o la tensión deviene en un pacto favorable, sincero y no hipócrita, para avanzar, o la situación nos lleva a una inevitable salida traumática, donde la opinión pública y la movilización ciudadana marcarán la pauta para dominar el escenario de desenlace final. Hay, pues, que poner las cartas sobre la mesa. Mañana puede ser muy tarde.