Empleo sí, subsidio no

Un adecuado diseño y ejecución de la política macroeconómica conlleva a su aplicación horizontal evitando la discrecionalidad respecto de los agentes y las distintas actividades económicas, para no afectar la asignación de recursos con base en las señales del mercado y tampoco la rentabilidad y competitividad de las unidades productivas. Nos referimos concretamente a la política monetaria, cambiaria, fiscal y tributaria, en especial las dos últimas. Corresponde a la política microeconómica cualquier acción específica para corregir distorsiones o ajustar aspectos concretos sectoriales.

El principio señalado es particularmente complejo y difícil de seguir con la política fiscal, pues precisamente de lo que se trata es de distribuir los recursos recaudados entre las diversas actividades que contempla el presupuesto público. Esto puede influir en el logro de una mayor y mejor equidad de oportunidades para la población; por ejemplo, asignando más fondos para la educación, salud, servicios públicos e infraestructura básica.

Teniendo esto presente, queda claro que deben evitarse los subsidios, salvo situaciones extremas en que se requiera temporalmente recurrir a ellos. Los subsidios son ayudas económicas otorgadas haciendo uso de recursos fiscales, que no resuelven los problemas de fondo de los receptores (solo los atenúan), por lo que corresponde, de ser aplicados, fijarles un plazo de vencimiento o ir reduciéndolos conforme se resuelve por otra vía el problema que los generó. Y para ello se requiere un monitoreo oportuno y veraz.

Es el caso concreto de los diversos programas sociales que deben mantenerse mientras se reduce la pobreza, lo que se logrará a través del crecimiento económico, una adecuada salud y educación, y disponibilidad de servicios e infraestructura básica. El éxito de un país en este tema no se mide por una cada vez mayor cobertura de estos programas –es decir, más subsidios–; por el contrario, cuanto menos población los requiera significa que se está logrando resolver el agudo problema de la pobreza, que (recordemos) al final es un tema de ingresos (por ausencia o insuficiencia de ellos). Por esta razón siempre recomiendo tener presente el mensaje del Papa Juan Pablo II, quien señaló que los pobres no pueden esperar y que hay que ayudarlos; pero que lo más relevante es darles oportunidad de trabajo para que se adueñen de su destino y se integren a la sociedad.

A consecuencia del confinamiento por el Covid-19, que todos conocemos, se diseñó para las personas de menores recursos, no limitado a las calificadas como pobres, un programa de subsidios vía bonos para paliar la carencia temporal de ingresos. Fueron S/ 760 por familia en dos etapas, que abarcó –según cifras del Ejecutivo– a 6.2 millones de familias y que implicó un costo fiscal de alrededor de 0.7% del PBI. Esto se suma a los costos de otros programas de diferente propósito del Ejecutivo, y a la fuerte disminución de la recaudación por la inactividad económica generada por la cuarentena, lo que determina un estimado del déficit fiscal para el 2020 del orden del 10% del PIB. Ese déficit debilita de manera preocupante una de las fortalezas macro, como es la estabilidad fiscal; peor aún cuando no hay claridad sobre el derrotero que garantice que se disminuirá progresivamente. Una situación que se agrava porque desconocemos el perfil y el programa económico del nuevo Gobierno que habrá a partir de julio del 2021.

En este contexto, en lo que resta del actual Gobierno corresponde asegurar que la brecha fiscal no sea mayor a la estimada, e incluso tratar de reducirla. Para ello debe trabajarse tanto por el lado de los gastos –pues con seguridad hay muchas partidas presupuestales de gastos corrientes que eliminar o reducir– como por el lado de los ingresos, facilitando la operación de las empresas para que –en la medida en que se normalicen– se recupere la recaudación de impuestos.

Frente a este panorama consideramos totalmente inapropiado un nuevo programa de subsidios similar al comentado, incluso para un mayor número de familias, pues el objetivo son 8.5 millones, con un presupuesto estimado en 1% del PIB. Esto es más grave cuando se planea ejecutarlo a la par con otro programa de subsidios a las planillas de ciertas empresas formales, para cubrir un monto determinado de esas planillas a fin de promover el empleo.

