Enfrentemos la crisis sanitaria sin exclusiones

La vacuna no es un bien común y corriente. Algunos dicen que es un bien público, pero eso es un error conceptual. En verdad es un bien convencional, pero para el caso de la vacuna contra el Covid-19 –en el contexto actual– se nos presenta un escenario en el que tenemos una demanda elevadísima y a la vez una oferta muy limitada. Por ello no son aplicables los criterios conocidos que definen un bien convencional, pues además de su propia naturaleza, y en razón de que está en juego la vida de millones de personas, los estados del mundo no permitirían que sea el mercado el que defina el precio y la distribución consecuente. Esta emergencia es como una situación de guerra.

De este modo, la intervención de los Estados pretende "convertir" la vacuna Covid-19 en una suerte de bien público. En esa línea, tratan de forzar que se cumplan las tres premisas que definen a un bien público: 1) El consumo colectivizado; 2) Nadie puede ser excluido; 3) El consumo de un individuo no debe afectar al acceso de otro. 

¿Es posible hacerlo? Hasta cierto punto sí, aunque las restricciones prácticas nos llevan a inevitables, largas y lentas colas de espera. En el caso de nuestro Perú, la cuestión es mucho más compleja porque la disponibilidad es mínima, mientras que la demanda es de 32 millones (64 millones, si se trata de dos aplicaciones). Así, las opciones son escasas para convertir la vacuna en un bien "público". Y con el concurso de privados se podría revertir lo que hoy luce irrebatible.

Por ello, llama la atención que el presidente Francisco Sagasti haya desestimado la única opción viable para corregir el evidente fracaso de su gestión: que las empresas privadas apoyen el proceso masivo de vacunación. Aunque seguirá siendo muy difícil, si no se logra el concurso de los privados solo nos quedaría el tortuoso camino de la inmunidad de rebaño espontánea. Esta opción, que en verdad equivale a resignarnos a dejar que la naturaleza siga su curso, haría que la penosa cifra de 120,000 muertos tal vez se duplique dramáticamente hacia fines del 2021. Y que los esfuerzos para reactivar nuestra ruinosa economía no cuenten con las condiciones mínimas objetivas para ser eficaces.

El proceso de vacunación masiva se estima como fundamental para superar la grave crisis sanitaria e iniciar la reconstrucción económica y social de nuestro país. Aunque las dudas sobre la eficacia de las diversas vacunas aún subsisten, las noticias que llegan de Israel y del Reino Unido lucen alentadoras. No parece haber otra opción en el horizonte. Con la apertura a los privados para que colaboren en ese proceso, puede extenderse a los trabajadores y sus familias.

Hay una labor estatal inicial para vacunar a las personas vulnerables y al personal en primera linea sanitaria y de seguridad (médicos, enfermeros, auxiliares, militares, policías y bomberos). Si en paralelo, con la intervención privada, se prioriza además al resto de la población económicamente activa (PEA), en especial aquella ligada al transporte y la alimentación, podríamos iniciar con solidez la reactivación económica y la reconstrucción social. Mucho mejor si comprendemos que este esfuerzo privado -que puede coordinarse con las AFP y las empresas de seguros- a la familia directa del trabajador, de modo que descongestionamos y logramos mayor fluidez en la labor estatal.

Con diversas acciones comunitarias se puede ampliar mucho más el alcance de este proceso de vacunación para cubrir espacios periféricos de la economía popular, fuera de los circuitos formales. Se constata casos en los que las parroquias católicas, las iglesias evangélicas o los grupos comunitarios se han organizado y han logrado levantar fondos para adquirir plantas de oxígeno, reabrir comedores populares, preparar ollas comunes, etc. En medios populares hay un notable sentido solidario que se expresa en hechos y acciones concretas, sosteniendo valiosas iniciativas en estos difíciles tiempos de crisis sanitaria, económica y social. Este capital social puede participar también del proceso de vacunación. Nada debería impedirlo.

Debemos recurrir a todas nuestras reservas sociales para enfrentar el reto. Nuestro Estado no ha podido desarrollar acciones más eficaces debido a la incapacidad y corrupción de sus administradores, tanto en el Gobierno de Martín Vizcarra como en el de Francisco Sagasti. Aunque debemos reconocer que los resultados de Sagasti son positivos en comparación a la extrema ineficacia, miseria y corrupción de Vizcarra, aún es insuficiente y está en juego la vida, bienestar y viabilidad de millones de familias. Tanto los empresarios privados, los trabajadores, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias de todo tipo pueden y deben participar.

Fue un gravísimo error el cometido por Sagasti al pretender azuzar un conflicto de clases entre quienes "tienen plata" y quienes "no tienen plata" para comprar una vacuna. Absurdo por donde se le mire. Tal despropósito es propio de un sombrío centro de adoctrinamiento político extremista, no de la dignidad y representación de un presidente de la República. Es altamente improbable que Sagasti ofrezca las disculpas que corresponden, porque no reconoce su error. Pero al menos que sus acciones muestren que rectifica y se abra a la colaboración de otros estamentos de nuestra sociedad, ante el fracaso del Estado. Es justo y necesario.