En el primer caso es totalmente extemporáneo, pues el sector informal está en operación hace meses; y ya está prácticamente culminando la fase cuatro de reincorporación de las empresas formales al mercado, lo que implica el retorno de un número importante de trabajadores formales e informales. Claro, siempre es bienvenido un ingreso adicional, más aún cuando el generado no es suficiente. En cuanto al otro programa, el de las planillas, son más los inconvenientes y distorsiones que pueden presentarse desde el desperdicio de recursos hasta su uso inapropiado–, sin que ello asegure sostenibilidad a las empresas que reciben el subsidio y por ende tampoco a los trabajadores.

Paralelamente el Ejecutivo se ha embarcado en dos programas como garante: el llamado Reactiva Perú, que inyecta liquidez al mercado por alrededor de 8% del PIB; y el reciente para reprogramación de créditos de consumo, del cual aún no se conoce la cifra. Ambos están a cargo del sistema financiero y pueden culminar en ayuda económica concreta (subsidios) a empresas o personas, de no honrar estos los compromisos que adquirieron. Es decir, terminará el fisco cubriendo una deuda de terceros y cuyo monto se desconoce, pues dependerá del porcentaje de morosos y la cantidad por pagar, que con seguridad corresponderá al nuevo Gobierno.

Como tal, a esta altura de la evolución del Covid-19 y ante el altísimo déficit fiscal y recesión que enfrentamos, con empresas quebradas y elevados niveles de desempleo, la atención y el esfuerzo del equipo económico del Ejecutivo no debe estar en crear más programas de subsidios. Estos programas complican seriamente el tema fiscal y –al margen del ingreso temporal que dan a los receptores, sean trabajadores o empresas– no resuelven el problema de fondo, que es generar más y mejor trabajo de manera sostenida. Entonces, el énfasis y la concentración del Ejecutivo deben estar en la inversión pública y privada, que además de crear empleo dinamizan de manera estable el consumo privado e incrementar productividad. De esta forma se ingresaría a un círculo virtuoso de crecimiento que permitiría, más temprano que tarde, retomar primero, y superar luego, nuestros niveles de bienestar pre Covid-19.

En los escasos nueve meses que restan al Gobierno al menos puede dejar en marcha obras de servicios e infraestructura básica en las zonas donde están listos para ejecutarse proyectos mineros y energéticos. Con ello se reduciría el malestar justificado de los lugareños por la carencia de esos servicios, y se crearía un mejor ambiente para concretar los proyectos señalados. Para materializar lo indicado puede utilizarse los recursos previstos para el Fondo de Adelanto Social, que sí habría que incrementar, o recurrir al mecanismo de Obras por Impuestos, que ha probado ser eficaz.

Paralelamente, y aprovechando el cierre de los colegios por el Covid-19, se debería impulsar un programa masivo de mejora y construcción de colegios a nivel nacional, a la par con la construcción de centros de salud de atención primaria; todos con el equipamiento que corresponde para realizar buena enseñanza y brindar buena atención de la salud. Esto sin perjuicio de poner en marcha los proyectos de infraestructura de gran envergadura, paralizados por la pandemia o por los casos de corrupción.

Inversión privada adicional a la indicada en el párrafo anterior será difícil en el corto plazo, pues la preocupación actual de las empresas es hacer uso de la capacidad instalada que tienen. Y también por la incertidumbre existente por el desconocimiento de la evolución que tendrá la pandemia, y del perfil y programa político del nuevo Gobierno. Empero, ello no debe ser óbice para que en el periodo que le resta el Ejecutivo trate de eliminar o corregir todo aquello que desestimula y encarece cualquier iniciativa empresarial de inversión, como son las barreras burocráticas, las sobrerregulaciones y la complejidad administrativa. 

Una actitud proactiva en favor de la inversión pública y privada como la señalada sólo requiere decisión y acción concreta del Ejecutivo. No se necesita recurrir al Congreso.